Administración
A Pierre Bourdieu
Una década. Ese es el tiempo que llevo analizando la realidad política desde la perspectiva de uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, Pierre Bourdieu. Diez años hace desde que alguien me introdujo en conceptos como el habitus, el campo o el capital simbólico. La tenaz mirada del pensador francés, para muchos profanos considerado un «filósofo» cuando no un «metafísico», sin llegar a constatar la capacidad de sus consecuencias empíricas en la práctica, tiene el fatal resultado de contar los entresijos de las relaciones de poder.
Si hubiera que destacar alguno de los elementos claves de la teoría empírica de Bourdieu, ese concepto sería el de «dominio». Un concepto en el que he tenido la suerte de contar con las sugerencias de Gabriella Paolucci, profesora de la Universidad de Florencia, de introducir en mi haber metodológico. ¿Qué nos dice el dominio? Básicamente, y volviendo los ojos al Estado como monopolizador de la violencia, que la coacción política tiene un carácter simbólico por aquello que aguarda por su acatamiento o su rechazo. Y que el Estado como agencia de distribución de recursos coactivos entre políticos y funcionarios representa hoy en día la gran institución ordenadora de las clases dirigentes. Sin el reconocimiento simbólico -sin el permiso- de lo que aguarda la ley, las penalizaciones legales y los instrumentos de coacción, no existiría legitimidad. O dicho de otra forma, la legitimidad existe porque la mayoría acata y la minoría emite unos determinados mandatos dados por las élites, apropiadas de una parte de los instrumentos de violencia y símbolos de la estructura estatal. Ambas son culpables. Bourdieu no exonera de culpa ni a verdugo ni a víctima.
Ser politólogo o sociólogo y trabajar con Bourdieu no es cómodo, más bien osado. ¿Quién le va a decir a los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, que sus proclamas de mejora, progreso o cualesquiera otra promesa política son instrumentos que coartan la libertad, irrepresentativos y producto de una alienación que el propio político experimenta conforme hace suyo y se hace a las exigencias de la institución? ¿Qué su poder y su representatividad política se deben a una labor de apropiación privada de medios de legitimación y coacción? ¿O que están sometidos a competiciones diversas y permanentes en distintos ámbitos por recursos de todo tipo? No es cosa buena. Esto explica que la corriente constructivista no sea una de las más valoradas en comparación con la demoscopia -el ajedrez de las elecciones- y el institucionalismo -que permite acomodar la estructura a unos determinados objetivos-. Ni izquierdas ni derechas, sino de poder que es el elemento con el que se llenan las copas vacías de las siglas partidistas.
Las implicaciones de ser seguidor de Bourdieu en Francia y Reino Unido es otra cosa. Implica pertenecer a un enfoque ecléctico y prometedor por esa franqueza que se obtienen en sus conclusiones. Sólo en Francia, el propio sistema fue capaz de aceptar el enunciado bourdesiano e incorporar a este pensador a una de las instituciones paradójicamente más elitista, el College de Francia. Pero en España, tierra de capataces y siervos, ¿quién le iba a decir al capataz o al siervo que son ambos un eslabón de una larga cadena que se extiende desde el poder estatal hasta el último escalafón social? No es cosa buena. Aunque más que molestarnos, nos agrada el repudio. Tanto repudio como se repudia aquello que nadie querría reconocer en este país de necios.
Intolerancia de los pies a la cabeza
En nuestra democracia, la consolidación de una memoria compartida con respecto a la Guerra Civil y la dictadura franquista es un imposible. Un sueño de una noche de verano apagado tras el acuerdo de las élites que pactaron la Transición. Y es que, la respuesta a dicho muro psicológico que separa la presente democracia -cada vez más dudosa en cuanto a su tolerancia- no fue mejor. El nefasto intento de llevar a cabo una recuperación de dicha «memoria» por parte de Rodríguez-Zapatero indicaba que había una facción más digna que otra. Lo que acabó con una buena parte de la documentación centralizada en Barcelona y una lectura parcial de la Historia.
