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Administración kafkiana

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kafkaEl hecho de someterse a un procedimiento administrativo es una práctica común en el Derecho Administrativo. Es la forma en la que los ciudadanos se relacionan con un ente formado por instituciones y organismos de los que obtienen determinados incentivos positivos y negativos para desarrollar multitud de facultades, obtener información, ejercer derechos y un largo etcétera. Cuando se desarrolló la transición a la democracia, fue necesario suprimir y actualizar diferentes normas administrativas coherentes con los nuevos tiempos.

A fechas del presente y especialmente en el Gobierno Central, se está buscando agilizar y hacer más eficaz a la Administración. Dicho de otra forma, evitar procedimientos largos y costosos en términos económicos. Lo cual se está llevando a cabo de una forma desastrosa. Y es que, con procedimientos rápidos, lo que se consigue es un funcionamiento más que ineficaz, injusto de las instituciones en sus relaciones con los administrados.

Esa filosofía de concebir no ya sólo a las empresas públicas, sino al conjunto de la Administración como un ente basado en la competitividad y la ley del mercado es un buen ingrediente. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha seguido este lema hasta sus últimas consecuencias. Y ciertamente, las últimas consecuencias es que la Administración española se ha convertido en una suerte de universo kafkiano. Un lugar donde haga lo que haga el sujeto, se expone a la incertidumbre constante sobre su destino y la certidumbre de la inutilidad de esta institución.

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Aborto: disenso en el retroceso

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imagesEl proyecto de ley sobre el aborto está dando mucho de qué hablar. Sería oportuno establecer algunas ideas claras desde la corriente que se opone a este cambio legislativo y que contempla la presente norma del Gobierno Zapatero como un avance en los derechos, tanto del hombre como de la mujer. Y es que, feministas y machistas a parte, lo que es imposible poner en duda, es que la decisión de tener un hijo o no, es cosa de dos.

Desde el Partido Popular, se han pronunciado desde el Ministro de Justicia hasta los cachorros más descerebrados sobre el progreso que implica esta norma y porque se recupera el consenso de la ley del ochenta. Para empezar, la norma del ochenta, aprobada durante el gobierno socialdemócrata, es una ley hecha para su época. O dicho de otra forma, en un país que apenas llevaba una década de democracia y acababa de salir de una transición política, era difícil buscar un consenso parlamentario entre las distintas fuerzas políticas. Por lo que, se aceptó aquella ley que, a grandes rasgos, podía satisfacer a todos. Ahora bien, los tiempos han cambiado y era hora de dar un paso hacia delante, en el sentido de la libertad humana, de que cada individuo decida si quiere ser padre o madre, o si no.

Generalmente, se entiende que la derecha es defensora de la libertad del individuo frente a la opresión del Estado. En el caso de España, todos los partidos limitan la libertad, pero quien lo hace en mayor intensidad son los populares. En este partido, el sector católico-integrista, para separarlos de posibles demo-cristianos a quienes quiero atribuir una mayor liberalidad; considera que sus creencias religiosas deben ser traspasadas a las normas civiles. Algo así como los países basados en la ley islámica, pero con la católica. Y ya decía Locke, que el liberalismo era difícilmente posible en países de mayoría católica o musulmana. Dándole la vuelta a la tortilla, la ley de Zapatero no obliga a ninguna mujer a abortar, por lo que, el Estado no interfiere en la moral de las mujeres católicas, por tanto, que estas señoras respeten la moral de aquellas que quieran abortar.

También se ha dicho, por parte de una supuesta liberal como Esperanza Aguirre, es que el aborto es un fracaso. Y ciertamente, lo que sería un fracaso es pensar que el aborto se produce por alguna suerte de despiste exclusivamente. Esta mujer debiera saber que existen muchos otros factores médicos y sanitarios -como determinadas enfermedades- que permiten impedir un embarazo. Aguirre sencillamente es una ignorante y una analfabeta. Tampoco ha entendido lo que significa “fracaso”. Pues mire usted, lo que realmente es un fracaso es su Gobierno y la gestión que está realizando. Primero porque ni representa la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, porque está favoreciendo que muchas personas sigan y vayan a la calle, que no soluciona el paro, que está aumentado la tasa de migración española, recorta derechos en Educación y Sanidad y también derechos del individuo como la libertad de expresión y la libertad a decidir sobre nuestros proyectos de vida. No hablemos ya de la corrupción.

