Administración
El ocaso de las instituciones
Decir que el liderazgo político en particular y la política en general, alcanzan sus horas más bajas, no es una afirmación nueva. No es un conocimiento añadido. Ni mucho menos una noticia. Pocos son los líderes que a día de hoy gozan de una valoración no ya positiva, sino que al menos alcance un aprobado según los barómetros del CIS. Todo ello dentro de una época donde en lugar de la política de consenso que debiera primar y se echa en falta, se ha pasado de la política de la crispación a la política de la tribu. Puertas cerradas, olor a cerrado y cada cual con su progenie.
Si se observa la valoración de los líderes que han ocupado el poder ejecutivo en España se demuestra que existe una caída continuada según señala Estefanía y otros intelectuales, desde 2004 hasta la actualidad en las personas que han ocupado dicha institución. De esta forma, la pésima valoración de Rajoy es parte de la herencia recibida del anterior Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no se debe entender esto como la «herencia» de la que hablaba Mariano en sus primeros días tras las elecciones de 2011. Esta herencia maldita no tiene como causa única de la gestión de los socialistas desde 2004 hasta 2008. Al contrario, el principal factor que incide en su creación es la tónico y el estilo de liderazgo que se ha ejercido hasta la actualidad, muy distinto al de los primeros años de la democracia que debía basarse en el consenso y el diálogo.
En base a dicha herencia, se observa como la pérdida de confianza no se produce ya simplemente en el individuo, sino también en la institución que ocupa, como es el caso de la Presidencia del Gobierno. Durante mucho tiempo la Ciencia de la Administración ha intentado separar sujeto y estructura, cuando se observa que la dinámica de los integrantes de las instituciones afecta directamente a la confianza que se profesa hacia la misma. De esta forma, se pierde confianza no ya sólo en la misma política, sino en la misma capacidad de organización formal del ser humano, y promoviendo otros métodos informales como los círculos de personas y las concentraciones espontáneas. Esto indica que está llegando el ocaso de la política y el albor de la anti-política en torno a liderazgos mesiánicos.
Un alcalde folclórico, feminazismo y amenazas
Al son de una malagueña, nunca mejor dicho frente a las tradicionales sevillanas de Feria, se mueve en la opinión pública un asunto arduo. La denuncia presentada por violación de una chica que trabajaba en el Real frente a cinco jóvenes empezó siendo una comidilla y reunía todos los ingredientes necesarios para que el peso de la ley cayera sobre los que por aquel entonces daban la imágenes de unos depravados. Cinco sujetos, con su correspondiente estética y pertenecientes a una de las barriadas conflictivas de la ciudad, habían perpetrado un hecho atroz. Dos días después, el funcionamiento de la institución judicial dio sus frutos poniendo en duda dicha denuncia y dicha violación.
Al respecto se han pronunciado todos y todas, el alcalde Francisco de la Torre que ha demostrado tener la comprensión y el compromiso de un cardo borriquero. Los medios locales con su ritual de disculpas atrasadas e incumplimiento anticipado de la presunción de inocencia. Y como no, los fanáticos y las fanáticas del feminismo radical para quienes el maltrato de los hombres es algo tan irreal como una hipopótamo verde. Lo que ha quedado claro es que el sentido común a quedado por los suelos. Y la gota que colmó el vaso ha llegado con las amenazas e insultos que se han perpetrado contra la jueza.
En un país, donde se pone en duda la labor de los tribunales y por ende, del Estado de Derecho, sólo cabe esperar que los conflictos se diriman entre particulares. A través de duelos, persecuciones y amotinamientos. Las feministas que defienden la igualdad esperan una justicia medieval en una democracia a la que acusan de no serlo. Por no ser una democracia mujer. Este tipo de corrientes ideológicas son tan peligrosas como un alcalde que suaviza el sufrimiento de una supuesta violación. Entre tanta mierda, ambos andan en el mismo lodazal. Mientras tanto, este asunto ha demostrado que el problema no es sólo de género por ser hombres los hipotéticos violadores, sino que también es de clase por pertenecer a una zona marginada. Por lo que, todo no es el género.
