Administración
Calidad en la academia
La presente podría ser el inicio de una reflexión sobre los cambios políticos que se están sucediendo. No obstante, la prontitud de los hechos muchas veces lleva a opinar con la fugacidad que caracteriza a los periodistas. En cambio y ante el presente fin el curso, es oportuno reflexionar sobre la obsesión de «calidad» en la docencia y la investigación que se está insertando recientemente en España. Desde el Gobierno de Rajoy, se han recortado ayudas a la investigación, se han reducido recursos a las universidades y se han aumentado las exigencias al personal investigador, inclusive el personal en formación.
La universidad y las universidades españolas, entre ellas las más antiguas especialmente, están repletas de senectudes con escasos méritos y poco preocupados por la enseñanza. De hecho, muchos estudiantes saben el nombre de catedráticos que llevan sin actualizar sus apuntes más de una década. Esto permite que los apuntes que el arribafirmante usase en sus estudios de Periodismo allá por 2003 y 2004 sean válidos aún a fechas de hoy para aprobar las asignaturas. En concreto, me refiero al caso de algunos catedráticos y profesores titulares que nada más acabar la tesis y en menos de una década se hicieron con dicha plaza, pasando a ser funcionarios. Por lo que, con menos de cuarenta años ya estaba solucionado y su preocupación presente pasa más por la influencia o la política académica que por la calidad de sus producciones científicas y sus clases.
Por otro lado, la nueva generación de investigadores y docentes desde su etapa predoctoral y anterior incluso al doctorado se les exige «calidad»: artículos de impacto, congresos internacionales, renombre internacional, pertenencia a comités internacionales, etc. Una calidad que no se exigió ni en su vejez ni en su juventud a los despreocupados de los que hemos hablado anteriormente. Y es que ciertamente, para que un joven académico que aún no roza la treintena es difícil reunir esos méritos, que en la mayoría de las ocasiones requieren de una dosis combinada de influencia, poder y recursos económicos. Algo que queda fuera del alcance de una persona que aún no se ha matriculado ni siquiera en el curso de doctorado. A ello, hay que añadir que han aumentado otras exigencias como el tiempo de finalización del doctorado, reduciendo el tiempo de reflexión a veces necesario.
El sistema de carrera académica español, con una oscura similitud con el italiano, espera que después de décadas de ineficacia, la nueva hornada acometa con los cambios que sus mayores no realizaron. Y es que, lo más irónico del asunto es que entre los comités científicos que evalúan dicha «calidad» se encuentran algunas de estas senectudes despreocupadas. Afortunadamente, una de las pocas luces que brilla en este túnel del cambio es la presencia de honrados catedráticos y profesores titulares que sí están realmente comprometidos con su traajo.
Sin embargo, una cuestión fundamental sería redefinir el concepto de «calidad» y las necesidades económicas y técnicas que requiere realmente esa meta, porque si la calidad no se paga se pierde, como está sucediendo con muchos investigadores que abandonan el país para encontrar destinos mejores. Por ejemplo, el reciente caso de una doctoranda de la Universidad de Jaén, Leticia Díaz, que ha trabajado sobre los genes que influyen en el autismo sin asignación presupuestaria durante un año y debido a los recortes económicos en su proyecto. Finalmente, la Universidad de Harvard ha decidido contratarla durante varios años. Mientras tanto, Wert o Rajoy o el espíritu de Aznar aspiran a que la calidad sea una meta imposible en España, pero posible para los investigadores españoles en el extranjero.
Aire fresco en los municipios
El efecto d
e alteración y fragmentación de las fuerzas políticas participantes en el sistema de partidos andaluz ha alcanzado a las corporaciones locales. Después de la intensa jornada del 24M, se han producido hechos política y técnicamente únicos, pero no ilógicos en el actual panorama de crisis. Primero, los populares han sido desbancados de sus plazas fuertes en Madrid y Valencia junto a los democristianos en Barcelona. Segundo, algunas comunidades autónomas han perdido el fuelle de los populares como Extremadura y otras que aún están por ver después de los futuros pactos. Tercero, los cuarteles de invierno andaluces del PP, es decir, las capitales de provincia se han visto resentidas quedando en gran parte pendientes de pactos de gobierno para investir a sus alcaldes al no gozar de mayoría absoluta. Mención a parte de Cádiz con un arrollador éxito de la candidatura de Podemos y del PSOE en Huelva.
