Derecho
Monarquía a juicio
La institución de la Corona es y será objeto de juicio. No es que la infanta Cristina esté imputada o que su marido hubiese usado los contactos que provee la agenda real para el caos Nóos. Ya no es una cuestión de personas, ya que de todos es sabido que los Borbones no saben hacer la «o» con un canuto. El dilema en sí tampoco es algo que deba decidir un juez. Muy al contrario, es la sociedad y la opinión pública la que debiera reabrir el debate sobre si deseamos una monarquía o una república como sistema político.
Monarquía es una palabra que ha gozado de especial cuidado por nuestra democracia. La figura del Rey goza de inviolabilidad en la carta constitucional. De forma que ningún tribunal ni poder judicial podrá nunca tocar al monarca haga lo que haga. Por lo que se le exime de una responsabilidad política que «de facto» tiene y ha jugado en distintas ocasiones el mismo Juan Carlos. Cuando movía hilos para acercarse a Franco o retirar a su padre de la vida pública para convertirse en heredero. Bien cuando jugaba a dos bandas con los golpistas del 23-F y unos políticos leales, pero acongojados por la situación que se venía encima en aquella noche tejerina. O muy bien, cuando ha invertido la friolera suma de 500.000 euros para mantener a su concubina Corinna cerca de palacio, ya saben para a media noche pasarse a dar una vuelta a ver si a su inquilina se le ha roto algún cuadro o no sabía cuál era la dirección de Cuenca.
Si nuestra monarquía no puede ser una ejemplar, como lo es la figura de los Orange en Holanda o la misma institución en Reino Unido, entonces es hora de pasar página a este viejo invento feudal. La sociedad española, se dice, no está preparada para una república porque bien ha fracasado en multitud de ocasiones y generalmente por falta de una cultura política de lealtad al Estado. Una lealtad que en su día no respetaron los militares, ni los políticos de todo color, ni casi nadie. Aunque esta decisión dual entre rey o república sea una espada de doble filo, si realmente hay tantas personas deseosas de la segunda quizá este sea el momento de dar un paso adelante. Aún así, falta confianza y lealtad en el Estado. Dejar a un lado ese emblema patriótico que parece es sólo de la derecha y esa oposición bolchevique que se ejerce desde sectores antisistema de la sociedad.
Salida a los deshaucios
Personas que abandonan sus viviendas. O bien que sus casas las abandonan, o que pierden la batalla hipotecaria. Fuerzas de seguridad que protegen el derecho a la propiedad individual, pero que en realidad cuidan de la propiedad bancaria y finalmente, la calle o el suicidio. Esta es la teoría de juegos que explica la tragedia que vive una gran parte de la sociedad española. De lejos, se oyen las críticas de algunos que consideran que durante los últimos años se ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Cierto, gentes que compraron segunda casa en Marbella y Benidorm, pero que nadie olvide a toda una generación que hace una década tuvo que comprometerse a pagar una hipoteca de treinta o cuarenta años, ganando un sueldo mileurista; ni de los jubilados que avalaron a sus hijos y los acompañan en el.
De esta combinación de jóvenes que pierden su empleo y el predominio de los bancos en esta tragedia nace el drama diario. La cuestión ahora, a parte de escuchar a neoliberales y meapilas que dicen que hemos vivido más de lo que ganábamos, es buscar una solución a este problema. Por un lado, se puede barajar la posibilidad de la dación en pago, es decir, entregar la casa ante la imposibilidad de seguir costeando la hipoteca por parte del inquilino. Sin embargo, esta alternativa es débil, ya que el ciudadano pierde su casa y el dinero que ha invertido en ella. Algo similar sucede con la opción del alquiler. Desde muchas tribunas se afirma que el alquiler es más habitual que la compra en propiedad en la Europa continental. O dicho de otra forma, la posesión de una vivienda es un derecho reservado a los más pudientes. Tampoco es lo más óptimo. El individuo debería tener derecho a tener su propia casa para garantizar un mínimo de bienestar, que no sea algo que no esté al acceso de las clases medias y populares.
