justicia
Todo queda en familia
Después de más de un año de instrucción, la sentencia para los Urdangarín-Borbón ha quedado lista para sentencia. El teatro ha quedado bordado al más puro estilo de cualquier comedia costumbrista. El marido, un picapleitos, que aprovechándose de la posición de su mujer y su suegro hizo negocios sobre papel mojado. Y ella, la inocente miembro de los Borbones donde siempre queda la excusa de la “inocencia”, ya sea producida por el retraso mental o la imbecilidad autoinflingida, para excusarse de sus acciones desde regalarle la corona a Napoleón hasta robar unos dinerillos para pagarse sus cosas en Suiza.
La sentencia no ha dejado realmente indiferente a nadie. De un lado, aquellos que consideran oportuno proceder con un empalamiento público, sin recordar los principios que sustenta nuestro ordenamiento jurídico. Todo al más puro estilo Robespierre. De otro lado, los monárquicos católicos apostólicos que creen en la inocencia de la infanta y en otras tantas cosas sustentadas sobre la fe. Craso error de ambos. Probablemente, la abnegación del juez Castro sea el más claro ejemplo de por dónde debiera haber discurrido una sentencia que tiene mucho de política y poco de judicial.
La cuestión final es que todo ha salido a pedir de boca para la familia. Se ha podido salvar la situación como otras tantas. Eso es lo importante al final. Los únicos que ganan o que no han perdido del todo son los integrantes de una institución monárquica que ha conseguido mantenerse a flote en los últimos años gracias al sano traspaso de la corona de Juan Carlos I a su hijo. Lo demás, el pueblo, sigue como siempre.
Las verdaderas razones de la dimisión de Gallardón
El que hace unos años fuera el líder de los “liberales” del Partido Popular y hasta hace una semana, Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha dimitido debido al fracaso de la ley anti-aborto. Sin embargo, en un esfuerzo de sensatez y en términos de real-politik, no era necesario decapitarlo. Por un lado, porque la retirada del proyecto de ley podría haberse hecho a través de un ligero aviso a través de los boletines oficiales y de los medios de comunicación. Por otro lado, aborto ha habido y habrá siempre. La aprobación de esta ley no iba a contentar los deseos de los ultra-católicos de imponer sus creencias y dogmas al resto de los mortales. Lo único que iba a hacer esta ley era disminuir derecho y penalizar algo que a día de hoy es un derecho de las mujeres (y de los hombres).
Hay factores más políticos que han jugado en contra de Gallardón. Pese a lo que se pueda imaginar, el auténtico motivo ha sido la postura del Ministerio de Justicia ante la consulta catalana. Al parecer, el Gobierno Central o Rajoy, como ustedes lo quieren llamar, había dado instrucciones a Justicia para anular la autonomía de Cataluña en caso de que prosperase el referéndum sececionista. En dicho caso, las competencias correspondientes de las consejerías habrían pasado a manos de los demás ministerios que se encargarían de gestionarlas. Un hecho inédito en la historia del Estado de las autonomías, en el que por primera vez, una de las comunidades perdería su estatus como tal, quedando en manos de Madrid. Todo ello, con las implicaciones políticas e históricas que tendría dicha actuación. Algo a lo que Gallardón se había negado.
Una segunda razón, es que el ex Ministro de Justicia estaba dispuesto a llegar hasta el final en el caso Urdangarín, llegando a alcanzar a la infanta, que por cierto está bastante pringada y tiene mucha más mierda de la que se puede usted imaginar. A lo que Rajoy había dispuesto, que sólo se tocaría a su consorte y se dejaría intacta a Cristina, acallando los planteamientos del responsable ministerial.
