El colchón de los corruptos

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imagesLa élite política en general, y la española en particular, suelen ser cómplices de una práctica llamada corporativismo. Esta fórmula de organización consiste en la toma de decisiones a puerta cerrada con un grupo de participantes definidos. De aquí, salen decisiones en los sectores estratégicos y energéticos que después simplemente serán tramitados en comisiones parlamentarias sin ninguna capacidad de modificar lo que se ha decidido en un lugar fuera de la cámara nacional. Véase las subidas en los precios de las eléctricas, la expansión de una empresa nacional o lo referente a un monopolio público.

Cuando los ministros y parlamentarios españoles se retiran de la representación política vuelven al agujero del que salieron sus normas y decretos. Así fue, como muchos entre los que podemos citar Zaplana o el reciente Rato acaban como directivos en grandes empresas como Telefónica. La razón que lleva a que las compañías efectúen estos fichajes estrella es doble. Por un lado, la devolución del favor a un político que influyó decisivamente para que las decisiones de la empresa fuesen protegidas y garantizadas mediante leyes emanadas del poder legislativo y ejecutivo. Por otro lado, el mantener un valor efectivo que incluye una imagen pública, una red de contactos y un gran poder de influencia frente a las instituciones en las que el mismo fichaje ya estuvo o conoció anteriormente.

Es una vergüenza lo de Rato. Ese hecho es indudable, después del escándalo de Bankia. Lo que es más preocupante es que esta práctica se siga produciendo a día de hoy. Rato es sólo una gota en un océano, donde las grandes corporaciones tienden a implantar prácticas corporativistas en la toma de decisiones políticas y a absorber a los antes representantes del pueblo para sus intereses particulares que no son los del interés general. Y como se puede observar, ni los mismos partidos políticos tienen capacidad para responder ante estas situaciones que son fruto de la decisión de una empresa y la particular del sujeto en cuestión fichado por la multinacional. Los mismos detentadores y productores del Derecho consienten la misma violación de la norma como normalidad institucional.

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