libertad de expresion

Intolerancia de los pies a la cabeza

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imagesEn nuestra democracia, la consolidación de una memoria compartida con respecto a la Guerra Civil y la dictadura franquista es un imposible. Un sueño de una noche de verano apagado tras el acuerdo de las élites que pactaron la Transición. Y es que, la respuesta a dicho muro psicológico que separa la presente democracia -cada vez más dudosa en cuanto a su tolerancia- no fue mejor. El nefasto intento de llevar a cabo una recuperación de dicha “memoria” por parte de Rodríguez-Zapatero indicaba que había una facción más digna que otra. Lo que acabó con una buena parte de la documentación centralizada en Barcelona y una lectura parcial de la Historia.

Esta incapacidad de la izquierda y de la derecha intelectuales para acordar una memoria consensuada se ha convertido en un cheque en blanco para que el Estado sea juez y verdugo de la libertad individual. El reciente caso de la twittera Cassandra, del cual se ha hecho eco The Guardian, llevado ante los tribunales es un ejemplo de cómo se ha legislado para conservar esta impunidad contra el pasado franquista. Hasta un chiste contra Carrero Blanco puede convertirse en un crimen contra una hipotética libertad, la de mantener la amnesia sobre nuestra historia, en contra del derecho de expresión de un sujeto.

Nuestro sistema y nuestra sociedad no quieren un autobús de Hazte Oír recorriendo las ciudades, pero tampoco quiere Filosofía como asignatura obligatoria en el currículo de la educación secundaria. Quienes critican la dura agresión del caso de los titiriteros, son los mismos que se alzan para defender los derechos de los agresores a unos guardias civiles en Alsasua. Tanto nuestra élite, como nosotros mismos, pedimos que se niegue la libertad de otros y se respete la nuestra hasta límites inconcebibles. Una sociedad sin criterio, sin amplitud de miras e intolerante que a la vez teme (y confía) en el Estado como instrumento al servicio del recorte de las opiniones que no concuerden con las nuestras propias. Una herramienta castradora del debate público por el medio que sea.

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Horas bajas

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La monarquía sigue siendo nuestra institución intocable. Dícese de la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este paraíso de la poca democracia que nos queda en el que hablar de monarquía o república es una cuestión vedada para la ciudadanía y donde criticar a determinados poderes alcanza el grado de blasfemia. Una demostración de que aún quedan signos de autoritarismo en nuestra democracia y que se quiera o no, la institución real por el hecho de tener una composición hereditaria y no electa, es un reducto del pasado dictatorial de España.

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Queda manifiesto que la abdicación y por tanto, la sucesión de un monarca por otro es algo que se sitúa en la normalidad de su institución. No se entrará en este texto a valorar si república o monarquía, sino más bien a defender el derecho de todos los ciudadanos y por tanto, de los medios de comunicación de criticar a la monarquía, por ser la libertad de expresión el derecho de los ciudadanos para valorar, juzgar y criticar la labor de los poderes y de las instituciones. Instituciones electas y especialmente aquellas que no son electas, por su manifiesto claro anti-democrático.

Por tanto, es un crimen contra la democracia, contra la libertad de expresión, lo que ha acontecido en la redacción de El jueves hace unos días. La dimisión en cadena de Manel Fontdevila, Albert Monteys, Paco Alcázar, Manuel Bartual, Bernardo Vergara, Guillermo e Isaac Rosa ante la decisión de RBA de retirar la portada en la que Juan Carlos hacía entrega de una pútrida corona al heredero Felipe. Este hecho, es una violación de libertades propia de repúblicas bananeras, de regímenes bolivarianos y poco oportuno de países que se digan democráticos. Ahora no es el momento de remover la monarquía, pero sí es el momento de meditar en relación a los miembros de tan feudal estructura cuál es el lugar que ocupan como parte de los poderes.

Iglesias en la política partidista

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La gran sorpresa de estas elecciones ha sido la irrupción de Podemos con cinco eurodiputados. Literalmente, han conseguido en cuatro meses lo que a Izquierda Unida le ha costado ocho años o más de trabajo político. Llueve rápida y constante mucha información, de seguidores y detractores, sobre el programa de este partido o “movimiento ciudadano” como se autodefine y es normal que entre sus seguidores las alabanzas sean bien recogidas y las críticas mal acogidas. Muchas veces, sin una contra-réplica o respuesta en la que se dice que Pablo Iglesias no es igual que el resto de político, que la “casta”, con esa casta con la que ya empieza a pactar (léase Izquierda Unida y Equo, a quien susodicho considera miembros de la “casta”).