Y si realmente, los populares integristas -que esperemos no lo sean todos- quieren vender a la ciudadanía y a la oposición dentro del partido, que este proyecto de ley es un regreso al consenso, es que son sencillamente estúpidos. Primero, porque la demagogia barata del PP ya no convence ni a la mitad de sus votantes. Segundo, porque el único progreso posible es aquel que respeta la libertad del individuo, pues el progreso, no es ni de izquierdas ni de derechas. La palabra “progreso” procede de la confianza en la libertad del individuo y en la ciencia, pero el “retroceso” pertenece a la oscuridad de la religión y la tradición. Y ahí, es donde nuestra derecha, nuestra buena derecha, desea volver.

Los falsos liberales

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La derecha española y sus originales iniciativas políticas están destruyendo lo poco que puede quedar del liberalismo en nuestra vida pública. Y por tanto, también en nuestros derechos subjetivos que tienen una base jurídica, es decir, el corazón de la Constitución Española. Con una mayoría absoluta holgada, los populares muestran su verdadero rostro tras la máscara del “viaje al centro”. Ese lema preconizado por Aznar que en la realidad se convirtió a lo sumo en visitas esporádicas a Ginebra de manos de Bárcenas.

 

El sector ultracatólico ha pedido que se limiten los derechos de la mujer, especialmente, la elección en torno a decidir sobre si se continúa o se rechaza un embarazo. Lo que desde la perspectiva de la libertad del individuo, atenta contra una de las capacidades más básicas como es la elección del proyecto de vida. Así, y entendiéndose en el liberalismo, que cada sujeto es dueño y señor de sus decisiones, pretenden violar esta libertad. A lo que, también podríamos añadir la diatriba existente sobre el matrimonio homosexual y otros similares.

En el ámbito de la educación, se ha producido un movimiento regresivo hacia una situación anterior a la que se ha vivido en los últimos veinte años. El incremento de las tasas universitarias y la reducción de las becas como criterios de un sistema de excelencia ha producido que miles de estudiantes abandonen sus carreras ante el impago de matrícula. Y a esto, lo llaman avanzar hacia un modelo más justo, quizá ¿igualitario? Sería necesario recordar a estos defensores del Antiguo Régimen que Adam Smith, padre del capitalismo moderno, defendía que cualquier sociedad libre debía poseer una educación obligatoria y gratuita para sus miembros.

En el campo de la sanidad, se han privatizado los centros madrileños, se están cerrando plantas especializadas en el tratamiento de graves enfermedades y despidiendo a investigadores. Se está pervirtiendo el Estado del Bienestar de Keynes y el mínimo conjunto de derechos de Rawls, también teóricos liberales. Cabe citar la fuga de cerebros de España, bajo el lema de García Pons de que trabajar en Europa es como estar en casa, esa Europa dirigida por la mano de hierro del neopopulismo merkeliano.

Y estos señores y señoras del Partido Popular dicen defender el liberalismo. Pudiéramos argumentar que al menos defienden el liberalismo económico, es decir; capitalismo. Unos liberales que no declaran sus ganancias al Estado, casos de corrupción que quedan impunes ante la ley, que negocian fraudes y engaños con la monarquía, señoras como Aguirre que defienden el neoliberalismo, pero después ostentan un título nobiliario. Una de las barbaridades contra las que luchó el liberalismo más democrático y más radical en la época decimononica. Sin lugar a dudas, el liberalismo español no se encuentra en su derecha política.

Los mitos de la Constitución de 1812

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La efeméride de la Pepa está en alza. Es un valor del mercado político que parece recordarnos a todos que hace dos siglos, los españoles se pusieron de acuerdo en algo, que como siempre, volvieron a chafar los Borbones. Esa gran familia de gestores que pocas veces han dado en el clavo. Volviendo ese gran texto constitucional, es recordado estos días por haber reconocido libertades y derechos a los españoles.

La carta de 1812 tiene muchas luces, especialmente para los andaluces que parece vendernos como los padres del liberalismo español. No obstante, hay que dilucidar los claros y oscuros de una carta con más sombras que radiantes brillos de ilusión. Pues para empezar la Pepa negaba la libertad de culto y obligaba a todo español a profesar la religión católica, a la que consideraba como esencial en el Estado español. Y es que, los ilustrados afirmaban que el destierro del dogma y el librepensamiento eran las bases para el progreso social.