Esta incapacidad de la izquierda y de la derecha intelectuales para acordar una memoria consensuada se ha convertido en un cheque en blanco para que el Estado sea juez y verdugo de la libertad individual. El reciente caso de la twittera Cassandra, del cual se ha hecho eco The Guardian, llevado ante los tribunales es un ejemplo de cómo se ha legislado para conservar esta impunidad contra el pasado franquista. Hasta un chiste contra Carrero Blanco puede convertirse en un crimen contra una hipotética libertad, la de mantener la amnesia sobre nuestra historia, en contra del derecho de expresión de un sujeto.
Nuestro sistema y nuestra sociedad no quieren un autobús de Hazte Oír recorriendo las ciudades, pero tampoco quiere Filosofía como asignatura obligatoria en el currículo de la educación secundaria. Quienes critican la dura agresión del caso de los titiriteros, son los mismos que se alzan para defender los derechos de los agresores a unos guardias civiles en Alsasua. Tanto nuestra élite, como nosotros mismos, pedimos que se niegue la libertad de otros y se respete la nuestra hasta límites inconcebibles. Una sociedad sin criterio, sin amplitud de miras e intolerante que a la vez teme (y confía) en el Estado como instrumento al servicio del recorte de las opiniones que no concuerden con las nuestras propias. Una herramienta castradora del debate público por el medio que sea.
No es cuestión de Estado
Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. Las primarias del PSOE son el tema del candelero. Ya se ha demostrado de sobra como la candidata y Presidenta de la Junta de Andalucía cuenta con la bendición de la Santa Trinidad encabezada por Felipe González, Alfonso Guerra y Juan Luis Cebrián. Así como que la mayoría de los barones autonómicos -entre ellos Ximo Puig, García Page y Javier Fernández- han dado su apoyo a ella misma. Mientras tanto Pedro Sánchez parece tener el reducido apoyo de algunas secretarías provinciales y de Patxi López nadie espera que llegue al final del proceso. Por lo que todo quedará en un duelo personal entre Díaz y Sánchez.
El enésimo agujero negro del PSOE se ha convertido en una cuestión de Estado. Parece fundamental que el partido socialdemócrata tenga un líder firme y que la estabilidad política va en ello. Y es que es cierto, porque los socialistas españoles siempre han pecado de ser un partido sin ideología. Un partido cuya ideología se dijo «socialdemócrata» en Suresnes, pero se hizo felipista en la corte hispalense. De hecho, un espectáculo se ha vivido recientemente en las Juventudes Socialistas de Sevilla entre pro-sanchistas y pro-susanistas. Con sinceridad, la única ideología en esta formación es la duda y la necesidad de un liderazgo fuerte. Muy a juego con esa cultura política de jornalero y capataz.
¿Qué ha sucedido en la socialdemocracia española para que su gran preocupación sea pervivir en el espacio electoral a cualquier precio? Incluso al costo de ser centrista y no un demócrata social. La socialdemocracia que protegía a los débiles y mejoraba la vida de las clases populares es hoy una sombra de la élite hispalense acostumbrada al diezmo sucesorio y otros, mientras la sanidad andaluza es la que destina menos fondos en términos netos en comparación con las demás comunidades autónomas. Si Andalucía no es una cuestión importante para Susana Díaz, sus trances florentinos es una cuestión de Estado para España.
¿Una nueva edad oscura?
En la historiografía europea, el concepto «Edad Oscura», alude a una serie de siglos que se sitúan en el tránsito desde la Edad Antigua hacia la Edad Media. Este término poco optimista se agrupó a raíz de una serie de episodios que desestabilizaron las tradicionales estructurales de poder institucionalizado. La fragmentación del poder imperial, las invasiones de pueblos nórdicos, esteparios y musulmanes y la creación de unidades políticas en una escala de alcance local. Con todo ello, no era de extrañar que por aquel entonces los cristianos creyesen que el fin del mundo se acercaba conforme llegaba el primer milenio.
