urdangarin
Todo queda en familia
Después de más de un año de instrucción, la sentencia para los Urdangarín-Borbón ha quedado lista para sentencia. El teatro ha quedado bordado al más puro estilo de cualquier comedia costumbrista. El marido, un picapleitos, que aprovechándose de la posición de su mujer y su suegro hizo negocios sobre papel mojado. Y ella, la inocente miembro de los Borbones donde siempre queda la excusa de la “inocencia”, ya sea producida por el retraso mental o la imbecilidad autoinflingida, para excusarse de sus acciones desde regalarle la corona a Napoleón hasta robar unos dinerillos para pagarse sus cosas en Suiza.
La sentencia no ha dejado realmente indiferente a nadie. De un lado, aquellos que consideran oportuno proceder con un empalamiento público, sin recordar los principios que sustenta nuestro ordenamiento jurídico. Todo al más puro estilo Robespierre. De otro lado, los monárquicos católicos apostólicos que creen en la inocencia de la infanta y en otras tantas cosas sustentadas sobre la fe. Craso error de ambos. Probablemente, la abnegación del juez Castro sea el más claro ejemplo de por dónde debiera haber discurrido una sentencia que tiene mucho de política y poco de judicial.
La cuestión final es que todo ha salido a pedir de boca para la familia. Se ha podido salvar la situación como otras tantas. Eso es lo importante al final. Los únicos que ganan o que no han perdido del todo son los integrantes de una institución monárquica que ha conseguido mantenerse a flote en los últimos años gracias al sano traspaso de la corona de Juan Carlos I a su hijo. Lo demás, el pueblo, sigue como siempre.
Las verdaderas razones de la dimisión de Gallardón
El que hace unos años fuera el líder de los “liberales” del Partido Popular y hasta hace una semana, Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha dimitido debido al fracaso de la ley anti-aborto. Sin embargo, en un esfuerzo de sensatez y en términos de real-politik, no era necesario decapitarlo. Por un lado, porque la retirada del proyecto de ley podría haberse hecho a través de un ligero aviso a través de los boletines oficiales y de los medios de comunicación. Por otro lado, aborto ha habido y habrá siempre. La aprobación de esta ley no iba a contentar los deseos de los ultra-católicos de imponer sus creencias y dogmas al resto de los mortales. Lo único que iba a hacer esta ley era disminuir derecho y penalizar algo que a día de hoy es un derecho de las mujeres (y de los hombres).
Hay factores más políticos que han jugado en contra de Gallardón. Pese a lo que se pueda imaginar, el auténtico motivo ha sido la postura del Ministerio de Justicia ante la consulta catalana. Al parecer, el Gobierno Central o Rajoy, como ustedes lo quieren llamar, había dado instrucciones a Justicia para anular la autonomía de Cataluña en caso de que prosperase el referéndum sececionista. En dicho caso, las competencias correspondientes de las consejerías habrían pasado a manos de los demás ministerios que se encargarían de gestionarlas. Un hecho inédito en la historia del Estado de las autonomías, en el que por primera vez, una de las comunidades perdería su estatus como tal, quedando en manos de Madrid. Todo ello, con las implicaciones políticas e históricas que tendría dicha actuación. Algo a lo que Gallardón se había negado.
Una segunda razón, es que el ex Ministro de Justicia estaba dispuesto a llegar hasta el final en el caso Urdangarín, llegando a alcanzar a la infanta, que por cierto está bastante pringada y tiene mucha más mierda de la que se puede usted imaginar. A lo que Rajoy había dispuesto, que sólo se tocaría a su consorte y se dejaría intacta a Cristina, acallando los planteamientos del responsable ministerial.
Ante estas conflictivas divergencias, sólo ha hecho falta esperar al momento adecuado, como la retirada de la ley del aborto, para eliminar de un plumazo a Gallardón y matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, evitar la sangría de votos del centro-derecha y acabar con un adversario político. La carrera política del ex Ministro, alcalde de Madrid y discípulo de Fraga queda finiquitada por la contundencia de Rajoy. No se olvide que este Gobierno es el único que ha conseguido dinamitar al incombustible Pedro J. Ramírez y a Gallardón. Rajoy es un completo inútil para la gestión de una nación, pero un hábil “hommus politicus” dispuesto a acabar con cualquier peligro potencial que no baile a su son. Esta es la democracia que ofrece el líder popular.
Monarquía a juicio
La institución de la Corona es y será objeto de juicio. No es que la infanta Cristina esté imputada o que su marido hubiese usado los contactos que provee la agenda real para el caos Nóos. Ya no es una cuestión de personas, ya que de todos es sabido que los Borbones no saben hacer la «o» con un canuto. El dilema en sí tampoco es algo que deba decidir un juez. Muy al contrario, es la sociedad y la opinión pública la que debiera reabrir el debate sobre si deseamos una monarquía o una república como sistema político.
