La justicia no es igual para todos
La mayoría de los Estados democráticos defienden una igualdad que bien viene en llamarse formal. Lo que supone un trato equitativo de un sujeto frente a otro en sus relaciones ante la ley y la comunidad ciudadana. Por otro lado, se encuentra otro principio más bien de impronta socialista que aduce a la “igualdad material” que consiste en el reparto similar de bienes y recursos entre los individuos. Un principio al que sólo se le ha hecho justicia garantizando un mínimo de bienestar para todas las personas mediante los servicios públicos y las políticas redistributivas.
Esta “igualdad material” en su sentido estricto ha sido rechazada por nuestras democracias. Por un lado, por no permitir la libre competencia en el mercado político. Por otro lado, por no responder a los criterios de un gobierno basado en la meritocracia. La única igualdad que se ha argumentado siempre, y que Juan Carlos I, tuvo el honor de recordarnos en Navidades es la igualdad jurídica. Según ésta, con independencia de nuestra procedencia, riqueza o creencias, los ciudadanos somos tratados ante la legislación de forma igualitaria.
Por ejemplo, un hombre, un voto. Sin dar más votos a un hombre o quitárselos a otro por cuestiones de “virtud política” o “sabiduría”. Pero si hablamos de tribunales, la cuestión bien cambia. Este sábado ha declarado en los tribunales Iñaki Urdangarín, por prevaricación y fraude. Se ha comentado la posibilidad de que se juzgue al jurista que conoce del caso. También se intenta esquivar la declaración de su mujer, la infanta. Aunque, nadie, absolutamente nadie habla de juzgar a su padre, que bien los escondió en Washington ante el temor del descubrimiento de tan vil corrupción por parte de los “aristoi”. O dicho en griego, los mejores entre los mejores.
Francisco Collado Campaña 