En un reciente twitter de Cospedal, aseguraba que no hay educación ni sanidad pública, sino hay seguridad. Es cierto. La acólita de Rajoy se ha convertido en heraldo de los cuatro jinetes en un tiempo de incertidumbre donde las tradicionales estructuras de poder como los Estados Unidos, gobernados por un presidente populista, o Reino Unido guiado por la insegura batuta de los conservadores caminan hacia una desagregación del poder al nivel nacional. La otrora floreciente Unión Europea, convertida en un feudo de los mandatarios alemanes, y minada por el desacuerdo populista apenas presenta mayores señales para el positivismo.
Tampoco faltan en nuestro tiempo, no ya invasores, sino actores internos capaces de desestabilizar el frágil equilibrio entre libertad y seguridad. El terrorismo islamista, o aquel que alude a alguna legitimación coránica, está a la orden del día como el nuevo peligro para la civilización europea. Sin duda, y salvando las distancias, podríamos hablar de un nuevo episodio de oscurantismo cimentado por la desconfianza en los representantes políticos y el inminente peligro desestabilizador. Un enemigo interno y otro externo dispuestos a erradicar el estilo de vida occidental.
Todo queda en familia
Después de más de un año de instrucción, la sentencia para los Urdangarín-Borbón ha quedado lista para sentencia. El teatro ha quedado bordado al más puro estilo de cualquier comedia costumbrista. El marido, un picapleitos, que aprovechándose de la posición de su mujer y su suegro hizo negocios sobre papel mojado. Y ella, la inocente miembro de los Borbones donde siempre queda la excusa de la “inocencia”, ya sea producida por el retraso mental o la imbecilidad autoinflingida, para excusarse de sus acciones desde regalarle la corona a Napoleón hasta robar unos dinerillos para pagarse sus cosas en Suiza.
La sentencia no ha dejado realmente indiferente a nadie. De un lado, aquellos que consideran oportuno proceder con un empalamiento público, sin recordar los principios que sustenta nuestro ordenamiento jurídico. Todo al más puro estilo Robespierre. De otro lado, los monárquicos católicos apostólicos que creen en la inocencia de la infanta y en otras tantas cosas sustentadas sobre la fe. Craso error de ambos. Probablemente, la abnegación del juez Castro sea el más claro ejemplo de por dónde debiera haber discurrido una sentencia que tiene mucho de política y poco de judicial.
La cuestión final es que todo ha salido a pedir de boca para la familia. Se ha podido salvar la situación como otras tantas. Eso es lo importante al final. Los únicos que ganan o que no han perdido del todo son los integrantes de una institución monárquica que ha conseguido mantenerse a flote en los últimos años gracias al sano traspaso de la corona de Juan Carlos I a su hijo. Lo demás, el pueblo, sigue como siempre.
A quién le importa
Este fin de semana se han alternado dos hechos que afectan directamente a la persona que ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. De un lado, las manifestaciones con decenas de miles personas en Granada, Málaga, Huelva y Sevilla contra los recortes en salud del gobierno autonómico. De otro lado, la convocatoria del congreso que elegirá al nuevo Secretario General del PSOE, donde la sevillana compite contra Patxi López.
Entre otros precedentes al problema de pérdida de calidad de los servicios sanitarios se pueden mencionar bastantes más. Las continuas denuncias presentadas por el ya famoso Jesús Candel, alias “Spiriman”; la destitución del director gerente, Emiliano Nuevo, realizada por el Servicio Andaluz de Salud en febrero del año pasado por solicitar más recursos; las largas listas de espera en atención especializada; la compra de medicamentos de baja calidad; e incluso el colapso de las consultas de los médicos de cabecera. Con este aval, Susana Díaz aspira a presentarse como lideresa del PSOE y futura candidata a la Presidencia de España.