Monarquía es una palabra que ha gozado de especial cuidado por nuestra democracia. La figura del Rey goza de inviolabilidad en la carta constitucional. De forma que ningún tribunal ni poder judicial podrá nunca tocar al monarca haga lo que haga. Por lo que se le exime de una responsabilidad política que «de facto» tiene y ha jugado en distintas ocasiones el mismo Juan Carlos. Cuando movía hilos para acercarse a Franco o retirar a su padre de la vida pública para convertirse en heredero. Bien cuando jugaba a dos bandas con los golpistas del 23-F y unos políticos leales, pero acongojados por la situación que se venía encima en aquella noche tejerina. O muy bien, cuando ha invertido la friolera suma de 500.000 euros para mantener a su concubina Corinna cerca de palacio, ya saben para a media noche pasarse a dar una vuelta a ver si a su inquilina se le ha roto algún cuadro o no sabía cuál era la dirección de Cuenca.
Si nuestra monarquía no puede ser una ejemplar, como lo es la figura de los Orange en Holanda o la misma institución en Reino Unido, entonces es hora de pasar página a este viejo invento feudal. La sociedad española, se dice, no está preparada para una república porque bien ha fracasado en multitud de ocasiones y generalmente por falta de una cultura política de lealtad al Estado. Una lealtad que en su día no respetaron los militares, ni los políticos de todo color, ni casi nadie. Aunque esta decisión dual entre rey o república sea una espada de doble filo, si realmente hay tantas personas deseosas de la segunda quizá este sea el momento de dar un paso adelante. Aún así, falta confianza y lealtad en el Estado. Dejar a un lado ese emblema patriótico que parece es sólo de la derecha y esa oposición bolchevique que se ejerce desde sectores antisistema de la sociedad.
La justicia no es igual para todos
La mayoría de los Estados democráticos defienden una igualdad que bien viene en llamarse formal. Lo que supone un trato equitativo de un sujeto frente a otro en sus relaciones ante la ley y la comunidad ciudadana. Por otro lado, se encuentra otro principio más bien de impronta socialista que aduce a la “igualdad material” que consiste en el reparto similar de bienes y recursos entre los individuos. Un principio al que sólo se le ha hecho justicia garantizando un mínimo de bienestar para todas las personas mediante los servicios públicos y las políticas redistributivas.
Esta “igualdad material” en su sentido estricto ha sido rechazada por nuestras democracias. Por un lado, por no permitir la libre competencia en el mercado político. Por otro lado, por no responder a los criterios de un gobierno basado en la meritocracia. La única igualdad que se ha argumentado siempre, y que Juan Carlos I, tuvo el honor de recordarnos en Navidades es la igualdad jurídica. Según ésta, con independencia de nuestra procedencia, riqueza o creencias, los ciudadanos somos tratados ante la legislación de forma igualitaria.
Por ejemplo, un hombre, un voto. Sin dar más votos a un hombre o quitárselos a otro por cuestiones de “virtud política” o “sabiduría”. Pero si hablamos de tribunales, la cuestión bien cambia. Este sábado ha declarado en los tribunales Iñaki Urdangarín, por prevaricación y fraude. Se ha comentado la posibilidad de que se juzgue al jurista que conoce del caso. También se intenta esquivar la declaración de su mujer, la infanta. Aunque, nadie, absolutamente nadie habla de juzgar a su padre, que bien los escondió en Washington ante el temor del descubrimiento de tan vil corrupción por parte de los “aristoi”. O dicho en griego, los mejores entre los mejores.
Los Borbones vuelven a las andadas
Los presuntos casos de corrupción de Urdangarín y otros miembros de la Casa Real están a la orden del día. En esta, la nuestra democracia ibérica, la corrupción no es un invento de la clase política. Ni mucho menos, este suceso debe ayudarnos a reflexionar quiénes han sido los maestros de depravación a lo largo de nuestra historia. Y sin dudas, estos señores los descendientes de la estirpe francesa de los Bourbon.
Tras la Guerra de Sucesión, los Borbones se instalaron en España procediendo a la única política razonable que ejercieron: la de centralización. Después de eso, continuaron las generaciones de déspotas, inválidos, pendencieros, tiranos, puteros y moldeables gobernantes. Podemos citar la cesión de la corona a Bonaparte, la vuelta al absolutismo de Fernando VII, la España de la Restauración y la huída de un monarca cuyo pueblo no lo quería. Éstas han sido las grandes obras que los Borbones han dejado para el pueblo español.
Y ahora, en medio de la vorágine económica, encontramos a un miembro de la familia real y unos políticos populares desviando dinero público para satisfacer los gastos monárquicos. Entre las casas monárquicas más transparentes se pueden citar las de Inglaterra y Holanda. Pero claro, no podemos pedirle lo mismo a esta suerte de absolutistas reconvertidos en corruptos de poca monta. Como decían en Nápoles: “Se fueron los Borbones, y nos quedó la cossa nostra”.