corporativismo
Nueva reseña sobre la economía del procomún de Jeremy Rifkin
La Revista Mexicana de Sociología (RMS), en su número 78, recoge una reseña de Francisco Collado Campaña sobre la monografía La sociedad de coste marginal cero de Jeremy Rifkin. En dicha reseña se propone el enfoque de una economía poscarbono y sostenible que ha influido en la política energética promovida desde las Naciones Unidas y la Unión Europea. Dicho cambio económico se basa en la apuesta audaz por una economía más cívica y liberalizada entre las personas y las empresas. Para ello, el autor se apoya en un recorrido histórico de la Historia de la Economía centrándose principalmente en los procesos de intercambio. Esta visión queda englobado en lo que Rifkin denomina la «economía del procomún» y «procomún colaborativo». No obstante, este nuevo modelo económico implicaría la desaparición de los tradicionales corporativismos ejercidos tanto desde las instancias públicas como privadas. De forma que, este modelo se basa en la lógica de colectivos como Blablacar, Uber y Wimdu, entre otros donde existe una relación contractual directa entre distintos particulares sin mediación de terceros.
La reseña se puede consultar en el siguiente enlace de la Revista Mexicana de Sociología perteneciente a la Universidad Autónoma de México (UNAM): <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/article/download/53490/47572>
El aprendizaje de la Invisible: de la cultura vetusta a la abierta
El actual caso de la Casa Invisible y su pervivencia como una institución reconocida legal y socialmente por distintos autores, músicos y escritores; viene a ejemplificar el cambio de orientación de una política pública municipal y el aprendizaje institucional a través de la reacción de un actor político, el colectivo de artistas e intelectuales ajenos al establishment del municipio; frente a la política corporativa de promoción cultural realizada desde el consistorio hasta 2011. Además, lo que originariamente parecía ser un conflicto entre artistas, los oficiales y los no oficiales, por acceder a la arena cultural también comenzó siendo un conflicto entre políticas culturales con distintos objetivos y fines orientadas desde gobiernos de diferentes niveles y signo político.
A principios de la década de 2000, la Diputación Provincial de Málaga gobernada, por PSOE e IU, puso en marcha distintas iniciativas para promover a jóvenes creadores y artistas alternativos al mercado local de la mano del gestor cultural Antonio Troyano. Entre estas actuaciones se incluían las muestras itinerantes de obras plásticas, la publicación de obras colectivas (poesía, narrativa, teatro) y otras dirigidas a difundir a estos artistas. Mientras tanto, el PP de la capital malagueña había desarrollado una política corporativista destinada a continuar con la publicación de colecciones de autores e intelectuales pertenecientes a las élites locales y las familias tradicionales.
En 2005, las actuaciones de los artistas más jóvenes e innovadores culminó con su institucionalización a través de la creación de una entidad privada, El Gabinete de Hyde, promovida por Antonio Troyano y ya escindida de la política cultural de la Diputación Provincial e instalada en la conocida calle Nosquera 9-11. El inmueble donde se había situado disponía de tres plantas y amplias salas para distintos usos: galería de arte, alquiler de aulas, imprenta, etc. Dos años más tarde, la entidad de Troyano cierra sus instalaciones para trasladarse a un local más pequeño y reconvertir el Gabinete en una empresa de gestión cultural.
Ante esta situación, distintos colectivos antiglobalización y artistas e intelectuales provenientes de la autogestión cultural deciden ocupar el local de Nosquera durante la celebración del Festival de Cine de Málaga en 2007 y ofrecer una agenda cultural alternativa (conciertos, teatro, etc.) durante esos días. A partir de esa experiencia, la ocupación del inmueble se hace efectiva y se habilita por parte de los grupos implicados siguiendo el ejemplo del Patio de Maravillas en Madrid y la Tabacalera en Barcelona. En los próximos años, estos grupos reafirman su intención de continuar con el proyecto, al que bautizan como «Casa Invisible», mientras el Ayuntamiento desea implementar en el mismo edificio una incubadora de empresas. Si bien, la situación se silencia y se mantiene el status quo de la ocupación, que gana apoyo de distintos intelectuales e instituciones como la Diputación Provincial, mientras las instancias municipales se mantienen inactivas por su parte.
