constitucion española

Innecesario

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Ya se sabía que Mariano Rajoy se había resistido a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española. Fue esta una de las razones por las que hace unos años, y no el aborto como la prensa manifestaba, que hicieron que Gallardón abandonase el Ministerio de Justicia. Deseoso de suspender la autonomía de Cataluña y gestionarla desde Madrid por un período indeterminado. El 155 es un apartado vago e inconcreto cuyo peso político habría dado cierto margen de maniobra para que el ejecutivo español procediera a resolver el contencioso catalán. Estado de alarma, de sitio, de excepción y otras cuantas amenazas legales se han proferido estos días desde los dirigentes populares hacia las autoridades sediciosas de la Generalitat. Si a eso se le añade el peso político de la secesión en el contexto europeo y la salida de empresas del territorio autonómico, la presión sobre Carles Puigdemont ha sido enorme. El poder blando ha sido efectivo por ahora.

Si bien, con independencia de lo que hubiese sucedido en caso de haberse producido la DUI, el castigo penal y económico sobre su equipo y él mismo parece que ha sido el detonante de la retirada. Retirada momentánea porque se habla de “suspensión”. Y ahora, los dirigentes de la CUP que esperaban un pronunciamiento del nacionalismo más duro se encuentran revueltos ante el coitus interruptus que han sufrido por parte de la derecha catalana. La Cataluña rural castiza -curiosamente de izquierdas- y la otra Cataluña urbana, cosmopolita y que ha perdido poder global -lean la ciudad global de Saskia Sazen- están ahora en medio de un conflicto interno. Lo que está claro es que esto no ha acabado y que sólo es el paso a un nuevo capítulo de la tragicomedia nacionalista.

De lo que nadie se habrá dado cuenta o pocos han meditado es sobre el posible aumento de la intención de voto hacia el PP y Ciudadanos que se ha podido producir estos días. Menos tanques y más cabeza. Sin embargo, lo sugerente ha sido el baile de Podemos que de una semana a otra ha cambiado de postura en un auténtico espectáculo de travestismo político. Iglesias ha aprendido que el mantenimiento del tradicional respaldo anguitiano a los nacionalismos periféricos es muy bien recibido en los contubernios de cierta izquierda, pero la realidad y las consecuencias de un acto de tal osadía en plena secesión son otros distintos. Ahora sólo cabe desear que los populares y los socialistas no vuelvan a alimentar al drac como ya hicieron González, Aznar, Zapatero y Rajoy.

 

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Prudencia

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Si algo ha estado ausente durante estas jornadas de celebración de un referéndum ilegal es la racionalidad. La celebración del plebiscito sin garantías ni seguridades jurídicas mínimas es el culmen del fanatismo del nacionalismo catalán. Esta religión antropológica impulsada por el pujolismo socio de socialistas y populares, continuada por grupos políticos sediciosos -desde Podemos hasta la CUP- y exaltada en un tiempo de crisis social e identitaria en Cataluña se ha convertido en una auténtica enfermedad para el constitucionalismo español. Una plaga que ha creado zombies tanto entre la propia opinión pública española como en las cabeceras internacionales. Porque si evitar mediante la coacción pública -monopolio que sólo posee el Estado, lean ustedes a Weber- la celebración de una consulta ilegal -podemos dudar si legítima- es un acto de violencia, eso quiere decir que se está poniendo en duda el conjunto de España como una entidad estatal.

Nadie habla de por qué Rajoy no ha procedido a la detención de las autoridades autonómicas competentes en Cataluña. Y es que, el marco en el que se ha movido el discurso independentista ha sido el de igualar nuestra democracia con una continuación del franquismo tras la introducción de la carta magna en 1978. Amparándose en un mito que ya había creado hacía años la izquierda más radical y del que después se ha amparado Podemos, vienen distintos sectores políticos a apoyar esta tesis. Lo que probablemente haya llevado a que los populares se hayan retrasado en aplicar las medidas legales oportunas temiendo que la inhabilitación del ejecutivo catalán les volvería a convertir en los franquistas de siempre ante la opinión pública. Bien habría hecho el PP en condenar el franquismo hace años para evitar este ridículo monumental.

Los sabuesos ya han sido soltados. La izquierda española amiga de cualquier nacionalismo, menos de su propio país. Bien olvidan Pablo Iglesias y sus lacayos que las naciones no son más que construcciones artificiales y contingentes de las que las sociedades se dotan para organizarse política, social y espiritualmente. Es el mercado de la identidad. Cuando el nacionalismo, cualquier nacionalismo, traspasa la dimensión espiritual del sujeto se convierte en un organicismo donde la persona se desintegra atómicamente para formar parte de un ente mayor: la nación. ¿Y es que acaso no es esta despersonalización la que también promueven los morados dentro de sus propias filas por un ente mayor: su amado líder? Este conflicto exige de prudencia. Algo que ha faltado y falta por parte de los dos bandos enfrentados, que no son los únicos que están en juego.

La transición local

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transicion-localLa etapa de la transición política que celebramos esta semana comienza con la muerte de Franco en 1975, continúa con la posterior aprobación de la Ley de Reforma Política en 1977 y culmina con los grandes acuerdos como la Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa y el reconocimiento de las autonomías. Desde la academia, existen dos posturas sobre su interpretación. Por un lado, algunos autores consideran que los líderes políticos acometieron con una labor positiva al dejar a un lado sus diferencias ideológicas y cooperar en la estructuración del nuevo sistema político. Por otro lado, una serie de académicos consideran que la transición fue un proceso pactado entre las élites político-económicas que produjo una democracia imperfecta con una débil legitimidad.

Ambas visiones definen la transición española como un proceso pilotado por las élites nacionales, pactado entre ambas y continuista -en contraposición con la transición rupturista de Portugal- al emanar de la legitimidad del régimen anterior. Este foco de atención en el nivel nacional y en el autonómico ha dejado de lado el estudio y análisis de los gobiernos locales durante esta etapa.

Si la transición política empezó en 1975, las primeras elecciones municipales no se produjeron hasta abril de 1979. A grandes rasgos, los municipios estaban inmersos en una situación conflictiva. En primer lugar, coexistieron unas corporaciones locales con una legitimidad no democrática durante los cuatro primeros años de la Transición. En segundo lugar, la mayoría de los municipios estaban necesitados de una racionalización de los servicios públicos, especialmente en los núcleos urbanos desbordados por el crecimiento demográfico. En tercer lugar, la tensión existente entre la UCD y los partidos de la izquierda, PSOE y PCE, que reclamaban unos “ayuntamientos democráticos” debido al retraso de las elecciones locales. Una pregunta que falta responder en nuestra historia es si los ayuntamientos fueron claves o no en este paso hacia la democracia.