La fragmentación de la partitocracia local ha sido acogida entre amplias capas de la sociedad, a excepción de una desesperanzada Esperanza Aguirre que ha ofrecido su apoyo a la investidura del candidato socialista, Carmona, en Madrid. Una oferta que ha sido rechazada de lleno por parte del PSOE que todavía se encuentra en ronda de negociaciones con el resto de fuerzas y habiendo sido Ahora Madrid la lista vencedora por encima de populares y socialdemócratas. Se abre un panorama de incertidumbre, pero a la vez de esperanza. Como dicen los orientales, una crisis no es sólo un momento negativo, sino también una ventana de oportunidad para el cambio hacia un horizonte mejor.
En otro orden de cosas, se presenta un panorama bastante interesante en la ciudad de Sevilla, donde el arribafirmante siguió la noche electoral en Ondaluz Sevilla. Por lo visto, aún para fechas de ayer un apagón de luz en el barrio de Los Remedios había impedido completar el escrutinio que debía haber finalizado durante la noche del domin
go. En torno a unos 15.000 votos que podrían cambiar la situación en un clásico feudo hispalense de los conservadores. No obstante, existen tanto las posibilidades de un supuesto pactos de las derechas para darle continuidad a Zoido o de izquierdas dando lugar a un gobierno apoyado a tres bandas. Si bien, el consistorio pasa a tener la mayor división de fuerzas políticas que había tenido hasta el momento.
La lección de esta jornada es que la “nacionalización” del voto en las elecciones locales es un fenómeno que se mantiene en el panorama español. Por lo que, muchos alcaldes y alcaldesas se ven afectados por la nefasta gestión de sus homólogos en el nivel autonómico y nacional. Aún así, los populares insisten en seguir apoyando a Rajoy. Misterios de la vida y cosas más extrañas se han visto. Por lo pronto, cualquier otra hipótesis sobre qué sucederá puede ser bastante arriesgada y puede quedar más en el campo del ocultismo que en el de las Ciencias Políticas.
La herencia recibida
Mariano Rajoy ha hecho del lema “la herencia recibida” una especie de cheque en blanco. Un cheque en blanco para recortar en servicios sociales, en dependencia, en educación y en otras tantas partidas. Las culpas eran de los socialistas que son unos “pésimos gestores”, aumentando el gasto público con sus recetas keynesianas. Ninguno de los populares sabían el estado de cuentas que se iban a encontrar en 2011 tras la pavorosa huída de Rodríguez Zapatero. Una alabanza a la ignorancia financiera. Sin embargo, la ignorancia más alabada aún estaba y está por llegar. Nadie parecer ser que sabía lo que se venía encima con la herencia de Aznar.
La retirada de Aznar en 2004 no fue sólo un ejercicio de limpieza democrática. También podría haberse catalogado como un ejercicio de limpieza moral, teniendo en cuenta que más de un tercio de sus ministros estaban y estarían mancillados por imputaciones y sentencias firmes por escándalos de corrupción. A los Álvarez Cascos, Zaplana y otros tantos se une estos días Rodrigo Rato. Y no es cualquiera, porque en aquellos años, Rato era el que tenía más papeletas para suceder a José María. Sin embargo, cuestiones del destino hicieron que Rajoy fuese el continuador del liderazgo entre los populares.
Así, Aznar dejaba toda una cohorte de gestores y tecnócratas entre los que había una buena banda de cuatreros. Estos señores que se han quejado de la herencia socialista, veremos ahora qué dicen de la herencia popular. Los tribunales y las fuerzas de seguridad están atando cabos ante un partido político que cada día pierde más confianza. Estos hechos son los que, especialmente, ya sea por su sobredimensionamiento o su gravedad están produciendo el ascenso de nuevas fuerzas políticas. Y serán estos nuevos partidos los que sojuzguen la “vieja política” o la “casta” por sus actos. Otra cosa es saber qué es viejo o nuevo, qué es casta o qué no.