Asimismo, la Constitución daba estatuto de ciudadanía a los españoles, pero no a los esclavos. De forma que, podían existir personas sin derechos para trabajar las tierras y los labriegos de las Indias Occidentales. También, mantenía intacta a la Inquisición para la realización de los juicios contra herejes y disidentes del catolicismo. Y finalmente, reconocía la irresponsabilidad política del monarca, que el pobrecito, para continuar con la tradición, era el más tonto del pueblo.

Y ésta es la Constitución, por la que Riego y muchos otros lucharon. Una carta que concedía unos nimios derechos, manteniendo el resto del edificio sin cambiar y dando una mayor legitimidad al sistema. Por lo que, si para algo sirvió el texto gaditano fue para dar nombre a la idea de España como nación y proclamar su unidad frente al invasor. Por lo demás, harían falta unos ciento veinte años más para hablar de una constitución democrática que pudiera estar a la altura de los países europeos.

Cibercensura a la cultura

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La cultura suele ser definida como el conjunto de bienes y símbolos que comparte un grupo de personas. Las hay más acertadas y más equivocadas, morales e inmorales, avanzadas y primitivas. Aún así, no hay ninguna de ella de la que no aprendamos nada. Y como dice el proverbio latino ningún libro es malo, ni tampoco una película, una canción o cualquier otra producción del intelecto humano.

Por esta razón, los ilustrados consideraron la cultura y la educación como bases fundamentales para el progreso. Ahora, podemos disfrutar, o podíamos, de un acceso sin raudal a las distintas expresiones de la cultura y de la palabra humana gracias a la red y el hipertexto. Podemos saber qué pasa en un país en tiempo real, qué se piensa en tal lugar o qué se disfruta en otro. Al menos era así hasta hace unos días.

El Gobierno de Estados Unidos ha promovido una ley, la llamada SOPA, que obliga al cierre de cualquier página en la que se pueda compartir películas, música o textos. Todo porque son bienes que deben ser comercializados, y pagados a buen postor, si incluso quieres ponerlo en común con otra persona. Este país que se ha dicho el padre de las libertades y que va a las guerras defendiendo la democracia, impide a la sociedad no sólo propia, sino mundial, el disfrutar de esta puesta en común. Así es, como los regímenes democráticos juegan con la doble moral para reducir las cuotas de libertad con las que dicen que nacieron bajo el brazo.

Letrados que no son personas

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La figura del abogado en particular, y de los juristas en general, suele ser una de las más criticadas en los medios de comunicación. Parece que adolecen de estigmas similares a los políticos como la corrupción, la defensa de criminales, la ocultación de pruebas, los fraudes fiscales y otras tantas. Pero resumir un abogado en este estereotipo sería ante todo un insulto contra los valores y los principios que la noble profesión de letrado representa.

Generalmente, los abogados y los juristas formados en el Derecho tienen dos personalidades muy características, entre otras. Por un lado, están aquellos abogados que son profesionales y son personas, y que saben que el proceso de creación de una ley no está exento de intereses, sesgos y parcialidades que de forma agregada constituyen lo que llamamos el interés general. Los que saben que las personas muchas veces están en inferioridad ante los tribunales y las partes cuando tienen que defender sus derechos. Por otro lado, existe una suerte de espécimen que cree que la ley está para cumplirla sin ninguna ambigüedad porque es resultado de un pacto tácito y ultraterreno. Y que, ellos mismos consideran ser instrumentos del sistema formados en la incapacidad de la adaptación a las circunstancias y hacer cumplir la norma de forma absoluta, aunque suponga la violación de derechos. Ellos, ángeles redentores.

El arribafirmante tiene la desgracia de conocer a una de estas criaturas, disculpen, señorita. Una funcionaria de Hacienda que accedió al cuerpo de Contadores del Estado en la colonia saharui durante los tiempos del franquismo. Fíjense ustedes. Y ahí sigue, porque hay cosas que siempre permanecen. Tanto como su actitud autoritaria y despótica que ha violado los derechos individuales las veces que haya hecho falta. Ya sea quitando puntuación a sus alumnos por tener una operación, un accidente de tráfico o por tener asuntos personales en otra ciudad y faltar a clase. Señorita, esta columna va dedicada a usted con todo mi cariño que no sé si será el mismo que usted profesa hacia mi persona. Y ya sabe, que la norma es la norma. A mandar y a cumplir.