Derecho
Fanáticos
Malos días. Un mal día tuvo el placer (o la desgracia) de llevarse el arribafirmante con un miembro de la casta del PSOE este pasado fin de semana. Y es que, detrás de la fachada de lo que parecían ser unos dialogantes defensores del señor Madina en las primarias que tienen lugar ahora en el seno del partido, se encontraban unos fanáticos. Todo comenzó cuando alguien preguntó, en una reunión entre (ex)amigos, por el falso discurso de los brotes verdes que se había defendido en el anterior Gobierno de Zapatero. Esperando una respuesta racional y lógica, un miembro del PSOE de Alhaurín El Grande, cuyo nombre no voy a decir por respeto, respondió directamente con amenazas verbales y físicas. A lo que amablemente, el arribafirmante respondió con una retirada silenciosa y respetuosa.
Véase aquí un claro ejemplo de lo qué es un fanático. El fanático es un ejemplar bastante habitual. En cualquier partido, en cualquier grupo humano o colectivo se encuentra. Sus ideas son la única verdad, su fe es inquebrantable y reconocer un fallo sería sojuzgar su credo. Como cualquier religión extremista, cualquier idea que se fundamenta en la fe y en la razón no puede ser defendida dialógica ni discursivamente y sólo puede ser argumentada con gestos y no pocas veces, con violencia física. Sería recomendable en general para todos los partidos (que se dicen democráticos) que evitasen que estas personas estuviesen dentro de sus órganos, y a ser posible que participasen en la vida pública.
Y en particular, recomiendo a este señor, miembro respetado entre los socialista de Alhaurín El Grande, que se dedique a algo distinto a la política o que se someta a la correspondiente terapia psicológica. La obsesión y el fanatismo no son buenos compañeros de camino, ni mucho menos los queremos en una sociedad democrática como la nuestra que pide a gritos una regeneración. Mejor, por la seguridad de todos los ciudadanos quédese en su casa y alégrese de que se va a ahorrar la posible denuncia que podría haberle metido el arribafirmante por amenaza verbal y física.
Algo huele a podrido en España
Apenas queda nada para que “Juanca” o Juan Carlos I se jubile apaciblemente de su dura vida como monarca. En estos momentos, es cuando la institución de la carencia de responsabilidad política empieza a manifestar sus síntomas. O mejor dicho, la sintomática y errónea actitud de nuestro rey. Como enanos debajo de las setas, empiezan a aparecer una procesión de bastardos e hijos ilegítimos que requieren que se conozca a su verdadero padre. Cuestión esta baladí, más si estos aspirantes a usurpadores pretenden pillar algo de pastel financiero de la Casa Real que tan barata nos sale a los españoles y las españolas.
Sin embargo, no es eso quizá lo más grave de la actividad de nuestro monarca. Cacerías de paquidermos aparte y comisiones especiales a empresarios españoles son la punta del iceberg de lo que nuestra opinión pública tiene derecho a conocer. Para que no se haga memoria de la historia, ni la historia se escriba por parte de las élites ajenas al pueblo español, lo que quizá si debiera de aclararse es conocer realmente cuál fue la participación que tuvo Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23-F, en el que un grupo no muy reducido de militares insurrectos aspiraba a acabar con nuestra democracia parlamentaria.
Dicen las malas lenguas y los rumores -que a veces algo de verdad encierran- que el monarca participó como uno de los autores intelectuales del 23-F. De hecho, un reciente libro de Pilar Urbano así lo certifica, y es que, no estaría de más que algunos documentos clasificados probablemente en alguna oficina de nuestros servicios de inteligencia o en alguna institución opaca salieran a la luz para que pudiéramos juzgar con verdaderos criterios la labor de la monarquía en pos de la democracia. Pues, que quiere que le disga, una democracia no es la campechanía de su monarca ni sus correrías nocturnas entre Casas de Campo y féminas de la aristocracia. Si la institución no sirve o es contrario a nuestra democracia, que se deponga.
