franquismo
Coloquio Internacional «Acción política y trabajo partidista: reflexión metodológica desde el cualitativismo»
Francisco Collado y José Francisco Jiménez han participado recientemente en un foro académico dirigido al intercambio teórico entre investigadores cualitativistas. Bajo el título «¿Comunidad o partido? Las fábricas de líderes locales en Andalucía desde la transición al presente», han expuesto las conclusiones de una investigación empírico-descriptiva en torno a los alcaldes de las capitales de provincia durante la actual etapa democrática. Este trabajo, basado en el empleo de entrevistas semi-estructuradas y en profundidad; y la posterior elaboración de relatos biográficos de los gobernantes locales, constituye una de las primeras tesis de estas características que se realiza en España, abarcando la totalidad de una comunidad autónoma.
Este coloquio, organizado por el Área de Ciencia Política y de la Administración, ha reunido a expertos franceses -como Jean-Louis Briquet, Laurent Godmer y Bennani Charbi- y españoles -Álvaro López Luna, Carlos Sánchez y Julio Ponce- en el análisis, el estudio y la indagación a través del empleo de técnicas cualitativas. La notabilización, la movilización política, el clientelismo político, las élites políticas y el trabajo partidista representan algunos de los temas tratados en este coloquio y que ha servido como un espacio de reflexión entre los cualitativistas. De esta forma, se exponen resultados de investigaciones que aún girando en torno a diversos actores y objetos políticos comparten un enfoque y una metodología común, buscando la convergencia y la sinergia entre distintos especialistas de la materia
Dinamitar para perseverar
«Muchísimo cuidado con quién pacta el PSOE, que los que han fusilado nacionalistas en la historia de este país, nos han fusilado a los progresistas también». Éstas son las declaraciones de Ramón Espinar refiriéndose a la nueva frontera que traza Podemos. El procés se ha convertido en una oportunidad para la redefinición de quiénes son. Y la patria de Laclau se identifica en oposición a terceros. De un lado, los «demócratas republicanos» junto a sus aliados los nacionalistas catalanes y de otro lado, los «monárquicos tiránicos» del PP, PSOE y C’s.
El secesionismo catalán significa la repesca para Podemos. En la secuencia temporal, Iglesias intentó que su partido suplantara el espacio electoral del PSOE con el consabido «sorpasso». Fracasó. Luego las voces más conciliadoras de Podemos intentaron plantear una confluencia con PSOE y Ciudadanos para oponerse al PP. Fracasó seguido de la decapitación política de Errejón. Finalmente, un discurso rupturista como el de PdeCat, ERC y CUP que personifica la continuación del franquismo en la democracia llamada «régimen del 78» supone el tercer lance para ganar una victoria. De ahí que la victoria en la independencia de Cataluña sea la posibilidad de cuestionar la democracia.
No se puede culpar a Pablo Iglesias de haber cruzado una frontera como nuestra Constitución. En la lógica del leninismo todo vale para alcanzar los objetivos políticos. El líder no es amado, ni temido. El líder es odiado. La infamia tanto desde aquellos que respetan la Constitución de 1978 como de los votantes que Podemos ha perdido por el camino. Ahora sólo quedan un grupo de votantes que no se sabe si por argumentos de justicia social, de lucha contra la corrupción o de dinamitar la casta están dispuestos a defender la demanda de los nacionalistas catalanes a ser indemnizados económicamente por los crímenes del franquismo. ¿Y el resto de españoles?
Intolerancia de los pies a la cabeza
En nuestra democracia, la consolidación de una memoria compartida con respecto a la Guerra Civil y la dictadura franquista es un imposible. Un sueño de una noche de verano apagado tras el acuerdo de las élites que pactaron la Transición. Y es que, la respuesta a dicho muro psicológico que separa la presente democracia -cada vez más dudosa en cuanto a su tolerancia- no fue mejor. El nefasto intento de llevar a cabo una recuperación de dicha «memoria» por parte de Rodríguez-Zapatero indicaba que había una facción más digna que otra. Lo que acabó con una buena parte de la documentación centralizada en Barcelona y una lectura parcial de la Historia.
Esta incapacidad de la izquierda y de la derecha intelectuales para acordar una memoria consensuada se ha convertido en un cheque en blanco para que el Estado sea juez y verdugo de la libertad individual. El reciente caso de la twittera Cassandra, del cual se ha hecho eco The Guardian, llevado ante los tribunales es un ejemplo de cómo se ha legislado para conservar esta impunidad contra el pasado franquista. Hasta un chiste contra Carrero Blanco puede convertirse en un crimen contra una hipotética libertad, la de mantener la amnesia sobre nuestra historia, en contra del derecho de expresión de un sujeto.