No falta decir que en la agenda del ejecutivo andaluz, lo que suceda dentro de su comunidad poco importa. Ya que ahora existe una ventana de oportunidad para que las élites regionales socialistas coaligadas con Díaz puedan implantarse nuevamente en Ferraz. Sede que volverá a ser dirigida directamente desde la capital hispalense. Lo demás parece que es superfluo en la agenda de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Geriátricos políticos
La carrera política en España tiene un recorrido multinivel. A grandes rasgos, el inicio se produce en el gobierno local, siendo alcalde o concejal con responsabilidades ejecutivas en el ayuntamiento. Al cabo de uno o dos mandatos, unos reducidos sujetos que han ejercido funciones en el ejecutivo municipal son promocionados como diputados autonómicos y/o nacionales. Bien se puede dar el caso, de ser primero parlamentario regional y posteriormente pasar al Congreso. Finalmente, el diputado puede formar parte del gobierno con un puesto como ministro o secretario de Estado. Y si la cosa sigue adelante, acabar en alguno de los conocidos cementerios de elefantes.
Los “geriátricos políticos” o instituciones dirigidas hipotéticamente a aprovechar el bagaje de estos profesionales son variados. Entre ellos, se encuentra el Senado, un lugar que puede servir tanto de premio por la labor desempeñada en el partido como una forma de deshacerse de elementos incómodos. La diplomacia es otro lugar donde aparcar a estos ancianos que comparten silla con la vieja aristocracia castellana. Ahí está el reciente Wert que ha acabado en París por destruir nuestro sistema educativo. Y como no, las instituciones europeas y supranacionales que suponen una forma de salida de lo que podría definirse la esfera del Estado.
Estos días se habla del caso del Yak-42 y de Ignacio Trillo. El Peter Baelish del aznarismo. El político perfecto que a todos cae bien y dispuesto a gestionar los temas más truculentos, taimados y sucios que necesite el príncipe. Parece que la justicia no alcanzará a Trillo después de regresar de su idílico exilio inglés, quien ya solicita ser integrado en el castizo Consejo de Estado que representa a la sociedad tanto como un simio al conjunto de los mamíferos.
La transición local
La etapa de la transición política que celebramos esta semana comienza con la muerte de Franco en 1975, continúa con la posterior aprobación de la Ley de Reforma Política en 1977 y culmina con los grandes acuerdos como la Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa y el reconocimiento de las autonomías. Desde la academia, existen dos posturas sobre su interpretación. Por un lado, algunos autores consideran que los líderes políticos acometieron con una labor positiva al dejar a un lado sus diferencias ideológicas y cooperar en la estructuración del nuevo sistema político. Por otro lado, una serie de académicos consideran que la transición fue un proceso pactado entre las élites político-económicas que produjo una democracia imperfecta con una débil legitimidad.
Ambas visiones definen la transición española como un proceso pilotado por las élites nacionales, pactado entre ambas y continuista -en contraposición con la transición rupturista de Portugal- al emanar de la legitimidad del régimen anterior. Este foco de atención en el nivel nacional y en el autonómico ha dejado de lado el estudio y análisis de los gobiernos locales durante esta etapa.
Si la transición política empezó en 1975, las primeras elecciones municipales no se produjeron hasta abril de 1979. A grandes rasgos, los municipios estaban inmersos en una situación conflictiva. En primer lugar, coexistieron unas corporaciones locales con una legitimidad no democrática durante los cuatro primeros años de la Transición. En segundo lugar, la mayoría de los municipios estaban necesitados de una racionalización de los servicios públicos, especialmente en los núcleos urbanos desbordados por el crecimiento demográfico. En tercer lugar, la tensión existente entre la UCD y los partidos de la izquierda, PSOE y PCE, que reclamaban unos “ayuntamientos democráticos” debido al retraso de las elecciones locales. Una pregunta que falta responder en nuestra historia es si los ayuntamientos fueron claves o no en este paso hacia la democracia.