Horas bajas
La monarquía sigue siendo nuestra institución intocable. Dícese de la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este paraíso de la poca democracia que nos queda en el que hablar de monarquía o república es una cuestión vedada para la ciudadanía y donde criticar a determinados poderes alcanza el grado de blasfemia. Una demostración de que aún quedan signos de autoritarismo en nuestra democracia y que se quiera o no, la institución real por el hecho de tener una composición hereditaria y no electa, es un reducto del pasado dictatorial de España.
Queda manifiesto que la abdicación y por tanto, la sucesión de un monarca por otro es algo que se sitúa en la normalidad de su institución. No se entrará en este texto a valorar si república o monarquía, sino más bien a defender el derecho de todos los ciudadanos y por tanto, de los medios de comunicación de criticar a la monarquía, por ser la libertad de expresión el derecho de los ciudadanos para valorar, juzgar y criticar la labor de los poderes y de las instituciones. Instituciones electas y especialmente aquellas que no son electas, por su manifiesto claro anti-democrático.
Por tanto, es un crimen contra la democracia, contra la libertad de expresión, lo que ha acontecido en la redacción de El jueves hace unos días. La dimisión en cadena de Manel Fontdevila, Albert Monteys, Paco Alcázar, Manuel Bartual, Bernardo Vergara, Guillermo e Isaac Rosa ante la decisión de RBA de retirar la portada en la que Juan Carlos hacía entrega de una pútrida corona al heredero Felipe. Este hecho, es una violación de libertades propia de repúblicas bananeras, de regímenes bolivarianos y poco oportuno de países que se digan democráticos. Ahora no es el momento de remover la monarquía, pero sí es el momento de meditar en relación a los miembros de tan feudal estructura cuál es el lugar que ocupan como parte de los poderes.
Iglesias en la política partidista
La gran sorpresa de estas elecciones ha sido la irrupción de Podemos con cinco eurodiputados. Literalmente, han conseguido en cuatro meses lo que a Izquierda Unida le ha costado ocho años o más de trabajo político. Llueve rápida y constante mucha información, de seguidores y detractores, sobre el programa de este partido o «movimiento ciudadano» como se autodefine y es normal que entre sus seguidores las alabanzas sean bien recogidas y las críticas mal acogidas. Muchas veces, sin una contra-réplica o respuesta en la que se dice que Pablo Iglesias no es igual que el resto de político, que la «casta», con esa casta con la que ya empieza a pactar (léase Izquierda Unida y Equo, a quien susodicho considera miembros de la «casta»).
Para bien o para mal, a día de hoy vivimos en una democracia parlamentaria de corte liberal. Eso implica que nuestros representantes políticos, por ejemplo Pablo Iglesias, y los partidos, léase Podemos, acceden al poder y como parte del poder democrático tenemos el derecho a defenderlos y criticarlos. No es válido el argumento de separar a Pablo Iglesias y sus propuesta de lo qué es Podemos, de la misma forma que no se separa a Bárcenas del Partido Popular o a los ex-consejeros de la Junta de Andalucía implicados en el caso de los ERE tampoco se les separa del PSOE. Esto es una democracia, y cualquier persona que defienda Podemos, debe entender que desde el momento cero en que acceden a la arena política, todos los ciudadanos (incluidos ellos) están en el derecho de criticar a los poderes bajo la sacro-santa libertad de expresión.
Es denostable tanto que desde Interior vayan a perseguir a ciudadanos que comentaban tal o cual con el reciente asesinato de Isabel Carrasco como que ahora cualquier crítica a Podemos se esgrima: separando a Iglesias de su partido, diciendo que quién lo critica es un «fascista» o que Pablo es una persona buena y santa. Cuestión esta última de la que me ocuparé en siguientes textos de dilucidar quién es Pablo Iglesias (para quiénes no lo conocían antes de febrero), de explicar qué es Podemos y sus propuestas y sobre todo, de saber quién está detrás de este grupo político. Porque, lo quieran o no en Podemos, hay que recordar que ningún movimiento ciudadano representará a toda la ciudadanía, por eso de que vivimos en una democracia donde otro principio fundamental es la pluralidad ideológica y partidista. Bienvenidos todos y todas al debate.