Tu privacidad o tu bolsa
Entre las últimas novedades del Estado, se han presentado una serie de medidas dirigidas a sanear las cuentas públicas. Una de ellas consiste en la intromisión la vida privada de las personas, a través de programas-espía en las redes sociales, aspira a obtener información verídica sobre su riqueza y su renta. El objetivo de esta actuación estrella consiste en que la Agencia Tributaria pueda corroborar que las declaraciones de la renta de los particulares se correspondan fidedignamente con la auténtica realidad para evitar el fraude fiscal. Una idea inteligente ya que Facebook cuenta actualmente con 18 millones de usuarios españoles y 4,5 millones en Twitter.
Una segunda intervención que ha pasado desapercibida ante los medios es la que exige a todas las asociaciones y entidades no lucrativas a realizar la declaración de la renta, independientemente de los ingresos y gastos que hayan generado. En un intento también por obtener información sobre los auténticos recursos que disponen estos agentes sociales. Desde posiciones individualistas, estas actuaciones suponen una clara violación de la privacidad de los particulares, aunque tengan un objetivo de mayor envergadura como mejorar la recaudación del erario público. Y es que, se consolidan unos poderes públicos que además de reducir el Estado del Bienestar, violan los derechos de los sujetos en aras de un bien mayor.
Sin embargo, es preciso recordar que el derecho a la privacidad, desarrollado por a jurisprudencia, tiene un carácter variable según si se habla de un ciudadano corriente o de un representante político. La privacidad de los políticos y otras personas con responsabilidades públicas es inferior a la del resto de españoles y españolas. Nuestra clase política en general y los populares en particular, aspiran a igualar la privacidad de todos, siendo ésta una clara injusticia fundada en base una hipotética transparencia. Porque como ha demostrado la Lista Falciani, los auténticos defraudadores tienen nombres y apellidos y no son precisamente ciudadanos anónimos.
El aprendizaje de la Invisible: de la cultura vetusta a la abierta
El actual caso de la Casa Invisible y su pervivencia como una institución reconocida legal y socialmente por distintos autores, músicos y escritores; viene a ejemplificar el cambio de orientación de una política pública municipal y el aprendizaje institucional a través de la reacción de un actor político, el colectivo de artistas e intelectuales ajenos al establishment del municipio; frente a la política corporativa de promoción cultural realizada desde el consistorio hasta 2011. Además, lo que originariamente parecía ser un conflicto entre artistas, los oficiales y los no oficiales, por acceder a la arena cultural también comenzó siendo un conflicto entre políticas culturales con distintos objetivos y fines orientadas desde gobiernos de diferentes niveles y signo político.
A principios de la década de 2000, la Diputación Provincial de Málaga gobernada, por PSOE e IU, puso en marcha distintas iniciativas para promover a jóvenes creadores y artistas alternativos al mercado local de la mano del gestor cultural Antonio Troyano. Entre estas actuaciones se incluían las muestras itinerantes de obras plásticas, la publicación de obras colectivas (poesía, narrativa, teatro) y otras dirigidas a difundir a estos artistas. Mientras tanto, el PP de la capital malagueña había desarrollado una política corporativista destinada a continuar con la publicación de colecciones de autores e intelectuales pertenecientes a las élites locales y las familias tradicionales.
En 2005, las actuaciones de los artistas más jóvenes e innovadores culminó con su institucionalización a través de la creación de una entidad privada, El Gabinete de Hyde, promovida por Antonio Troyano y ya escindida de la política cultural de la Diputación Provincial e instalada en la conocida calle Nosquera 9-11. El inmueble donde se había situado disponía de tres plantas y amplias salas para distintos usos: galería de arte, alquiler de aulas, imprenta, etc. Dos años más tarde, la entidad de Troyano cierra sus instalaciones para trasladarse a un local más pequeño y reconvertir el Gabinete en una empresa de gestión cultural.