Por tanto, una solución interesante sería expandir constitucionalmente el derecho a la vivienda e incluirlo entre los fundamentales. De esta forma, podríamos aproximarnos al modelo alemán. Además, sería necesario corregir esta tendencia de la policía a cuidar más por la propiedad de los bancos que de las personas. Los bancos son una parte importante del sistema. De acuerdo, pero deben estar al servicio de los ciudadanos, y si no, ponerlos legislativamente a su colaboración y no convertirse en lo que son: mercenarios financieros.
De Zurich a las Caimán
La corrupción está en el candelero. Es el gran problema español según los datos del CIS, pero no deja de tener su origen internacional. Como muchos otros hechos políticos y sociales que se producen en un escenario multinivel. He aquí donde la existencia de los llamados «paraísos fiscales» juega un factor importante en el desarrollo de la corrupción en otros países donde no declarar el dinero que se ingresa en la cuenta bancaria es de forma efectiva un fraude fiscal. Y es que, sin los grandes bancos de Zurich y Ginebra, el caso Bárcenas sería un simple espectáculo casposo de ocultación del capital.
El funcionamiento de los paraísos fiscales es bien sencillo. En su mayoría, se trata de pequeños Estados con escasos recursos que recurren a esta práctica fiscal para obtener una importante ganancia tanto vía impuestos como vía transacciones económicas. Para empezar, permiten que personas físicas o jurídicas de otro país puedan depositar las cantidades que deseen en sus bancos a cambio del pago anual de una determinada tasa no incrementalista. Por su parte, los titulares de dichas cuentas no tienen qué declarar de dónde procede su dinero, ni dar cuenta de la cantidad que atesoran ante la autoridades fiscales. Lo que ofrece una gran ventaja para blanquear el dinero negro procedente de la venta de drogas, de armamento, de la trata de blancas o la simple ocultación de ganancias para no tributar ante la Hacienda española.
Los paraísos fiscales son perseguidos por las autoridades internacionales, ya que acumulan un tercio del PIB mundial según Oxfam Internacional. Hace ya algunos años, la Unión Europea elaboró un listado de los países que podían ser etiquetados con dicha denominación. Desde Suiza hasta las Islas Caimán, pasando por Andorra, Mónaco, Gibraltar, Bahréin y el mismísimo Luxemburgo que es Estado miembro y sede de algunas instituciones comunitarias. En cambio, la OCDE actualmente sólo define como paraísos fiscales a Nauru y Niue, dos microestados de Oceanía, aliviando a muchos otros países de esta marca tan negativa en términos de transparencia como beneficiosa en su aspecto lucrativo.
Se ha dicho de todo de los paraísos fiscales. Por un lado que sin ellos no se podrían sostener las guerras o toda suerte de actividades ilegales. Por otro lado, desde posturas neoliberales se han bendecido como una salvaguarda de las grandes propiedades. Sea como fuere, hay una cuestión mucho más simple para poder crear una opinión sobre esta práctica. Si alguien tiene que ocultar dinero será porque se ha ganado o se ha usado para fines opuestos al respeto y la igualdad de los seres humanos.
Todos corruptos
Alemania anima a Rajoy a que afronte el caso Bárcenas. Y es que, esta recomendación es un chiste. Una mera anécdota si se tiene en cuenta que el gran mal de la sociedad española es la ausencia de honradez y ética pública. No hay estamento de la cúspide social que esté limpio de la mancha del latrocinio. Para empezar, el mismo partido del Gobierno está implicado en un lucrativo negocio por el que el ex Tesorero popular repartía sobres mágicos entre la directiva del partido. Mariano, De Guindos y otros antiguos sospeschosos del Gurtel tienen empapadas sus manos en la masa. Tampoco olvidemos a la señora Mato que fue mimada con el pago de confeti para su cumpleaños y con algún obsequio de Vuitton. La única respuesta que hemos recibido de estos señores es a Rajoy escondido tras una cámara y diciendo que él no sabe nada de lo que se cocía en Génova 13.
Si continuamos, ERES de la Junta de Andalucía aparte, está el espectáculo de la Fundación Ideas, donde su director y su mujer se repartían el pago a una investigadora fantasma, la conocida Amy. Una chica que igual escribía un artículo sobre política internacional que preparaba los seminarios de la entidad. Un bochorno que deja por los suelos y avergüenza la labor de muchos docentes e investigadores universitarios que a diario trabajan por la innovación. No siempre tan bien pagada como pudo disfrutar esta afortunada. Por eso, es absurdo considerar este caso como una minucia con todo el daño que supone para las fundaciones y organismos destinados a la investigación. Si bien, podemos excusar que se trataba del «chiringuito intelectual» de un partido político donde la transparencia se fue de vacaciones hace un tiempo.