Ineficiencias injustificadas en el sector público
La normativa española en un intento de mejorar la efectividad de sus recursos creó en su día la figura de los organismos autónomos contemplada en la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Una suerte de apéndices con funciones concretas de los que se espera una lógica distinta a la de la tradicional burocracia weberiana y que se rige por el principio de descentralización. Además, se inserta una lógica de tipo empresarial en la que se espera una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos y una mayor productividad. El problema de la mayoría de los organismos autónomos es que la composición de sus gestores y mandos intermedios es política, estando dirigidos por cargos de confianza política y siendo en muchas ocasiones, una recompensa partidista por algún favor o un cementerio de elefantes.
Si en un organismo autónomo aparecen dos ofertas de contrato público para la comisión de un proyecto, existen varios criterios para su adjudicación en caso de que tengan una asignación presupuestaria reducida y un carácter urgente. En primer lugar, se puede optar por acudir a las personas que en un primer momento trabajaron en dicho proyecto y comunicándoles la oferta por orden de mérito descendente y en base a criterios técnicos. En segundo lugar, se pueden publicar dichas ofertas y resolverlas en un plazo de tiempo reducido en base al principio de publicidad. Ahora bien, ¿qué sucede si se opta por la primera opción, pero se obvian los criterios meritocráticos? No hay que decir que vulnerando ya de por sí el principio de publicidad, se gestiona la oferta de dichos contratos de forma personalista y arbitraria.
Pensemos que las dos plazas se conceden a personas por su afinidad personal, política y emotiva. En este caso, se espera un buen rendimiento porque ambas personas pueden trabajar a gusto, coordinar las salidas al café, se evitan discusiones sobre fútbol o religión o posiciones políticas en el lugar de trabajo y se crea un clima favorable para la amistad. ¿Pero este es el funcionamiento que debiera tener una Administración racionalizada? ¿O esto es más bien, una posición de favoritismo y discriminación hacia otros compañeros y compañeras, los cuales ni sabían que se habían adjudicada dichos contratos? En todo caso, se desvirtúan los principios y criterios que deben de regir el funcionamiento de los organismos autónomos, siendo cómplices tanto los gestores como los adjudicatarios y cayendo en el favoritismo. La creación de bolsas de empleo sería una solución sencilla y justa a esta connivencia entre contratante y contratado. Estas lagunas legales de la Administración son los que producen más que tristeza, frustración. Frustración por saber que personas que dicen defender la igualdad y la transparencia sólo defienden más de lo mismo. Nada nuevo bajo el Sol.
Administración kafkiana
El hecho de someterse a un procedimiento administrativo es una práctica común en el Derecho Administrativo. Es la forma en la que los ciudadanos se relacionan con un ente formado por instituciones y organismos de los que obtienen determinados incentivos positivos y negativos para desarrollar multitud de facultades, obtener información, ejercer derechos y un largo etcétera. Cuando se desarrolló la transición a la democracia, fue necesario suprimir y actualizar diferentes normas administrativas coherentes con los nuevos tiempos.
A fechas del presente y especialmente en el Gobierno Central, se está buscando agilizar y hacer más eficaz a la Administración. Dicho de otra forma, evitar procedimientos largos y costosos en términos económicos. Lo cual se está llevando a cabo de una forma desastrosa. Y es que, con procedimientos rápidos, lo que se consigue es un funcionamiento más que ineficaz, injusto de las instituciones en sus relaciones con los administrados.
Esa filosofía de concebir no ya sólo a las empresas públicas, sino al conjunto de la Administración como un ente basado en la competitividad y la ley del mercado es un buen ingrediente. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha seguido este lema hasta sus últimas consecuencias. Y ciertamente, las últimas consecuencias es que la Administración española se ha convertido en una suerte de universo kafkiano. Un lugar donde haga lo que haga el sujeto, se expone a la incertidumbre constante sobre su destino y la certidumbre de la inutilidad de esta institución.
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