Ante esta situación, distintos colectivos antiglobalización y artistas e intelectuales provenientes de la autogestión cultural deciden ocupar el local de Nosquera durante la celebración del Festival de Cine de Málaga en 2007 y ofrecer una agenda cultural alternativa (conciertos, teatro, etc.) durante esos días. A partir de esa experiencia, la ocupación del inmueble se hace efectiva y se habilita por parte de los grupos implicados siguiendo el ejemplo del Patio de Maravillas en Madrid y la Tabacalera en Barcelona. En los próximos años, estos grupos reafirman su intención de continuar con el proyecto, al que bautizan como «Casa Invisible», mientras el Ayuntamiento desea implementar en el mismo edificio una incubadora de empresas. Si bien, la situación se silencia y se mantiene el status quo de la ocupación, que gana apoyo de distintos intelectuales e instituciones como la Diputación Provincial, mientras las instancias municipales se mantienen inactivas por su parte.
En 2011, tanto la Diputación de Málaga como el Ayuntamiento de la capital son del mismo color político y con la intención de evitar el conflicto entre las posturas de ambas instituciones se decide llegar a un acuerdo con los artistas de la Casa Invisible y la Junta de Andalucía a través de un convenio. En este convenio se exige a los colectivos implicados a asumir los gastos de inmueble y mantener una agenda cultural a lo largo del año, mientras que el Ayuntamiento y la Diputación reconocen la legalidad del proyecto. A su vez, el consistorio malagueño aprende de esta experiencia y cambia su política cultural corporativista: eliminando las colecciones de artistas veteranos realizadas por la concejalía de Cultura e implementa espacios colectivos para jóvenes artistas (Caja Blanca, locales de ensayo, etc.) a través de la delegación de Juventud, De esta forma, se observa como la reacción original de los colectivos ocupantes del edificio de calle Nosquera llevó a un cambio de orientación en la política cultural del Ayuntamiento de Málaga cambiando los fines de la misma, que deja de ser élites para convertirse en una política cultural abierta a nuevos creadores.
A Pedro
En mi anterior tesina, trámite necesario para acceder al grado de doctorando (en gerundio), realicé una investigación sobre el papel que jugaron los alcaldes y los concejales de las primeras corporaciones locales. Las primeras que nacieron en democracia, allá por el año 1979, y centrándome en los casos de Cáceres, Ciudad Real, Málaga y Sevilla. Fue por ese motivo por el que entrevisté al primer alcalde democrático de la ciudad malacitana, el socialista Pedro Aparicio, y cuyo contacto fue posible gracias a Paco Flores. Esta entrevista, la de Pedro, fue la segunda que realicé cuando empecé con el trabajo de campo en invierno de 2012. Su entrevista, una de las más lúcidas que disfruté junto a la del ex alcalde de Ciudad Real, Lorenzo Selas.
Durante los últimos meses, he estado elaborando el marco teórico y la metodología de lo que es mi tesis doctoral. Un trabajo de investigación basado en las historias de vida o biografías de los alcaldes democráticos de las capitales de provincia andaluzas, contadas por ellos mismos. A lo largo de verano, barajé la opción de adelantar la entrevista a Pedro Aparicio, con quien ya había tratado anteriormente. Después la pospuse a octubre y hace dos días, mientras me encontraba por razones académicas en Santiago de Compostela, me llegó la trágica noticia que de Pedro había fallecido de forma fulminante. No llegué a llamarlo.
El jueves fue un día nefasto. Un día aciago. La muerte de Pedro Aparicio se lleva con él parte de la memoria de la naciente democracia local en Málaga. Se lleva parte de los esfuerzos de aquella corporación socialista que trabajó intensamente en una ciudad en pleno desarrollo urbanístico, con grandes carencias en los equipamientos y saneamientos más básicos. La cual durante tres mandatos tuvo que ir al ritmo frenético de la sexta ciudad más poblada de España. Un trabajo loable en tiempos difíciles, en tiempos convulsos y quien abandonó la Medicina por esta ciudad en la que no nació, pero que lo hizo hijo. Descanse este malagueño ilustre en paz, Pedro Aparicio.