Mientras sucede todo esto, la mitad de la sociedad se ocupa de estigmatizar a la clase política. Y tienen razón en ello, pero olvidan que los representantes del supuesto interés general no son los únicos implicados. También está el papel de la monarquía. Esos Borbones que tanto enseñaron en Nápoles y que se fueron haciendo escuela de la «cosa nostra». Así, tenemos a las hijas del Rey haciendo negocios fantasmas para dilapidar dinero público cuya única utilidad va a llenar las cuentas suizas de Urdangarín y sus colaboradores. Para no aburrirse, «Juanca» igual se marca unos penaltis con Corina que se dedica a cazar elefantes.
¿Y quién paga todo esto? La sociedad española, cuya tasa de suicidios por impago de la hipoteca y pérdida del hogar aumenta conforme disminuyen las deudas de los bancos. Esta semana han llegado las desafortunadas muertes de distintos ciudadanos en Cártama y Córdoba. El problema ya no es la crisis, es la corrupción que afecta a todas las instituciones de España, hablemos de partidos políticos, monarquía y otros organismos. Sin embargo, la clase política no tiene nada que decir al respecto, sólo esconderse tras un televisor y decir que está muy ocupada negociando en Europa. Los últimos datos del CIS ya adelantan esta caída de la credibilidad de los políticos, y eso si tenemos en cuenta que las encuestas se realizaron antes de la reciente entrada del caso Bárcenas en la agenda.
La becarización de la política
Hace unos pocos días el profesor de Historia y ex parlamentario popular, Miguel Ángel Ruiz, publicó un interesante artículo en la revista de la Fundación Cánovas sobre las juventudes en la política. De buena pluma y buen criterio nace su opinión, pues está más que capacitado para opinar al respecto. En este texto, se desprende una conclusión bastante acertada y es que las juventudes políticas tienen todavía un deber de socializar en valores y compromiso. A pesar de que esta función socializadora esté de capa caída en la mayoría de partidos modernos o «catch-all-parties» debe mantenerse como norte y no convertir a estos grupos en instrumentos al servicio del partido.
Los partidos políticos han dejado el «trabajo sucio» en manos de los más nóveles. Lo que, como señala Ruiz, va desde aplaudir hasta poner las sillas para un evento, pasando por la agenda de turno de mitines. Y es que, ciertamente los jóvenes deben cumplir con un papel aún más importante como la regeneración de las ideas y de las mismas élites. Aunque, por distintas razones y contra lo que otros opinan, las juventudes no son siempre la puerta de entrada a los incentivos selectivos -véase cargos- de la vida política. Es aquí, donde se debe transmitir el mensaje a los jóvenes que la «profesionalización» de la política, fenómeno que se produce en España desde mediados de los ochenta cuando la arena política está asentada, es un peligro y un grave daño para la calidad de la democracia.
En la democracia, lo importante es saber ser fiel a las ideas que se defienden sin caer en el dogmatismo y atender a los distintos grupos de ciudadanos cada vez con necesidades más concretas. No se puede sustituir la fidelidad por el favoritismo ni el interés general por la satisfacción de intereses corporativistas. Esto es lo que hace que los jóvenes actualmente vean la política como una actividad innoble y en algunos casos como un trampolín desde donde saltar a una vocación que se entiende como profesión. Por eso, probablemente los jóvenes de las juventudes de los dos grandes partidos son ante todo becarios que pueden ser quitados y repuestos por otros prácticamente similares y con una identidad de cartón-piedra.
Los cachorros de la camada
Hace unos días Ana Botella sorprendió con unas declaraciones sobre las juventudes en los partidos políticos. Al parecer, según esta señora cuyo único mérito ha sido ser la primera dama, es decir, la mujer del expresidente José María Aznar; deberían de suprimirse este tipo de organizaciones. Este es un debate que está presente en muchas democracias europeas desde hace algunas décadas y al que la disciplina del politólogo tiene algo que decir y aportar.