El crimental de Interior
El asesinato de Isabel Carrasco en Léon ha conmocionado a la sociedad en los últimos días. Para empezar, es el primer asesinato político no realizado por ETA que se produce en estos treinta años de democracia, prácticamente desde la Transición con marcados episodios como los abogados de Atocha. Si bien, la situación económica y política presente dista de una gran diferencia con la que se vivía por aquel entonces. Esto ha producido multitud de comentarios, opiniones y declaraciones ante los medios de comunicación y las redes sociales.
En esta época, muy dada al populismo, no ha faltado quién de alguna forma u otra ha parecido celebrar la muerte de esta persona. Si bien, los medios de comunicación están magnificando el asesinato de esta señora hasta límites moralmente indeseables. Y moralmente indeseables porque -y que conste el arribafirmante no es amigo de populismos- son más de 3.000 las personas que a día de hoy se han suicidado por hechos trágicos como la pérdida de su hogar, de su empleo, etc. y esos cadáveres son ocultados por nuestros medios de comunicación. Silenciados. Son «evaporados» como dirían en 1984 de Orwell. Mientras que, la muerte de un representante político parece convertirse en un drama nacional. Hay que meditar sobre estos balances del sistema y sobre todo, ser fríos en nuestra expresión ante la muerte de esta señora, que no deja de ser una ciudadana más como las que a diario mueren en un suicidio o por un caso de malos tratos.
Si bien, será difícil meditar porque las reacciones del Ministerio de Interior no se han hecho esperar. Desde esta cartera se afirma que procederán a investigar en las redes sociales a cualquier opinión, mofa o burla que no haya sido acorde con el drama nacional patrio que estamos viviendo. ¿Será investigada esta columna? ¿Por qué no se investigan las opiniones racistas, machistas y clasistas de algunos miembros del Partido Popular? Parece ser que nuestro derecho a la libertad de expresión tiene mayor alcance para unos y para otros. E insisto, no es una cuestión fácil porque es sencillo caer en el populismo, pero palabras mayores son cortar la libertad de comunicación de una ciudadanía. ¿Se estará produciendo una extraña coincidencia entre Jorge Fernández y el Gran Hermano orwelliano? ¿Estaremos dando los pasos para tipificar el «crimental» y seguir manteniendo la «evaporación» de ciudadanos que se quitan la propia vida en este contexto de crisis? Lo que sí queda claro, es que España no es país para las libertades ni mucho menos para liberales.
La extrema derecha golpea en Ucrania
Hace apenas unos días, un grupo de militantes del grupo ultra-derechista Praviy Séktor ha cometido una de las mayores carnicerías que se recuerdan en los últimos años en la Europa civilizada. Un total de 43 personas quemadas y más de un centenar y medio de heridos han sido el resultado de las acciones violentas efectuadas contra militantes de partidos de izquierdas, sindicatos y de Borotba por esta facción nazi, quienes aluden que estaban actuando contra los opositores al gobierno de Kiev. A lo que nuestra querida prensa, por ejemplo ABC, tilda de un «incendio provocado».
Esto es una señal de como el nacionalismo eslavo ha tenido y tiene una gran capacidad para reciclar el pasado comunista y convertirlo en una ideología de extrema derecha. Se puede mencionar la aún reciente guerra de los Balcanes, el nacionalismo ruso y este reciente caso, como una muestra de esta capacidad de producción ideológica. En el conflicto de Ucrania, cada vez son más los asesinatos y ataques contra civiles que se están produciendo por parte de ambos bandos.
Izquierdistas a favor de regresar con la Rusia de Putin, nazis a favor de acceder a la Unión Europea. Todo esto sólo demuestra una cosa, y es que en un conflicto internacional, las identidades políticas se desvanecen y lo único que quedan son los intereses geopolíticos. Mientras tanto, se sigue esperando a que Occidente tome una parte activa en este conflicto que va camino de alcanzar proporciones graves, especialmente en un momento en el que se ha extendido a la población civil.
