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La transición local

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transicion-localLa etapa de la transición política que celebramos esta semana comienza con la muerte de Franco en 1975, continúa con la posterior aprobación de la Ley de Reforma Política en 1977 y culmina con los grandes acuerdos como la Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa y el reconocimiento de las autonomías. Desde la academia, existen dos posturas sobre su interpretación. Por un lado, algunos autores consideran que los líderes políticos acometieron con una labor positiva al dejar a un lado sus diferencias ideológicas y cooperar en la estructuración del nuevo sistema político. Por otro lado, una serie de académicos consideran que la transición fue un proceso pactado entre las élites político-económicas que produjo una democracia imperfecta con una débil legitimidad.

Ambas visiones definen la transición española como un proceso pilotado por las élites nacionales, pactado entre ambas y continuista -en contraposición con la transición rupturista de Portugal- al emanar de la legitimidad del régimen anterior. Este foco de atención en el nivel nacional y en el autonómico ha dejado de lado el estudio y análisis de los gobiernos locales durante esta etapa.

Si la transición política empezó en 1975, las primeras elecciones municipales no se produjeron hasta abril de 1979. A grandes rasgos, los municipios estaban inmersos en una situación conflictiva. En primer lugar, coexistieron unas corporaciones locales con una legitimidad no democrática durante los cuatro primeros años de la Transición. En segundo lugar, la mayoría de los municipios estaban necesitados de una racionalización de los servicios públicos, especialmente en los núcleos urbanos desbordados por el crecimiento demográfico. En tercer lugar, la tensión existente entre la UCD y los partidos de la izquierda, PSOE y PCE, que reclamaban unos “ayuntamientos democráticos” debido al retraso de las elecciones locales. Una pregunta que falta responder en nuestra historia es si los ayuntamientos fueron claves o no en este paso hacia la democracia.

La marcha de Oliart

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Un hombre íntegro y con un pasado honesto. Perteneciente al una extinta formación de centro-democrático. Ésta era la carta de presentación de Albert Oliart. Hombre de consenso entre los partidos políticos mayoritarios para encargarle la dirección de Radiotelevisión Española. Y ayer, en un único día caía por los suelos la imagen de confianza en este político de la transición al descubrirse que había intervenido activamente en la concesión de un contrato de Televisión Española a la productora de su hijo.

Culparlo de favoritismo, o de corrupto, sería poner un lunar en una mancha más grande. Una punta de iceberg ante unas puertas draconianas. Detrás de las críticas a su figura lo que se esconden son los vicios que sufre la televisión pública. Y es que, son los mismos que el ha denunciado como la falta de pluralismo, la escasa representatividad y la parcialidad que también acompañaron al mismo ente audiovisual en los últimos años del gobierno popular.

Parece que la televisión que se presume española. Al final, acaba siendo de unos pocos, y no de todos. De nada sirven esos consejos audiovisuales que los parlamentos autonómicos nos venden como control a los medios, cuando nadie controla a los diputados. ¿Cuántos ciudadanos se sienten tenidos en cuenta en los servicios informativos y la programación de TVE? Hacer esta pregunta sería inversamente proporcional a la afirmación de los ciudadanos que están satisfechos con la gestión de la crisis económica. Está demostrado que el escaso pluralismo de Urdaci permanece como fantasma entre las cámaras, aunque con colores políticos distintos.