Adiós al Comandante
La muerte de Fidel Castro, el último gran dictador comunista de la Guerra Fría -con excepción de los herméticos señores de Corea del Norte- ha muerto. Parece, y seguirá pareciendo un mito hasta que lo asumamos con el paso de los días, increíble que quien experimentase varias decenas de intentos de asesinatos por los servicios de inteligencia de Estados Unidos haya fallecido definitivamente a los noventa años de forma natural. O al menos, no premeditada con acuerdo a un plan de política exterior de Washington.
A nadie deja indiferente esta muerte, ni a los partidarios ni a los detractores, pero mucho menos a aquellos que se sitúan en una delgada línea entre el amor incondicional y el odio exacerbado. Ciertamente Castro después de derrocar el régimen de Batista, hizo suyo ese lema de Lenin de: «¿y la libertad para qué?». No ya tanto aduciendo que fuera un engaño creado por la supraestructura capitalista, sino argumentando que era necesario fortalecer la gobernabilidad del sistema de la isla caribeña. Lo que supo manejar inteligentemente colocando a Cuba dentro del panorama internacional durante la crisis de los misiles en medio del enfrentamiento entre los dos bloques.
Lo que parece que se olvida y que nadie ha hablado, es la posición que ocupará actualmente Cuba en las relaciones internacionales. Ya que desde su independencia a finales del siglo XIX, había sido uno de los cotos privados de la Casa Blanca y después del largo paréntesis de la dictadura castrista, cabe preguntarse qué lugar ocupa Cuba también en la agenda española. Dicho de otra forma, durante más de un siglo España ha dejado de lado a la antigua colonia cubana, dejando que la primera potencia y otras como la URSS campasen a sus anchas entre las cálidas costas caribeñas. Cuba no ha estado en la agenda española, salvo cuando se ha tratado de crear confrontación política entre la izquierda comunista y la derecha. ¿Y ahora qué?
Ciudadano Trump
El mundo ha gemido después de conocer el ascenso de Donald Trump como nuevo Presidente de los Estados Unidos. Las encuestas que daban la victoria a Hillary Clinton han fracasado y después de ocho años de los demócratas en la Casa Blanca se produce una alternancia republicana. Desde Bruselas, miran con ojos escépticos y desconfiados al flamante comandante en jefe, mientras las bolsas de distintos países empiezan a dar síntomas de ansiedad, entre ellas las del BBVA que tiene gran parte de su negocio en México.
La gente, sobre todo fuera del país, se preguntan cómo es que este señor con un discurso misógino, xenófobo y excluyente ha alcanzado a ser cabeza del ejecutivo. Incluso los manifestantes que hace unos días se han pronunciado frente a la Torre Trump están atónitos con tan díscola elección. Como dijo Fernando Savater este fin de semana, la democracia implica que tengamos compartir la cosa pública con otros ciudadanos menos agradables a nuestros oídos. Y eso es tanto lo bueno como lo malo, ya que la otra opción sería lanzar a estos sujetos fuera de las instituciones, lo que ya no sería ni democrático ni sano para una democracia que tiene que acoger incluso a las posiciones más extremistas en su seno.
La democracia americana se encuentra en un panorama de polarización social, donde el discurso de Donald Trump ha captado las esperanzas y los miedos de las clases baja y media. Sobre todo cabe pensar en los tradicionales trabajadores de las ciudades industriales como Detroit, lanzados al desempleo y a la carencia, que observan en el nuevo Presidente una luz al túnel de una situación, producida presumiblemente por los latinos y otras etnias que ocupan sus puestos de trabajo. No obstante, cabe observar hasta qué punto es realizable la agenda política que Estados Unidos pretende implementar con su nuevo ejecutivo y entre las cuales o son irrealizables o ya se han hecho antes.
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