Las concubinas en la Administración china
Recientemente, se ha hecho público el escándalo existente en China, donde más de dos tercios de los funcionarios detenidos por corrupción, lo han sido por el cargo de «adulterio» o segundas esposas. En este país, donde el comunismo se diluye y adquiere el carácter gerifáltico de cualquier bizarría o exhibición de poder que se pueda pagar con dinero, la intromisión en la vida privada de sus ciudadanos y la malversación de fondos van unidos de la mano. Curiosamente, el establishment no castiga por el robo del erario público, pero sí, por la razón a donde va a parar ese robo de las arcas, véase en este caso a las conocidas como «ernai», que cuanto más jóvenes y multitudinarias son, más caché le otorgan a su propietario.
El problema de las «ernai» no es ya tanto un producto de la corrupción china, sino también una cuestión de cómo determinadas instituciones han sido adaptadas a un sistema comunista moderno en un país oriental. En concreto, China es una de las culturas donde la administración y la burocracia adquirieron un impresionante valor desde la Antigüedad -gracias al confucianismo-, más de mil años antes de la creación de los primeros Estados occidentales. En esta coyuntura, la posición de poder llevó aparejada ciertos privilegios y algunos de ellos se convirtieron en institucion como las concubinas.
En el actual panorama, el partido único no ha conseguido acabar con esta institución que está mucho más arraigada y cuenta con más siglos de vigencia. Por lo que, cabe preguntarse si el comunismo chino, no es a fin de cuentas, una nueva versión de las dictaduras orientales transformadas a los tiempos modernos, en un entorno donde la adquisición de la democracia pasar por un proceso de aculturación occidental. Probablemente, se pueda afirmar que el éxito del Estado liberal moderno sea una de las grandes aportaciones de la cultura occidental a la política teórica y práctica, frente a lo que han aportado otras culturas.
Administración kafkiana
El hecho de someterse a un procedimiento administrativo es una práctica común en el Derecho Administrativo. Es la forma en la que los ciudadanos se relacionan con un ente formado por instituciones y organismos de los que obtienen determinados incentivos positivos y negativos para desarrollar multitud de facultades, obtener información, ejercer derechos y un largo etcétera. Cuando se desarrolló la transición a la democracia, fue necesario suprimir y actualizar diferentes normas administrativas coherentes con los nuevos tiempos.
A fechas del presente y especialmente en el Gobierno Central, se está buscando agilizar y hacer más eficaz a la Administración. Dicho de otra forma, evitar procedimientos largos y costosos en términos económicos. Lo cual se está llevando a cabo de una forma desastrosa. Y es que, con procedimientos rápidos, lo que se consigue es un funcionamiento más que ineficaz, injusto de las instituciones en sus relaciones con los administrados.
Esa filosofía de concebir no ya sólo a las empresas públicas, sino al conjunto de la Administración como un ente basado en la competitividad y la ley del mercado es un buen ingrediente. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha seguido este lema hasta sus últimas consecuencias. Y ciertamente, las últimas consecuencias es que la Administración española se ha convertido en una suerte de universo kafkiano. Un lugar donde haga lo que haga el sujeto, se expone a la incertidumbre constante sobre su destino y la certidumbre de la inutilidad de esta institución.
Aborto: disenso en el retroceso
El proyecto de ley sobre el aborto está dando mucho de qué hablar. Sería oportuno establecer algunas ideas claras desde la corriente que se opone a este cambio legislativo y que contempla la presente norma del Gobierno Zapatero como un avance en los derechos, tanto del hombre como de la mujer. Y es que, feministas y machistas a parte, lo que es imposible poner en duda, es que la decisión de tener un hijo o no, es cosa de dos.
Desde el Partido Popular, se han pronunciado desde el Ministro de Justicia hasta los cachorros más descerebrados sobre el progreso que implica esta norma y porque se recupera el consenso de la ley del ochenta. Para empezar, la norma del ochenta, aprobada durante el gobierno socialdemócrata, es una ley hecha para su época. O dicho de otra forma, en un país que apenas llevaba una década de democracia y acababa de salir de una transición política, era difícil buscar un consenso parlamentario entre las distintas fuerzas políticas. Por lo que, se aceptó aquella ley que, a grandes rasgos, podía satisfacer a todos. Ahora bien, los tiempos han cambiado y era hora de dar un paso hacia delante, en el sentido de la libertad humana, de que cada individuo decida si quiere ser padre o madre, o si no.