El ocaso de las instituciones
Decir que el liderazgo político en particular y la política en general, alcanzan sus horas más bajas, no es una afirmación nueva. No es un conocimiento añadido. Ni mucho menos una noticia. Pocos son los líderes que a día de hoy gozan de una valoración no ya positiva, sino que al menos alcance un aprobado según los barómetros del CIS. Todo ello dentro de una época donde en lugar de la política de consenso que debiera primar y se echa en falta, se ha pasado de la política de la crispación a la política de la tribu. Puertas cerradas, olor a cerrado y cada cual con su progenie.
Si se observa la valoración de los líderes que han ocupado el poder ejecutivo en España se demuestra que existe una caída continuada según señala Estefanía y otros intelectuales, desde 2004 hasta la actualidad en las personas que han ocupado dicha institución. De esta forma, la pésima valoración de Rajoy es parte de la herencia recibida del anterior Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no se debe entender esto como la «herencia» de la que hablaba Mariano en sus primeros días tras las elecciones de 2011. Esta herencia maldita no tiene como causa única de la gestión de los socialistas desde 2004 hasta 2008. Al contrario, el principal factor que incide en su creación es la tónico y el estilo de liderazgo que se ha ejercido hasta la actualidad, muy distinto al de los primeros años de la democracia que debía basarse en el consenso y el diálogo.
En base a dicha herencia, se observa como la pérdida de confianza no se produce ya simplemente en el individuo, sino también en la institución que ocupa, como es el caso de la Presidencia del Gobierno. Durante mucho tiempo la Ciencia de la Administración ha intentado separar sujeto y estructura, cuando se observa que la dinámica de los integrantes de las instituciones afecta directamente a la confianza que se profesa hacia la misma. De esta forma, se pierde confianza no ya sólo en la misma política, sino en la misma capacidad de organización formal del ser humano, y promoviendo otros métodos informales como los círculos de personas y las concentraciones espontáneas. Esto indica que está llegando el ocaso de la política y el albor de la anti-política en torno a liderazgos mesiánicos.
Un alcalde folclórico, feminazismo y amenazas
Al son de una malagueña, nunca mejor dicho frente a las tradicionales sevillanas de Feria, se mueve en la opinión pública un asunto arduo. La denuncia presentada por violación de una chica que trabajaba en el Real frente a cinco jóvenes empezó siendo una comidilla y reunía todos los ingredientes necesarios para que el peso de la ley cayera sobre los que por aquel entonces daban la imágenes de unos depravados. Cinco sujetos, con su correspondiente estética y pertenecientes a una de las barriadas conflictivas de la ciudad, habían perpetrado un hecho atroz. Dos días después, el funcionamiento de la institución judicial dio sus frutos poniendo en duda dicha denuncia y dicha violación.
Al respecto se han pronunciado todos y todas, el alcalde Francisco de la Torre que ha demostrado tener la comprensión y el compromiso de un cardo borriquero. Los medios locales con su ritual de disculpas atrasadas e incumplimiento anticipado de la presunción de inocencia. Y como no, los fanáticos y las fanáticas del feminismo radical para quienes el maltrato de los hombres es algo tan irreal como una hipopótamo verde. Lo que ha quedado claro es que el sentido común a quedado por los suelos. Y la gota que colmó el vaso ha llegado con las amenazas e insultos que se han perpetrado contra la jueza.
En un país, donde se pone en duda la labor de los tribunales y por ende, del Estado de Derecho, sólo cabe esperar que los conflictos se diriman entre particulares. A través de duelos, persecuciones y amotinamientos. Las feministas que defienden la igualdad esperan una justicia medieval en una democracia a la que acusan de no serlo. Por no ser una democracia mujer. Este tipo de corrientes ideológicas son tan peligrosas como un alcalde que suaviza el sufrimiento de una supuesta violación. Entre tanta mierda, ambos andan en el mismo lodazal. Mientras tanto, este asunto ha demostrado que el problema no es sólo de género por ser hombres los hipotéticos violadores, sino que también es de clase por pertenecer a una zona marginada. Por lo que, todo no es el género.