Para empezar, la Constitución Española no dice nada al respecto sobre las formaciones juveniles en los partidos, tan sólo que es necesaria la mayoría de edad para poder ejercer el derecho de participación política tanto para votar como para militar. Otra cosa bien distinta es lo que constituyen grupos como Nuevas Generaciones, Juventudes Socialista o Juventudes Comunistas. Al respecto, estos colectivos cumplen con el objetivo de servir de cantera para los partidos, especialmente en la extracción de élites para el gobierno local. En el caso de los populares, los presidentes provinciales de su camada suelen servir para nutrirse de futuros concejales, de ahí que en cuanto obtengan su representación política, terminen renunciando a su cargo en el partido. En el caso de los socialistas y comunistas, la cantera también nutre de posibles concejales, aunque en estos casos no son colocados entre los primeros miembros de la lista, sino que generalmente a partir del número 10 donde es difícil que el cupo juvenil quede representado en el consistorio. El resto de sujetos de las formaciones juveniles quedan como carne de cañón que será barrida y reducida a militancia de base sin ninguna aportación salvo una cuota y una mano de obra barata. No cuenta la formación o cualificación, sólo la lealtad del lobezno a la camada.
Si continuamos, existen posturas contrarias a este tipo de organizaciones. Por un lado, UPyD señala que los jóvenes deberían militar de la misma forma que un militante del partido, sin que exista una diferencia entre juventudes y estructura política. Por otro lado, se puede considerar que la entrada de jóvenes en la política puede ir en detrimento de la democracia y en beneficio de la creación de políticos profesionales. Sin embargo, de lo que no hay duda es que estas formaciones cumplen un papel de socialización política que no debe ser menospreciado entre los miembros de la cúpula de las juventudes. También, existen recorridos distintos en cada partido si se hacen desde las juventudes o desde el mismo partido, siendo los primeros, los que cuentan con más bajas en el inicio de carreras políticas, terminando muchas veces en senadores y otros cargos denominados «cementerios de elefantes».
Se mire como se mire, las juventudes políticas cumplen un papel importante. No obstante, tienen dos inconvenientes importantes. Por un lado, la diferenciación entre la casta de los mayores y la de los jóvenes que muchas veces va en detrimento de estos últimos. Por otro lado, la instrumentalización de los cachorros como auténticos mercenarios al servicio del partido, sea del color que sea. Es aquí donde la práctica política debiera corregir esa participación dudosa de los jóvenes. Otra cosa es que una mujer cuyo mérito haya sido ser esposa de o hija de, abra la boca para lanzar un ladrido.
El colchón de los corruptos
La élite política en general, y la española en particular, suelen ser cómplices de una práctica llamada corporativismo. Esta fórmula de organización consiste en la toma de decisiones a puerta cerrada con un grupo de participantes definidos. De aquí, salen decisiones en los sectores estratégicos y energéticos que después simplemente serán tramitados en comisiones parlamentarias sin ninguna capacidad de modificar lo que se ha decidido en un lugar fuera de la cámara nacional. Véase las subidas en los precios de las eléctricas, la expansión de una empresa nacional o lo referente a un monopolio público.
Cuando los ministros y parlamentarios españoles se retiran de la representación política vuelven al agujero del que salieron sus normas y decretos. Así fue, como muchos entre los que podemos citar Zaplana o el reciente Rato acaban como directivos en grandes empresas como Telefónica. La razón que lleva a que las compañías efectúen estos fichajes estrella es doble. Por un lado, la devolución del favor a un político que influyó decisivamente para que las decisiones de la empresa fuesen protegidas y garantizadas mediante leyes emanadas del poder legislativo y ejecutivo. Por otro lado, el mantener un valor efectivo que incluye una imagen pública, una red de contactos y un gran poder de influencia frente a las instituciones en las que el mismo fichaje ya estuvo o conoció anteriormente.
Es una vergüenza lo de Rato. Ese hecho es indudable, después del escándalo de Bankia. Lo que es más preocupante es que esta práctica se siga produciendo a día de hoy. Rato es sólo una gota en un océano, donde las grandes corporaciones tienden a implantar prácticas corporativistas en la toma de decisiones políticas y a absorber a los antes representantes del pueblo para sus intereses particulares que no son los del interés general. Y como se puede observar, ni los mismos partidos políticos tienen capacidad para responder ante estas situaciones que son fruto de la decisión de una empresa y la particular del sujeto en cuestión fichado por la multinacional. Los mismos detentadores y productores del Derecho consienten la misma violación de la norma como normalidad institucional.