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Para bien o para mal, a día de hoy vivimos en una democracia parlamentaria de corte liberal. Eso implica que nuestros representantes políticos, por ejemplo Pablo Iglesias, y los partidos, léase Podemos, acceden al poder y como parte del poder democrático tenemos el derecho a defenderlos y criticarlos. No es válido el argumento de separar a Pablo Iglesias y sus propuesta de lo qué es Podemos, de la misma forma que no se separa a Bárcenas del Partido Popular o a los ex-consejeros de la Junta de Andalucía implicados en el caso de los ERE tampoco se les separa del PSOE. Esto es una democracia, y cualquier persona que defienda Podemos, debe entender que desde el momento cero en que acceden a la arena política,  todos los ciudadanos (incluidos ellos) están en el derecho de criticar  a los poderes bajo la sacro-santa libertad de expresión.

Es denostable tanto que desde Interior vayan a perseguir a ciudadanos que comentaban tal o cual con el reciente asesinato de Isabel Carrasco como que ahora cualquier crítica a Podemos se esgrima: separando a Iglesias de su partido, diciendo que quién lo critica es un “fascista” o que Pablo es una persona buena y santa. Cuestión esta última de la que me ocuparé en siguientes textos de dilucidar quién es Pablo Iglesias (para quiénes no lo conocían antes de febrero), de explicar qué es Podemos y sus propuestas y sobre todo, de saber quién está detrás de este grupo político. Porque, lo quieran o no en Podemos, hay que recordar que ningún movimiento ciudadano representará a toda la ciudadanía, por eso de que vivimos en una democracia donde otro principio fundamental es la pluralidad ideológica y partidista. Bienvenidos todos y todas al debate.

El crimental de Interior

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El asesinato de Isabel Carrasco en Léon ha conmocionado a la sociedad en los últimos días. Para empezar, es el primer asesinato político no realizado por ETA que se produce en estos treinta años de democracia, prácticamente desde la Transición con marcados episodios como los abogados de Atocha. Si bien, la situación económica y política presente dista de una gran diferencia con la que se vivía por aquel entonces. Esto ha producido multitud de comentarios, opiniones y declaraciones ante los medios de comunicación y las redes sociales.

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En esta época, muy dada al populismo, no ha faltado quién de alguna forma u otra ha parecido celebrar la muerte de esta persona. Si bien, los medios de comunicación están magnificando el asesinato de esta señora hasta límites moralmente indeseables. Y moralmente indeseables porque -y que conste el arribafirmante no es amigo de populismos- son más de 3.000 las personas que a día de hoy se han suicidado por hechos trágicos como la pérdida de su hogar, de su empleo, etc. y esos cadáveres son ocultados por nuestros medios de comunicación. Silenciados. Son “evaporados” como dirían en 1984 de Orwell. Mientras que, la muerte de un representante político parece convertirse en un drama nacional. Hay que meditar sobre estos balances del sistema y sobre todo, ser fríos en nuestra expresión ante la muerte de esta señora, que no deja de ser una ciudadana más como las que a diario mueren en un suicidio o por un caso de malos tratos.

Si bien, será difícil meditar porque las reacciones del Ministerio de Interior no se han hecho esperar. Desde esta cartera se afirma que procederán a investigar en las redes sociales a cualquier opinión, mofa o burla que no haya sido acorde con el drama nacional patrio que estamos viviendo. ¿Será investigada esta columna? ¿Por qué no se investigan las opiniones racistas, machistas y clasistas de algunos miembros del Partido Popular? Parece ser que nuestro derecho a la libertad de expresión tiene mayor alcance para unos y para otros. E insisto, no es una cuestión fácil porque es sencillo caer en el populismo, pero palabras mayores son cortar la libertad de comunicación de una ciudadanía. ¿Se estará produciendo una extraña coincidencia entre Jorge Fernández y el Gran Hermano orwelliano? ¿Estaremos dando los pasos para tipificar el “crimental” y seguir manteniendo la “evaporación” de ciudadanos que se quitan la propia vida en este contexto de crisis? Lo que sí queda claro, es que España no es país para las libertades ni mucho menos para liberales.