Ineficiencias injustificadas en el sector público
La normativa española en un intento de mejorar la efectividad de sus recursos creó en su día la figura de los organismos autónomos contemplada en la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Una suerte de apéndices con funciones concretas de los que se espera una lógica distinta a la de la tradicional burocracia weberiana y que se rige por el principio de descentralización. Además, se inserta una lógica de tipo empresarial en la que se espera una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos y una mayor productividad. El problema de la mayoría de los organismos autónomos es que la composición de sus gestores y mandos intermedios es política, estando dirigidos por cargos de confianza política y siendo en muchas ocasiones, una recompensa partidista por algún favor o un cementerio de elefantes.
Si en un organismo autónomo aparecen dos ofertas de contrato público para la comisión de un proyecto, existen varios criterios para su adjudicación en caso de que tengan una asignación presupuestaria reducida y un carácter urgente. En primer lugar, se puede optar por acudir a las personas que en un primer momento trabajaron en dicho proyecto y comunicándoles la oferta por orden de mérito descendente y en base a criterios técnicos. En segundo lugar, se pueden publicar dichas ofertas y resolverlas en un plazo de tiempo reducido en base al principio de publicidad. Ahora bien, ¿qué sucede si se opta por la primera opción, pero se obvian los criterios meritocráticos? No hay que decir que vulnerando ya de por sí el principio de publicidad, se gestiona la oferta de dichos contratos de forma personalista y arbitraria.
Pensemos que las dos plazas se conceden a personas por su afinidad personal, política y emotiva. En este caso, se espera un buen rendimiento porque ambas personas pueden trabajar a gusto, coordinar las salidas al café, se evitan discusiones sobre fútbol o religión o posiciones políticas en el lugar de trabajo y se crea un clima favorable para la amistad. ¿Pero este es el funcionamiento que debiera tener una Administración racionalizada? ¿O esto es más bien, una posición de favoritismo y discriminación hacia otros compañeros y compañeras, los cuales ni sabían que se habían adjudicada dichos contratos? En todo caso, se desvirtúan los principios y criterios que deben de regir el funcionamiento de los organismos autónomos, siendo cómplices tanto los gestores como los adjudicatarios y cayendo en el favoritismo. La creación de bolsas de empleo sería una solución sencilla y justa a esta connivencia entre contratante y contratado. Estas lagunas legales de la Administración son los que producen más que tristeza, frustración. Frustración por saber que personas que dicen defender la igualdad y la transparencia sólo defienden más de lo mismo. Nada nuevo bajo el Sol.
Administración kafkiana
El hecho de someterse a un procedimiento administrativo es una práctica común en el Derecho Administrativo. Es la forma en la que los ciudadanos se relacionan con un ente formado por instituciones y organismos de los que obtienen determinados incentivos positivos y negativos para desarrollar multitud de facultades, obtener información, ejercer derechos y un largo etcétera. Cuando se desarrolló la transición a la democracia, fue necesario suprimir y actualizar diferentes normas administrativas coherentes con los nuevos tiempos.
A fechas del presente y especialmente en el Gobierno Central, se está buscando agilizar y hacer más eficaz a la Administración. Dicho de otra forma, evitar procedimientos largos y costosos en términos económicos. Lo cual se está llevando a cabo de una forma desastrosa. Y es que, con procedimientos rápidos, lo que se consigue es un funcionamiento más que ineficaz, injusto de las instituciones en sus relaciones con los administrados.
Esa filosofía de concebir no ya sólo a las empresas públicas, sino al conjunto de la Administración como un ente basado en la competitividad y la ley del mercado es un buen ingrediente. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha seguido este lema hasta sus últimas consecuencias. Y ciertamente, las últimas consecuencias es que la Administración española se ha convertido en una suerte de universo kafkiano. Un lugar donde haga lo que haga el sujeto, se expone a la incertidumbre constante sobre su destino y la certidumbre de la inutilidad de esta institución.
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Francisco Collado Campaña 