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Seguridad ciudadana, inseguridad turística

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La nueva norma de seguridad ciudadana ha suscitado muchas críticas. En primer lugar, la inseguridad jurídica que produce al conferirle autoridad policial a los vigilantes privados de los centros comerciales. Lo que permite que algunas empresas puedan disponer de agentes con un carácter policial, es decir, se trata una nueva fórmula de Estado corporativista policial. Con todas las consecuencias que ello puede tener contra los derechos individuales y el imperio de la ley.

Sin embargo, más peligroso es el aumento de la securización. La securización o la definición en qué ámbitos de la vida política, económica y social, están considerados de forma pertinente y oportuna para la intervención de la violencia legítima más directa del Estado, convierte a muchos ciudadanos en criminales y delincuentes. En esta nuestra época de crisis y sufrimiento, la respuesta del Gobierno no pasa tanto por ayudar a las personas, sino en criminalizar conductas y aumentar el ejercicio de la fuerza física. Otra cosa, que también se puede discutir es hasta qué punto es legítimo ese ejercicio de la violencia por actores ajenos al Estado.

Por último e igual de importante para aquellas zonas de España que viven del turismo es que cualquier “segurata” puede actuar como un policía. Y ciertamente, es difícil pedirle a la seguridad privada que ostenten los mismos valores que la policía en el ejercicio de capacidades similares. Dicho de otra forma, se abre la puerta al chantaje y la posible extorsión de turistas, como hace la policía marroquí y otros cuerpos de dudosa fiabilidad. Este tipo de comportamientos pueden dañar y afectar negativamente a una de nuestras pocas fuentes de ingresos que reside en los servicios turísticos.