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Calidad en la academia

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sheldon La presente podría ser el inicio de una reflexión sobre los cambios políticos que se están sucediendo. No obstante, la prontitud de los hechos muchas veces lleva a opinar con la fugacidad que caracteriza a los periodistas. En cambio y ante el presente fin el curso, es oportuno reflexionar sobre la obsesión de «calidad» en la docencia y la investigación que se está insertando recientemente en España. Desde el Gobierno de Rajoy, se han recortado ayudas a la investigación, se han reducido recursos a las universidades y se han aumentado las exigencias al personal investigador, inclusive el personal en formación.

La universidad y las universidades españolas, entre ellas las más antiguas especialmente, están repletas de senectudes con escasos méritos y poco preocupados por la enseñanza. De hecho, muchos estudiantes saben el nombre de catedráticos que llevan sin actualizar sus apuntes más de una década. Esto permite que los apuntes que el arribafirmante usase en sus estudios de Periodismo allá por 2003 y 2004 sean válidos aún a fechas de hoy para aprobar las asignaturas. En concreto, me refiero al caso de algunos catedráticos y profesores titulares que nada más acabar la tesis y en menos de una década se hicieron con dicha plaza, pasando a ser funcionarios. Por lo que, con menos de cuarenta años ya estaba solucionado y su preocupación presente pasa más por la influencia o la política académica que por la calidad de sus producciones científicas y sus clases.

Por otro lado, la nueva generación de investigadores y docentes desde su etapa predoctoral y anterior incluso al doctorado se les exige «calidad»: artículos de impacto, congresos internacionales, renombre internacional, pertenencia a comités internacionales, etc. Una calidad que no se exigió ni en su vejez ni en su juventud a los despreocupados de los que hemos hablado anteriormente. Y es que ciertamente, para que un joven académico que aún no roza la treintena es difícil reunir esos méritos, que en la mayoría de las ocasiones requieren de una dosis combinada de influencia, poder y recursos económicos. Algo que queda fuera del alcance de una persona que aún no se ha matriculado ni siquiera en el curso de doctorado. A ello, hay que añadir que han aumentado otras exigencias como el tiempo de finalización del doctorado, reduciendo el tiempo de reflexión a veces necesario.

El sistema de carrera académica español, con una oscura similitud con el italiano, espera que después de décadas de ineficacia, la nueva hornada acometa con los cambios que sus mayores no realizaron. Y es que, lo más irónico del asunto es que entre los comités científicos que evalúan dicha «calidad» se encuentran algunas de estas senectudes despreocupadas. Afortunadamente, una de las pocas luces que brilla en este túnel del cambio es la presencia de honrados catedráticos y profesores titulares que sí están realmente comprometidos con su traajo.

Sin embargo, una cuestión fundamental sería redefinir el concepto de «calidad» y las necesidades económicas y técnicas que requiere realmente esa meta, porque si la calidad no se paga se pierde, como está sucediendo con muchos investigadores que abandonan el país para encontrar destinos mejores. Por ejemplo, el reciente caso de una doctoranda de la Universidad de Jaén, Leticia Díaz, que ha trabajado sobre los genes que influyen en el autismo sin asignación presupuestaria durante un año y debido a los recortes económicos en su proyecto. Finalmente, la Universidad de Harvard ha decidido contratarla durante varios años. Mientras tanto, Wert o Rajoy o el espíritu de Aznar aspiran a que la calidad sea una meta imposible en España, pero posible para los investigadores españoles en el extranjero.

Ineficiencias injustificadas en el sector público

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La normativa española en un intento de mejorar la efectividad de sus recursos creó en su día la figura de los organismos autónomos contemplada en la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Una suerte de apéndices con funciones concretas de los que se espera una lógica distinta a la de la tradicional burocracia weberiana y que se rige por el principio de descentralización. Además, se inserta una lógica de tipo empresarial en la que se espera una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos y una mayor productividad. El problema de la mayoría de los organismos autónomos es que la composición de sus gestores y mandos intermedios es política, estando dirigidos por cargos de confianza política y siendo en muchas ocasiones, una recompensa partidista por algún favor o un cementerio de elefantes.

Si en un organismo autónomo aparecen dos ofertas de contrato público para la comisión de un proyecto, existen varios criterios para su adjudicación en caso de que tengan una asignación presupuestaria reducida y un carácter urgente. En primer lugar, se puede optar por acudir a las personas que en un primer momento trabajaron en dicho proyecto y comunicándoles la oferta por orden de mérito descendente y en base a criterios técnicos. En segundo lugar, se pueden publicar dichas ofertas y resolverlas en un plazo de tiempo reducido en base al principio de publicidad. Ahora bien, ¿qué sucede si se opta por la primera opción, pero se obvian los criterios meritocráticos? No hay que decir que vulnerando ya de por sí el principio de publicidad, se gestiona la oferta de dichos contratos de forma personalista y arbitraria.

Pensemos que las dos plazas se conceden a personas por su afinidad personal, política y emotiva. En este caso, se espera un buen rendimiento porque ambas personas pueden trabajar a gusto, coordinar las salidas al café, se evitan discusiones sobre fútbol o religión o posiciones políticas en el lugar de trabajo y se crea un clima favorable para la amistad. ¿Pero este es el funcionamiento que debiera tener una Administración racionalizada? ¿O esto es más bien, una posición de favoritismo y discriminación hacia otros compañeros y compañeras, los cuales ni sabían que se habían adjudicada dichos contratos? En todo caso, se desvirtúan los principios y criterios que deben de regir el funcionamiento de los organismos autónomos, siendo cómplices tanto los gestores como los adjudicatarios y cayendo en el favoritismo. La creación de bolsas de empleo sería una solución sencilla y justa a esta connivencia entre contratante y contratado. Estas lagunas legales de la Administración son los que producen más que tristeza, frustración. Frustración por saber que personas que dicen defender la igualdad y la transparencia sólo defienden más de lo mismo. Nada nuevo bajo el Sol.