La cocina periodística

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En los últimos días la prensa ha abierto su boca para debatir sobre los recientes datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Una subida de votos de los populares y una caída de los socialistas han dado mucho que hablar, tanto para periodistas como para intelectuales. Equivocadamente se denomina con el concepto de “cocina” del CIS a una suerte de estratagema oscurantista en la que jugando con el tamaño muestral, la formulación de las preguntas y la reinterpretación de la estadística se presentan unos resultados que mejor pueden favorecer al gobierno de turno.

El gremio de periodistas tiene una función de “perro guardían”. Tiene que velar por el imperio de la ley y por tanto, la continua crítica a las instituciones. Sin embargo, el CIS no es una institución cualquiera, sino que es un organismo público de investigación único por sus características en el ámbito europeo. Por desgracia, ni la prensa cumple con su papel de vigilancia y la crítica gratuita y barata se resume en una metáfora gastronómica.

Los comunicadores pecan de creer saberlo todo. Bien debieran saber que el trabajo que se realiza en este lugar está sujeto a criterios cientificos, unas rutinas profesionales y unos procesos de ponderacion. Claro. No se les puede pedir a los periodistas que expliquen que es una muestra aleatoria estratificada ni que formulen una pregunta que englobe el concepto de ideología, por ejemplo. Si bien, se puede hablar de la “cocina” de las redacciones, de cómo los medios de comunicación manipulan noticias a gusto de sus directivos, de cómo se muestran serviciales con la entidad financiera que les cubre o de cómo se seleccionan las fuentes informativas.

Por tanto, un poco de autocrítica es necesaria en el gremio. Si hay una cocina probablemente ese sitio no sea el CIS, pues son factores de otro tipo como el voto oculto o la selección última del modelo de ponderación que no está en manos de los politólogos y sociólogos. Así, queridos informadores preocupense por conocer y elaborar mejor sus contenidos que otro dia hablaremos de la cocina periodística. Lúgubre taller de expresión de la opinión publica que despide un hedor a bazofia.

Libertad de expresión, posible conspiración

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Cada día aumenta el número de personas que dudan de la calidad de nuestra democracia. La nuestra como todas las oficiales es lo que se llama una democracia representativa, es decir, una suerte de sistema en que cada cuatro años la ciudadanía confía su representación a un grupo de mandatarios. Para garantizar el control de estos delegados, se supone, los sujetos detentan una serie de derechos entre ellos la liberta de expresión y opinión. Una libertad que se canaliza a través de la pluralidad de los medios de comunicación.

La diversidad de los medios de comunicación es algo más que discutible en España, sobre todo tras las últimas concentraciones mediáticas. Véase el caso de la adquisición de La Sexta por el Grupo Planeta y Cuatro por parte de Mediaset. Aún así, cuando los periodistas intentan denunciar hechos como el caso Bárcenas o la corrupción en la que se encuentra inmersa la Casa Real se encuentran con considerables riesgos. Por un lado, la acusación de Cospedal contra el periódico El País por los documentos publicados que según ella son parte de una teoría de la conspiración. Por otro lado, el pacto no escrito existente entre el gremio periodístico de evitar la crítica a la monarquía.

Sin embargo, es una vergüenza que a día de hoy haya imágenes intocables como la del monarca, o que la denuncia de las corruptelas de la clase política acabe colmando los tribunales. La clásica judicalización de la política. Y es que, nuestra clase política no termina de enterarse que los ciudadanos tenemos derecho a controlarlos y criticarlos como prueba de la calidad democrático del país. Pese a ello, lo que es una desfachatez es que la política de comunicación del PP se reduzca a Javier Arenas poniendo en relación el 11-M con el Caso Bárcenas. Señor cállese por honor y deje en paz a los difuntos que nunca supieron nada de su podredumbre. Y si la función no fuera suficiente, tenemos al “Duque Em…pal…mado” que igual hace negocios con Corina que intenta convertirse en Presidente del Comité Olímpico Español a base de chantaje. Váyase a la mierda.