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El fraude magenta

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Propuesta sobre la mesa una posible alianza entre Ciudadanos y UPyD de mano de Sosa Wagner y bien acogida por Rivera y Nart, ha sido bien desechada por la dirección de Rosa Díez. O mejor dicho, por la misma Rosa, que se justifica afirmando que su partido podría sufrir si se convirtiese en una coalición centrista al modo de la antigua UCD. El arribafirmante se desconoce si Rosa se observa a sí misma como una reencarnación de Adolfo Suárez o alguna suerte de figura mítica que separa las aguas (PP y PSOE) de un mar (bipartidismo). Con sinceridad, UPyD reúne entre uno de sus factores de constitución propiciar a Díez el liderazgo que no pudo tener tras su derrota ante Zapatero como Secretaria General de los socialistas.

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Todo esto es prácticamente absurdo y probablemente Ciudadanos obtenga una cuota de los votos de UPyD ya que son barcos que pescan en el mismo caladero. Por su parte, el partido de Rivera ha tejido una estructura interna que funciona de un modo más eficaz en términos de rendimiento político que la ola magenta. A lo largo de su creación, Ciudadanos ha trabajado con un estilo pactista creando redes con pequeños partidos regionales y de similar posición ideológica, además de disfrutar de una transparencia intachable en comparación con otros partidos de la nueva ola como UPyD y Podemos.

Ahora si bien, queda una pregunta en torno a la cuestión de UPyD. Hemos visto como en los últimos diez años han aparecido una serie de partidos que independientemente de su ideología suponen una alternativa al tradicional bipartidismo. Hablamos de Ciudadanos, Equo, Ganemos y Podemos, entre otros; que responden a esos valores postmaterialistas como el bienestar individual, la transparencia o la recuperación del valor del sujeto en la participación política. La pregunta que es difícil de responder es si UPyD pertenece a esta nueva ola, o si simplemente es una marca blanda de los otros dos partidos-cartel.

Ineficiencias injustificadas en el sector público

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La normativa española en un intento de mejorar la efectividad de sus recursos creó en su día la figura de los organismos autónomos contemplada en la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Una suerte de apéndices con funciones concretas de los que se espera una lógica distinta a la de la tradicional burocracia weberiana y que se rige por el principio de descentralización. Además, se inserta una lógica de tipo empresarial en la que se espera una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos y una mayor productividad. El problema de la mayoría de los organismos autónomos es que la composición de sus gestores y mandos intermedios es política, estando dirigidos por cargos de confianza política y siendo en muchas ocasiones, una recompensa partidista por algún favor o un cementerio de elefantes.

Si en un organismo autónomo aparecen dos ofertas de contrato público para la comisión de un proyecto, existen varios criterios para su adjudicación en caso de que tengan una asignación presupuestaria reducida y un carácter urgente. En primer lugar, se puede optar por acudir a las personas que en un primer momento trabajaron en dicho proyecto y comunicándoles la oferta por orden de mérito descendente y en base a criterios técnicos. En segundo lugar, se pueden publicar dichas ofertas y resolverlas en un plazo de tiempo reducido en base al principio de publicidad. Ahora bien, ¿qué sucede si se opta por la primera opción, pero se obvian los criterios meritocráticos? No hay que decir que vulnerando ya de por sí el principio de publicidad, se gestiona la oferta de dichos contratos de forma personalista y arbitraria.

Pensemos que las dos plazas se conceden a personas por su afinidad personal, política y emotiva. En este caso, se espera un buen rendimiento porque ambas personas pueden trabajar a gusto, coordinar las salidas al café, se evitan discusiones sobre fútbol o religión o posiciones políticas en el lugar de trabajo y se crea un clima favorable para la amistad. ¿Pero este es el funcionamiento que debiera tener una Administración racionalizada? ¿O esto es más bien, una posición de favoritismo y discriminación hacia otros compañeros y compañeras, los cuales ni sabían que se habían adjudicada dichos contratos? En todo caso, se desvirtúan los principios y criterios que deben de regir el funcionamiento de los organismos autónomos, siendo cómplices tanto los gestores como los adjudicatarios y cayendo en el favoritismo. La creación de bolsas de empleo sería una solución sencilla y justa a esta connivencia entre contratante y contratado. Estas lagunas legales de la Administración son los que producen más que tristeza, frustración. Frustración por saber que personas que dicen defender la igualdad y la transparencia sólo defienden más de lo mismo. Nada nuevo bajo el Sol.