Ante estas conflictivas divergencias, sólo ha hecho falta esperar al momento adecuado, como la retirada de la ley del aborto, para eliminar de un plumazo a Gallardón y matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, evitar la sangría de votos del centro-derecha y acabar con un adversario político. La carrera política del ex Ministro, alcalde de Madrid y discípulo de Fraga queda finiquitada por la contundencia de Rajoy. No se olvide que este Gobierno es el único que ha conseguido dinamitar al incombustible Pedro J. Ramírez y a Gallardón. Rajoy es un completo inútil para la gestión de una nación, pero un hábil “hommus politicus” dispuesto a acabar con cualquier peligro potencial que no baile a su son. Esta es la democracia que ofrece el líder popular.
Wert, Sauron y Génova
Es el ministro peor valorado según los barómetros del CIS. Su lengua es mordaz, poco acostumbrada a lo políticamente correcto y a lo políticamente humano. Cuando habla dicta sentencia y abre debate. El último ha sido revisar lo que entendemos como justicia y como excelencia. A lo que, apunta que la justicia es entregar becas sólo a los alumnos que superen una nota media de 6,5 en el expediente. Quedó atrás tener en cuenta otros factores que dificultan la obtención de notas altas, véase: escasos ingresos en el hogar, falta de clases de apoyo, etc. No es igual el hijo de una familia pudiente que puede costearse un colegio privado, unas clases particulares, una academia, un tercer idioma, o “comprar” las notas.
No hay lugar a duda de que la enseñanza que Wert defiende no es ni la meritocrática, sino la aristocrática. Unos arriba y otros abajo por derecho de sangre. Sin embargo, detrás de esta persona se oculta algo más oscuro como saber cuáles son sus auténticas intenciones. En un artículo del año pasado, Luis Gómez desde ‘El País’ señalaba que una hipótesis podría ser que Wert sólo reprodujese el discurso oficial de Génova y que no esté dirigiendo realmente Educación. Por un lado, Wert fue uno de los últimos ministros en ser nombrado y llegó sin equipo. Por otro lado, sugieren que su faceta de “gurú” podría haber convencido a los populares, días antes de nombrar un titular para el ministerio. De hecho, existen datos para pensar que Wert es sólo un títere movido por los hilos del partido.
Independientemente de la anterior hipótesis, es cierto que Wert tiene una doble personalidad. Una que es la de un señor llamado Ignacio que es Ministro de Educación en España que se comporta como el malvado Sauron y la otra es la de un inocente señor de derechas que es consejero del Rey Dorado en el Trono Azul, arrancado hace poco de las garras de la Guardia Zapateriana. O quizá sea al revés. Personas anacrónicas con discursos sincronizados. Mientras, Génova vuelve a torcer tuerca para definir la palabra «justicia» a la oposición y al enemigo interior.
La injusta justicia
El flamante Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, sale a la palestra con una novedosa reforma. El otrora defensor del centro-derecha y de los tímidos liberales demócratas del Partido Popular, hace gala de un nuevo sistema tarifario para que los ciudadanos puedan disfrurtar de la supuesta igualdad ante la ley. Para ello, apoya su nueva tesis en el argumento de la reducción del gasto fiscal y evitar que los pobres gasten su dinero en un proceso destinado a perder.
Hace ya unos años, el PSOE padeció una manifestación por las reclamaciones de los servicios de los tribunales. Y en los que, los funcionarios expresaban las quejas y deficiencias de material y personal que sufren los juzgados españoles. Con la llegada de la crisis y el gobierno popular, se ha combinado la difícil situación del personal judicial con un afán recaudatorio draconiano. Lo que revierte no ya en mejorar el trabajo de los empleados públicos, sino en destruir un derecho constitucional como la defensa frente a un tribunal.
En el presente contexto, la introducción de una tarifa judicial se realizaría en todos los órdenes, tanto el administrativo como el civil, pasando por el laboral. Durante muchas décadas, desde los conservadores canovistas hasta los gobiernos de izquierdas habían amparado la defensa de los trabajadores frente al empresario en una relación bilateral siempre dominado por este último. Por lo que, sería muy difícil que un empleado despedido y con escasos recursos pudiese ganar un despido improcedente o denunciar un caso de acoso laboral. También, se daría más luz verde a los corruptos ante el coste que tendría denunciarles frente a un tribunal.