Generalmente, se entiende que la derecha es defensora de la libertad del individuo frente a la opresión del Estado. En el caso de España, todos los partidos limitan la libertad, pero quien lo hace en mayor intensidad son los populares. En este partido, el sector católico-integrista, para separarlos de posibles demo-cristianos a quienes quiero atribuir una mayor liberalidad; considera que sus creencias religiosas deben ser traspasadas a las normas civiles. Algo así como los países basados en la ley islámica, pero con la católica. Y ya decía Locke, que el liberalismo era difícilmente posible en países de mayoría católica o musulmana. Dándole la vuelta a la tortilla, la ley de Zapatero no obliga a ninguna mujer a abortar, por lo que, el Estado no interfiere en la moral de las mujeres católicas, por tanto, que estas señoras respeten la moral de aquellas que quieran abortar.
También se ha dicho, por parte de una supuesta liberal como Esperanza Aguirre, es que el aborto es un fracaso. Y ciertamente, lo que sería un fracaso es pensar que el aborto se produce por alguna suerte de despiste exclusivamente. Esta mujer debiera saber que existen muchos otros factores médicos y sanitarios -como determinadas enfermedades- que permiten impedir un embarazo. Aguirre sencillamente es una ignorante y una analfabeta. Tampoco ha entendido lo que significa «fracaso». Pues mire usted, lo que realmente es un fracaso es su Gobierno y la gestión que está realizando. Primero porque ni representa la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, porque está favoreciendo que muchas personas sigan y vayan a la calle, que no soluciona el paro, que está aumentado la tasa de migración española, recorta derechos en Educación y Sanidad y también derechos del individuo como la libertad de expresión y la libertad a decidir sobre nuestros proyectos de vida. No hablemos ya de la corrupción.
Y si realmente, los populares integristas -que esperemos no lo sean todos- quieren vender a la ciudadanía y a la oposición dentro del partido, que este proyecto de ley es un regreso al consenso, es que son sencillamente estúpidos. Primero, porque la demagogia barata del PP ya no convence ni a la mitad de sus votantes. Segundo, porque el único progreso posible es aquel que respeta la libertad del individuo, pues el progreso, no es ni de izquierdas ni de derechas. La palabra «progreso» procede de la confianza en la libertad del individuo y en la ciencia, pero el «retroceso» pertenece a la oscuridad de la religión y la tradición. Y ahí, es donde nuestra derecha, nuestra buena derecha, desea volver.
Seguridad ciudadana, inseguridad turística
La nueva norma de seguridad ciudadana ha suscitado muchas críticas. En primer lugar, la inseguridad jurídica que produce al conferirle autoridad policial a los vigilantes privados de los centros comerciales. Lo que permite que algunas empresas puedan disponer de agentes con un carácter policial, es decir, se trata una nueva fórmula de Estado corporativista policial. Con todas las consecuencias que ello puede tener contra los derechos individuales y el imperio de la ley.
Sin embargo, más peligroso es el aumento de la securización. La securización o la definición en qué ámbitos de la vida política, económica y social, están considerados de forma pertinente y oportuna para la intervención de la violencia legítima más directa del Estado, convierte a muchos ciudadanos en criminales y delincuentes. En esta nuestra época de crisis y sufrimiento, la respuesta del Gobierno no pasa tanto por ayudar a las personas, sino en criminalizar conductas y aumentar el ejercicio de la fuerza física. Otra cosa, que también se puede discutir es hasta qué punto es legítimo ese ejercicio de la violencia por actores ajenos al Estado.
Por último e igual de importante para aquellas zonas de España que viven del turismo es que cualquier “segurata” puede actuar como un policía. Y ciertamente, es difícil pedirle a la seguridad privada que ostenten los mismos valores que la policía en el ejercicio de capacidades similares. Dicho de otra forma, se abre la puerta al chantaje y la posible extorsión de turistas, como hace la policía marroquí y otros cuerpos de dudosa fiabilidad. Este tipo de comportamientos pueden dañar y afectar negativamente a una de nuestras pocas fuentes de ingresos que reside en los servicios turísticos.
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Francisco Collado Campaña 