Nuestro sistema y nuestra sociedad no quieren un autobús de Hazte Oír recorriendo las ciudades, pero tampoco quiere Filosofía como asignatura obligatoria en el currículo de la educación secundaria. Quienes critican la dura agresión del caso de los titiriteros, son los mismos que se alzan para defender los derechos de los agresores a unos guardias civiles en Alsasua. Tanto nuestra élite, como nosotros mismos, pedimos que se niegue la libertad de otros y se respete la nuestra hasta límites inconcebibles. Una sociedad sin criterio, sin amplitud de miras e intolerante que a la vez teme (y confía) en el Estado como instrumento al servicio del recorte de las opiniones que no concuerden con las nuestras propias. Una herramienta castradora del debate público por el medio que sea.
La transición local
La etapa de la transición política que celebramos esta semana comienza con la muerte de Franco en 1975, continúa con la posterior aprobación de la Ley de Reforma Política en 1977 y culmina con los grandes acuerdos como la Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa y el reconocimiento de las autonomías. Desde la academia, existen dos posturas sobre su interpretación. Por un lado, algunos autores consideran que los líderes políticos acometieron con una labor positiva al dejar a un lado sus diferencias ideológicas y cooperar en la estructuración del nuevo sistema político. Por otro lado, una serie de académicos consideran que la transición fue un proceso pactado entre las élites político-económicas que produjo una democracia imperfecta con una débil legitimidad.
Ambas visiones definen la transición española como un proceso pilotado por las élites nacionales, pactado entre ambas y continuista -en contraposición con la transición rupturista de Portugal- al emanar de la legitimidad del régimen anterior. Este foco de atención en el nivel nacional y en el autonómico ha dejado de lado el estudio y análisis de los gobiernos locales durante esta etapa.
Si la transición política empezó en 1975, las primeras elecciones municipales no se produjeron hasta abril de 1979. A grandes rasgos, los municipios estaban inmersos en una situación conflictiva. En primer lugar, coexistieron unas corporaciones locales con una legitimidad no democrática durante los cuatro primeros años de la Transición. En segundo lugar, la mayoría de los municipios estaban necesitados de una racionalización de los servicios públicos, especialmente en los núcleos urbanos desbordados por el crecimiento demográfico. En tercer lugar, la tensión existente entre la UCD y los partidos de la izquierda, PSOE y PCE, que reclamaban unos “ayuntamientos democráticos” debido al retraso de las elecciones locales. Una pregunta que falta responder en nuestra historia es si los ayuntamientos fueron claves o no en este paso hacia la democracia.
Letrados que no son personas
La figura del abogado en particular, y de los juristas en general, suele ser una de las más criticadas en los medios de comunicación. Parece que adolecen de estigmas similares a los políticos como la corrupción, la defensa de criminales, la ocultación de pruebas, los fraudes fiscales y otras tantas. Pero resumir un abogado en este estereotipo sería ante todo un insulto contra los valores y los principios que la noble profesión de letrado representa.
Generalmente, los abogados y los juristas formados en el Derecho tienen dos personalidades muy características, entre otras. Por un lado, están aquellos abogados que son profesionales y son personas, y que saben que el proceso de creación de una ley no está exento de intereses, sesgos y parcialidades que de forma agregada constituyen lo que llamamos el interés general. Los que saben que las personas muchas veces están en inferioridad ante los tribunales y las partes cuando tienen que defender sus derechos. Por otro lado, existe una suerte de espécimen que cree que la ley está para cumplirla sin ninguna ambigüedad porque es resultado de un pacto tácito y ultraterreno. Y que, ellos mismos consideran ser instrumentos del sistema formados en la incapacidad de la adaptación a las circunstancias y hacer cumplir la norma de forma absoluta, aunque suponga la violación de derechos. Ellos, ángeles redentores.
El arribafirmante tiene la desgracia de conocer a una de estas criaturas, disculpen, señorita. Una funcionaria de Hacienda que accedió al cuerpo de Contadores del Estado en la colonia saharui durante los tiempos del franquismo. Fíjense ustedes. Y ahí sigue, porque hay cosas que siempre permanecen. Tanto como su actitud autoritaria y despótica que ha violado los derechos individuales las veces que haya hecho falta. Ya sea quitando puntuación a sus alumnos por tener una operación, un accidente de tráfico o por tener asuntos personales en otra ciudad y faltar a clase. Señorita, esta columna va dedicada a usted con todo mi cariño que no sé si será el mismo que usted profesa hacia mi persona. Y ya sabe, que la norma es la norma. A mandar y a cumplir.
Francisco Collado Campaña 