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Aristocracia diplomática

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aristocracia-italiaLa nobleza fue uno de los actores que perdió poder durante la creación de los Estados. La centralización de funciones burocráticas, militares y logísticas en cuerpos profesionales de funcionarios fue un proceso continuo en esta forma de organización. Sin embargo, los aristócratas que habían visto perder su influencia, mantuvieron cierta preeminencia en determinados ámbitos como la representación diplomática. Por eso, en España se suele hablar de la “gran familia” cuando se alude a uno de los cuerpos más opacos y que manejan una cuota considerable del presupuesto público como son embajadores, cónsules y funcionarios del cuerpo diplomático. Si bien, en países mediterráneos como Italia la composición de estos cargos suele ser similar.

Hace unos días, el arribafirmante acudió al viceconsulado de la república itálica en la ciudad malagueña para resolver un trámite sencillo como la solicitud del “codice fiscale” o número de identificación fiscal. Ante esta petición, los trabajadores del organismo desconocían el modelo de formulario a rellenar y la documentación a presentar, remitiéndose a las instrucciones en la página web. Tras ello, el administrado no residente italiano procedió a llamar al consulado general en Madrid donde volvieron a indicar que siguiese las instrucciones de su vademecum en la red. Enviada la “richiesta” a la agencia italiana, se ha mantenido una espera de una semana para obtener respuesta.

Sin noticias, se vuelve a contactar con el consulado italiano en Madrid para preguntar por el estado de la solicitud. Desde la representación, indican que no es competencia suya atender estas peticiones y que se debe contactar con la Agenzia delle Entrate. El administado llama al organismo donde una centralita le remite con un funcionario ordinario del territorio italiano, en este caso Carlo Moroni. Tras escuchar mi situación, este honrado funcionario de Pescara me indica que según la normativa es competencia de los consulados italianos recibir y expedir el codice fiscale para no residentes. Remite los principios de iure y argumentando en dicha línea, el solicitante vuelve a contactar con el consulado italiano en la capital española, donde le dicen que definitivamente “sí” es su competencia. Si bien, que espere unos 20 días y si no tiene noticias -silencio administrativo- que vuelva a contactar.

Esta situación ilustra perfectamente el funcionamiento de los sistemas adminitrativos de países mediterráneos. Auténticas catedrales institucionales donde existe una relación inversa entre las normas que rigen el funcionamiento de sus órganos y la eficiencia de los mismos. Si bien, estas máquinas draconianas de normas y trabajadores estatales se sostienen gracias a una figura -como la de Carlo- que es el funcionario con sentido de servicio público. Sin esas personas anónimas que trabajan tras un mostrador o encerradas en un despacho y que creen, que por sus méritos y formación, tienen el sacrosanto deber de guiar a los administrados no habría salida de este laberinto kafkiano. Ese funcionario profesional y comprometido es la energía que hace mover las artítricas extremidades de administraciones no sólo como la italiana, sino como la española, mientras una casta adscrita al “ius sanguis” se preocupa más por decorar la embajada con el último jarrón de la dinastía Ming que es sufragado con el erario público.

La injusta justicia

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El flamante Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, sale a la palestra con una novedosa reforma. El otrora defensor del centro-derecha y de los tímidos liberales demócratas del Partido Popular, hace gala de un nuevo sistema tarifario para que los ciudadanos puedan disfrurtar de la supuesta igualdad ante la ley. Para ello, apoya su nueva tesis en el argumento de la reducción del gasto fiscal y evitar que los pobres gasten su dinero en un proceso destinado a perder.

Hace ya unos años, el PSOE padeció una manifestación por las reclamaciones de los servicios de los tribunales. Y en los que, los funcionarios expresaban las quejas y deficiencias de material y personal que sufren los juzgados españoles. Con la llegada de la crisis y el gobierno popular, se ha combinado la difícil situación del personal judicial con un afán recaudatorio draconiano. Lo que revierte no ya en mejorar el trabajo de los empleados públicos, sino en destruir un derecho constitucional como la defensa frente a un tribunal.

En el presente contexto, la introducción de una tarifa judicial se realizaría en todos los órdenes, tanto el administrativo como el civil, pasando por el laboral. Durante muchas décadas, desde los conservadores canovistas hasta los gobiernos de izquierdas habían amparado la defensa de los trabajadores frente al empresario en una relación bilateral siempre dominado por este último. Por lo que, sería muy difícil que un empleado despedido y con escasos recursos pudiese ganar un despido improcedente o denunciar un caso de acoso laboral. También, se daría más luz verde a los corruptos ante el coste que tendría denunciarles frente a un tribunal.

Este cambio que Gallardón pretende imponer va más allá de una violación de un derecho constitucional o del afán depredador de los conservadores. Esta supuesta tarifa judicial convierte a España en un país propio del Antiguo Régimen o de la Edad Media, donde la justicia ya no se imparte de forma justa, sino que es efectuada por unos tribunales lentos, pobres y con un afán mercenario. Porque al final, la justicia pierde su carácter de servicio público para convertirse en un campo para picapleitos y carnívoros.