En 2011, tanto la Diputación de Málaga como el Ayuntamiento de la capital son del mismo color político y con la intención de evitar el conflicto entre las posturas de ambas instituciones se decide llegar a un acuerdo con los artistas de la Casa Invisible y la Junta de Andalucía a través de un convenio. En este convenio se exige a los colectivos implicados a asumir los gastos de inmueble y mantener una agenda cultural a lo largo del año, mientras que el Ayuntamiento y la Diputación reconocen la legalidad del proyecto. A su vez, el consistorio malagueño aprende de esta experiencia y cambia su política cultural corporativista: eliminando las colecciones de artistas veteranos realizadas por la concejalía de Cultura e implementa espacios colectivos para jóvenes artistas (Caja Blanca, locales de ensayo, etc.) a través de la delegación de Juventud, De esta forma, se observa como la reacción original de los colectivos ocupantes del edificio de calle Nosquera llevó a un cambio de orientación en la política cultural del Ayuntamiento de Málaga cambiando los fines de la misma, que deja de ser élites para convertirse en una política cultural abierta a nuevos creadores.
Seguridad ciudadana, inseguridad turística
La nueva norma de seguridad ciudadana ha suscitado muchas críticas. En primer lugar, la inseguridad jurídica que produce al conferirle autoridad policial a los vigilantes privados de los centros comerciales. Lo que permite que algunas empresas puedan disponer de agentes con un carácter policial, es decir, se trata una nueva fórmula de Estado corporativista policial. Con todas las consecuencias que ello puede tener contra los derechos individuales y el imperio de la ley.
Sin embargo, más peligroso es el aumento de la securización. La securización o la definición en qué ámbitos de la vida política, económica y social, están considerados de forma pertinente y oportuna para la intervención de la violencia legítima más directa del Estado, convierte a muchos ciudadanos en criminales y delincuentes. En esta nuestra época de crisis y sufrimiento, la respuesta del Gobierno no pasa tanto por ayudar a las personas, sino en criminalizar conductas y aumentar el ejercicio de la fuerza física. Otra cosa, que también se puede discutir es hasta qué punto es legítimo ese ejercicio de la violencia por actores ajenos al Estado.
Por último e igual de importante para aquellas zonas de España que viven del turismo es que cualquier “segurata” puede actuar como un policía. Y ciertamente, es difícil pedirle a la seguridad privada que ostenten los mismos valores que la policía en el ejercicio de capacidades similares. Dicho de otra forma, se abre la puerta al chantaje y la posible extorsión de turistas, como hace la policía marroquí y otros cuerpos de dudosa fiabilidad. Este tipo de comportamientos pueden dañar y afectar negativamente a una de nuestras pocas fuentes de ingresos que reside en los servicios turísticos.
El colchón de los corruptos
La élite política en general, y la española en particular, suelen ser cómplices de una práctica llamada corporativismo. Esta fórmula de organización consiste en la toma de decisiones a puerta cerrada con un grupo de participantes definidos. De aquí, salen decisiones en los sectores estratégicos y energéticos que después simplemente serán tramitados en comisiones parlamentarias sin ninguna capacidad de modificar lo que se ha decidido en un lugar fuera de la cámara nacional. Véase las subidas en los precios de las eléctricas, la expansión de una empresa nacional o lo referente a un monopolio público.
Cuando los ministros y parlamentarios españoles se retiran de la representación política vuelven al agujero del que salieron sus normas y decretos. Así fue, como muchos entre los que podemos citar Zaplana o el reciente Rato acaban como directivos en grandes empresas como Telefónica. La razón que lleva a que las compañías efectúen estos fichajes estrella es doble. Por un lado, la devolución del favor a un político que influyó decisivamente para que las decisiones de la empresa fuesen protegidas y garantizadas mediante leyes emanadas del poder legislativo y ejecutivo. Por otro lado, el mantener un valor efectivo que incluye una imagen pública, una red de contactos y un gran poder de influencia frente a las instituciones en las que el mismo fichaje ya estuvo o conoció anteriormente.
Es una vergüenza lo de Rato. Ese hecho es indudable, después del escándalo de Bankia. Lo que es más preocupante es que esta práctica se siga produciendo a día de hoy. Rato es sólo una gota en un océano, donde las grandes corporaciones tienden a implantar prácticas corporativistas en la toma de decisiones políticas y a absorber a los antes representantes del pueblo para sus intereses particulares que no son los del interés general. Y como se puede observar, ni los mismos partidos políticos tienen capacidad para responder ante estas situaciones que son fruto de la decisión de una empresa y la particular del sujeto en cuestión fichado por la multinacional. Los mismos detentadores y productores del Derecho consienten la misma violación de la norma como normalidad institucional.
Francisco Collado Campaña 