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Una ponencia advierte sobre los riesgos del ciberactivismo

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Francisco Collado y Fátima Recuero presentan una comunicación con el título “Del ciberactivismo al ciberpesimismo: el aislamiento ideológico como estrategia cohesionadora en en la red” en el II Congreso Internacional de Movimientos Sociales y TIC celebrado esta semana en la Universidad de Sevilla. Esta paper indaga en los distintos problemas que ofrece el ciberactivismo tales como el ciberbullying, la existencia de cosmovisiones megalíticas en la red y la ausencia de un debate democrático auténtico. Pese al optimismo inicial de los ciberactivistas, no ha existido una preocupación por denunciar estos fallos, basándose en un falso determinismo tecnológico que considera que cuanto mayor sea el desarrollo tecnológico mayores serán las posibilidades de liberación de los individuos a través de las nuevas tecnologías.

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Intolerancia de los pies a la cabeza

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imagesEn nuestra democracia, la consolidación de una memoria compartida con respecto a la Guerra Civil y la dictadura franquista es un imposible. Un sueño de una noche de verano apagado tras el acuerdo de las élites que pactaron la Transición. Y es que, la respuesta a dicho muro psicológico que separa la presente democracia -cada vez más dudosa en cuanto a su tolerancia- no fue mejor. El nefasto intento de llevar a cabo una recuperación de dicha “memoria” por parte de Rodríguez-Zapatero indicaba que había una facción más digna que otra. Lo que acabó con una buena parte de la documentación centralizada en Barcelona y una lectura parcial de la Historia.

Esta incapacidad de la izquierda y de la derecha intelectuales para acordar una memoria consensuada se ha convertido en un cheque en blanco para que el Estado sea juez y verdugo de la libertad individual. El reciente caso de la twittera Cassandra, del cual se ha hecho eco The Guardian, llevado ante los tribunales es un ejemplo de cómo se ha legislado para conservar esta impunidad contra el pasado franquista. Hasta un chiste contra Carrero Blanco puede convertirse en un crimen contra una hipotética libertad, la de mantener la amnesia sobre nuestra historia, en contra del derecho de expresión de un sujeto.

Nuestro sistema y nuestra sociedad no quieren un autobús de Hazte Oír recorriendo las ciudades, pero tampoco quiere Filosofía como asignatura obligatoria en el currículo de la educación secundaria. Quienes critican la dura agresión del caso de los titiriteros, son los mismos que se alzan para defender los derechos de los agresores a unos guardias civiles en Alsasua. Tanto nuestra élite, como nosotros mismos, pedimos que se niegue la libertad de otros y se respete la nuestra hasta límites inconcebibles. Una sociedad sin criterio, sin amplitud de miras e intolerante que a la vez teme (y confía) en el Estado como instrumento al servicio del recorte de las opiniones que no concuerden con las nuestras propias. Una herramienta castradora del debate público por el medio que sea.

No es país para twits

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La opinión manifestada por los políticos en las redes sociales es el tema estrella de esta semana. Baste hacer un recorrido por diversos episodios. Empezando por Zapata, candidato frustrado a concejal en el Madrid de Carmena, pasando por las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la redención de portar explosivos y terminando por algún concejal popular que se ha dedicado a revisar sus twits y estados de Facebook de hace un lustro. Parece que a todos nos ha dado una fiebre por saber quién dijo qué aquel día que tuvo un apretón mental y acabo en cagada, o si donde dije digo, digo Diego como le ha pasado al responsable de comunicación de los populares.

En este nuestro país de cainitas, se trata la opinión de cualquier mequetrefe como información. La vanidad más etérea se convierte en la verdad más absoluta. Esto hace posible que cuándo el adversario diga cualquier barbaridad todos se escandalicen, que cuando un amigo de filas diga otra se minimice su efecto o que cuando diga algo que no sea una barbaridad todos aplaudan como primates (mi respeto a los simios, pues son seres con sentimientos) a los que le lanzan fruta. Hay que repensar que la fugacidad a la que se mueven las redes sociales, y la sociedad del conocimiento, hacen imposible tener una opinión, no ya digamos una postura firme, en torno a un tema. Máxime cuando las lógicas de estas opiniones oscilan en alineamientos izquierda-derecha o adversario-amigo.

La velocidad de la comunicación es un problema, pero no el principal. No, no, no. El principal problema es que somos demasiado cainitas. Tan cainitas como para justificar que si alguien llevaba un explosivo (en el caso hipotético de que lo llevara) tiene tanta legitimad a llevarlo como un banquero a robar dinero. Lo suficientemente cainitas como para pedirle a una alcaldesa como Carmena -que al igual que todos- apenas lleva diez días en el cargo, produzca unos resultados con su gestión que en su día no se le exigió a Botella. Debemos darnos cuenta que nuestro problema no es ser de izquierda o derecha, ser “pepero” o “del sóe”, o “del coletas” o “de los naranjitos”. Nuestro problema auténtico es que somos lo suficientemente gilipollas como para no darnos cuenta de que el cainismo es la variable independiente que nos mantiene sumidos en esta crisis política, social e incluso moral.

Tu privacidad o tu bolsa

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índiceEntre las últimas novedades del Estado, se han presentado una serie de medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas. Una de ellas consiste en la intromisión la vida privada de las personas, a través de programas-espía en las redes sociales, aspira a obtener información verídica sobre su riqueza y su renta. El objetivo de esta actuación estrella consiste en que la Agencia Tributaria pueda corroborar que las declaraciones de la renta de los particulares se correspondan fidedignamente con la auténtica realidad para evitar el fraude fiscal. Una idea inteligente ya que Facebook cuenta actualmente con 18 millones de usuarios españoles y 4,5 millones en Twitter.

Una segunda intervención que ha pasado desapercibida ante los medios es la que exige a todas las asociaciones y entidades no lucrativas a realizar la declaración de la renta, independientemente de los ingresos y gastos que hayan generado. En un intento también por obtener información sobre los auténticos recursos que disponen estos agentes sociales. Desde posiciones individualistas, estas actuaciones suponen una clara violación de la privacidad de los particulares, aunque tengan un objetivo de mayor envergadura como mejorar la recaudación del erario público. Y es que, se consolidan unos poderes públicos que además de reducir el Estado del Bienestar, violan los derechos de los sujetos en aras de un bien mayor.

Sin embargo, es preciso recordar que el derecho a la privacidad, desarrollado por a jurisprudencia, tiene un carácter variable según si se habla de un ciudadano corriente o de un representante político. La privacidad de los políticos y otras personas con responsabilidades públicas es inferior a la del resto de españoles y españolas. Nuestra clase política en general y los populares en particular, aspiran a igualar la privacidad de todos, siendo ésta una clara injusticia fundada en base  una hipotética transparencia. Porque como ha demostrado la Lista Falciani, los auténticos defraudadores tienen nombres y apellidos y no son precisamente ciudadanos anónimos.