Asociaciones, cerrado por crisis, abierto por caridad
Comenta Fernando de la Riva la dura situación actual que atraviesan las asociaciones y los colectivos sociales. Es fundamental observar como las asociaciones junto con la empresa privada se han convertido en agentes de las políticas públicas de la Administración, pero a un costo más bajo y muchas veces aprovechando su carácter no lucrativo. Esto ha producido que las asociaciones sean tratadas de forma desigual, prevaleciendo aquellas que comparten los planteamientos técnicos e ideológicos de los programas que cada gobierno desea impulsar en su municipio, autonomía, etc. Dicho de otra forma, se han establecido redes clientelares entre poderes públicos y asociaciones que comparten unos mismos temas y unas mismas soluciones en la agenda política.
Una vez se inicia la crisis, los colectivos han perdido fuelle ya que se recorta el gasto público. Y opuestamente a toda lógica, el Estado aspira a que algunas de las antiguas políticas sean desarrolladas por estos agentes de la sociedad civil con menos recursos de los que disponían antes. Por ejemplo, las políticas sociales intentan ser sustituidas por políticas de caridad por parte de ONGs religiosas y dedicadas a la solidaridad. Lo que produce un empobrecimiento de las políticas sociales y las convierte en simples acciones de caridad que no tienen un deseo de perpetuar una mejora considerable de los más desfavorecidos a largo plazo, sino que sólo aspira a una solución en el corto.
Por tanto, si la situación no cambia, nos acercamos probablemente a una época de corporativismo. Dicho de otra forma, una etapa en las que sólo las grandes organizaciones y fundaciones cercanas al poder y a la empresa privada serán detentarias de llamarse agentes de la sociedad civil, ya que las pequeñas y medianas ONGs habrán quedado marginadas ante la falta de presupuesto, de voluntariado y la competencia que realizan las otras con mayor capacidad de actuación.
Lisboa, ciudad del desasosiego
En el delta del Tajo. Descansa oscura, estrecha, laberíntica y triste, la capital lusitana. También en sus grandes espacios urbanos abiertos al mar y al comercio se vislumbran atisbos de luz. Breve esperanza. Éste es el carácter de la ciudad de Lisboa, en la que dice un refrán que llena de tanto optimismo a sus visitantes que al abandonarla todo se vuelve desesperanza. Probablemente, hay algo de razón en el conocido «desasosiego» del poeta Fernando Pessoa. Y aquí es donde el arribafirmante ha tenido la fortuna de volver por segunda vez y de caer en la más suma añoranza tras la vuelta.
Políticamente, Portugal es un país orgulloso de sus instituciones y de su historia. Nada que ver con la crispación española, ni con el rencor de la Castilla profunda. A diferencia de nuestro país, la sociedad lusa no padece una alta tasa de paro ni grandes subidas de precio. Sin embargo, el Estado ha tenido que recortar considerablemente las políticas sociales e incrementar el IVA. No escasean desde las llamadas a la revolución hasta los carteles de protesta por los impuestos en cualquier bar o cafetería. Un ambiente muy distinto al que existía hace un año antes de las últimas iniciativas políticas.
Sin embargo, Portugal está cumpliendo bien su papel en la Unión Europea. Al menos, a ojos de la Alemania de Merkel y de los mercados. Cada vez más, los pueblos mediterráneos o lo que los economistas centroeuropeos llaman PIGS se están convirtiendo en vasallos de los países del Norte europeo. Y llegará un momento, en que el orgullo de estos pueblos se sentirá más que herido y responderá de una forma contundente. Nadie quiere ser la Grecia de la crisis económica, pero todos los antiguos bárbaros de Europa intentan trazar una línea histórica con la Atenas democrática para alabar la bondad de sus sistemas. La historia no es un retal que se descose a partes mejores o peores, la historia es un continuum que al final se acaba repitiendo de una forma u otra. De hecho, ya se está produciendo el IV Reich tan autoritario como siempre, pero tan sofisticado como nunca.
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