derecho
Huelga contra la estupidez
La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de España anima este mes a que los pequeños no hagan sus deberes. Desconozco si este pronunciamiento es una nueva fórmula de protesta contra el Gobierno de Rajoy o si responde a la opresión que el alumnado proletario recibe por parte de los profesores capitalistas que controlan los medios de producción, es decir, la máquina de fotocopias del colegio. Ante tan soberana tontería, sólo cabe preguntarle a los expertos para saber si realmente esta huelga cumple a algún interés que los no profanos en Pedagogía desconocemos.
Según los especialistas, la realización de los deberes no supone directamente una mejora del rendimiento escolar. Puede ser que ahora que estamos ante una sociedad llena de modernismos e innovaciones cada vez más rupturistas, pero también más estúpidos, no nos demos cuenta de una cosa. Y es el derecho a la educación, este derecho no sólo lo ejercen los padres como las teorías más autonomistas sugieren, sino que es una responsabilidad del Estado del Bienestar proporcionar este servicio, y fíjense hasta en los Estados Unidos, cuna del capitalismo salvaje, se oferta.
La educación nos hace libres, no la doctrina como la que encontrábamos en las cartillas del régimen franquista. Sin embargo, que los alumnos vayan a desconocer cuál es la capital de Estonia, país miembros de la Unión Europea, o cuál es el gas noble con menor densidad, me parece una actitud que daña directamente este derecho a la educación. En humilde opinión, hagamos huelga contra la gilipollez y entendamos que los profesores y las profesoras con sus instrucciones jerárquicas, que para algo son mayores y saben más que los pequeños, están llamados a cumplir un papel en nuestra sociedad.
Tu privacidad o tu bolsa
Entre las últimas novedades del Estado, se han presentado una serie de medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas. Una de ellas consiste en la intromisión la vida privada de las personas, a través de programas-espía en las redes sociales, aspira a obtener información verídica sobre su riqueza y su renta. El objetivo de esta actuación estrella consiste en que la Agencia Tributaria pueda corroborar que las declaraciones de la renta de los particulares se correspondan fidedignamente con la auténtica realidad para evitar el fraude fiscal. Una idea inteligente ya que Facebook cuenta actualmente con 18 millones de usuarios españoles y 4,5 millones en Twitter.
Una segunda intervención que ha pasado desapercibida ante los medios es la que exige a todas las asociaciones y entidades no lucrativas a realizar la declaración de la renta, independientemente de los ingresos y gastos que hayan generado. En un intento también por obtener información sobre los auténticos recursos que disponen estos agentes sociales. Desde posiciones individualistas, estas actuaciones suponen una clara violación de la privacidad de los particulares, aunque tengan un objetivo de mayor envergadura como mejorar la recaudación del erario público. Y es que, se consolidan unos poderes públicos que además de reducir el Estado del Bienestar, violan los derechos de los sujetos en aras de un bien mayor.
Sin embargo, es preciso recordar que el derecho a la privacidad, desarrollado por a jurisprudencia, tiene un carácter variable según si se habla de un ciudadano corriente o de un representante político. La privacidad de los políticos y otras personas con responsabilidades públicas es inferior a la del resto de españoles y españolas. Nuestra clase política en general y los populares en particular, aspiran a igualar la privacidad de todos, siendo ésta una clara injusticia fundada en base una hipotética transparencia. Porque como ha demostrado la Lista Falciani, los auténticos defraudadores tienen nombres y apellidos y no son precisamente ciudadanos anónimos.
Francisco Collado Campaña 