falta de representatividad
Geriátricos políticos
La carrera política en España tiene un recorrido multinivel. A grandes rasgos, el inicio se produce en el gobierno local, siendo alcalde o concejal con responsabilidades ejecutivas en el ayuntamiento. Al cabo de uno o dos mandatos, unos reducidos sujetos que han ejercido funciones en el ejecutivo municipal son promocionados como diputados autonómicos y/o nacionales. Bien se puede dar el caso, de ser primero parlamentario regional y posteriormente pasar al Congreso. Finalmente, el diputado puede formar parte del gobierno con un puesto como ministro o secretario de Estado. Y si la cosa sigue adelante, acabar en alguno de los conocidos cementerios de elefantes.
Los “geriátricos políticos” o instituciones dirigidas hipotéticamente a aprovechar el bagaje de estos profesionales son variados. Entre ellos, se encuentra el Senado, un lugar que puede servir tanto de premio por la labor desempeñada en el partido como una forma de deshacerse de elementos incómodos. La diplomacia es otro lugar donde aparcar a estos ancianos que comparten silla con la vieja aristocracia castellana. Ahí está el reciente Wert que ha acabado en París por destruir nuestro sistema educativo. Y como no, las instituciones europeas y supranacionales que suponen una forma de salida de lo que podría definirse la esfera del Estado.
Estos días se habla del caso del Yak-42 y de Ignacio Trillo. El Peter Baelish del aznarismo. El político perfecto que a todos cae bien y dispuesto a gestionar los temas más truculentos, taimados y sucios que necesite el príncipe. Parece que la justicia no alcanzará a Trillo después de regresar de su idílico exilio inglés, quien ya solicita ser integrado en el castizo Consejo de Estado que representa a la sociedad tanto como un simio al conjunto de los mamíferos.
El colchón de los corruptos
La élite política en general, y la española en particular, suelen ser cómplices de una práctica llamada corporativismo. Esta fórmula de organización consiste en la toma de decisiones a puerta cerrada con un grupo de participantes definidos. De aquí, salen decisiones en los sectores estratégicos y energéticos que después simplemente serán tramitados en comisiones parlamentarias sin ninguna capacidad de modificar lo que se ha decidido en un lugar fuera de la cámara nacional. Véase las subidas en los precios de las eléctricas, la expansión de una empresa nacional o lo referente a un monopolio público.
Cuando los ministros y parlamentarios españoles se retiran de la representación política vuelven al agujero del que salieron sus normas y decretos. Así fue, como muchos entre los que podemos citar Zaplana o el reciente Rato acaban como directivos en grandes empresas como Telefónica. La razón que lleva a que las compañías efectúen estos fichajes estrella es doble. Por un lado, la devolución del favor a un político que influyó decisivamente para que las decisiones de la empresa fuesen protegidas y garantizadas mediante leyes emanadas del poder legislativo y ejecutivo. Por otro lado, el mantener un valor efectivo que incluye una imagen pública, una red de contactos y un gran poder de influencia frente a las instituciones en las que el mismo fichaje ya estuvo o conoció anteriormente.
Es una vergüenza lo de Rato. Ese hecho es indudable, después del escándalo de Bankia. Lo que es más preocupante es que esta práctica se siga produciendo a día de hoy. Rato es sólo una gota en un océano, donde las grandes corporaciones tienden a implantar prácticas corporativistas en la toma de decisiones políticas y a absorber a los antes representantes del pueblo para sus intereses particulares que no son los del interés general. Y como se puede observar, ni los mismos partidos políticos tienen capacidad para responder ante estas situaciones que son fruto de la decisión de una empresa y la particular del sujeto en cuestión fichado por la multinacional. Los mismos detentadores y productores del Derecho consienten la misma violación de la norma como normalidad institucional.
Francisco Collado Campaña 