Este cambio que Gallardón pretende imponer va más allá de una violación de un derecho constitucional o del afán depredador de los conservadores. Esta supuesta tarifa judicial convierte a España en un país propio del Antiguo Régimen o de la Edad Media, donde la justicia ya no se imparte de forma justa, sino que es efectuada por unos tribunales lentos, pobres y con un afán mercenario. Porque al final, la justicia pierde su carácter de servicio público para convertirse en un campo para picapleitos y carnívoros.
La justicia no es igual para todos
La mayoría de los Estados democráticos defienden una igualdad que bien viene en llamarse formal. Lo que supone un trato equitativo de un sujeto frente a otro en sus relaciones ante la ley y la comunidad ciudadana. Por otro lado, se encuentra otro principio más bien de impronta socialista que aduce a la “igualdad material” que consiste en el reparto similar de bienes y recursos entre los individuos. Un principio al que sólo se le ha hecho justicia garantizando un mínimo de bienestar para todas las personas mediante los servicios públicos y las políticas redistributivas.
Esta “igualdad material” en su sentido estricto ha sido rechazada por nuestras democracias. Por un lado, por no permitir la libre competencia en el mercado político. Por otro lado, por no responder a los criterios de un gobierno basado en la meritocracia. La única igualdad que se ha argumentado siempre, y que Juan Carlos I, tuvo el honor de recordarnos en Navidades es la igualdad jurídica. Según ésta, con independencia de nuestra procedencia, riqueza o creencias, los ciudadanos somos tratados ante la legislación de forma igualitaria.
Por ejemplo, un hombre, un voto. Sin dar más votos a un hombre o quitárselos a otro por cuestiones de “virtud política” o “sabiduría”. Pero si hablamos de tribunales, la cuestión bien cambia. Este sábado ha declarado en los tribunales Iñaki Urdangarín, por prevaricación y fraude. Se ha comentado la posibilidad de que se juzgue al jurista que conoce del caso. También se intenta esquivar la declaración de su mujer, la infanta. Aunque, nadie, absolutamente nadie habla de juzgar a su padre, que bien los escondió en Washington ante el temor del descubrimiento de tan vil corrupción por parte de los “aristoi”. O dicho en griego, los mejores entre los mejores.
La utopía platónica
La literatura de impronta liberal y democrática ha considerado a Platón como el primer autor legitimador de las tiranías, mientras que los filósofos políticos de izquierda lo clasifican como un defensor del comunismo primigenio. Por lo que, ambas corrientes coinciden, independientemente de críticas positivas y negativas, en resaltar el valor que Platón concede a la organización de la ciudad por encima de la individualidad de sus integrante.
Este proyecto es posible porque Platón entendía la consecución de la justicia como el fin último de los hombres y del proyecto político en el que se integran. Así, el Estado se convierte en una fuente de producción de lo justo y lo bueno, no para el sujeto, sino para la colectividad. De lo que se desprende, que la visión historicista de Platón tiene como consecuencia directa una visión holística de la “politeia”.
La justicia en Platón tiene un comportamiento autónomo. En otras palabras, un ser o elemento son justos porque cumplen unos cánones, pero no se establece un punto de referencia para esa justicia. En comparación con el liberalismo democrático, Platón no concibe la justicia como la igualdad de los ciudadanos ante la norma, la defensa del individualismo y de la vida.
No obstante, la respuesta que se ha dado es que los proyectos ideales y basados en el racionalismo extremo no conciben determinados casos como hipotéticos o posibles en el seno de su organización. Por ello, la utopía tiene el riesgo de convertirse en el largo plazo en un régimen opresor, que independientemente del ideal de justicia, no produce una auténtica optimización de las capacidades de desarrollo de los seres humanos.