Derecho
Trini, ¿la malagueña?
La disputa entre el socialismo andaluz y la ejecutiva federal manifiesta sus efectos en la elaboración de las listas electorales. En esto de las circunscripciones que tanto nos recuerdan a los feudos, entre baronías y taifas lleva a que señores y señoritas que no tienen nada que ver con una localidad la encabecen sin haber estado nunca en ellas. Es el caso de la actual ministra y diputada, Trinidad Jiménez, malagueña de nacimiento y madrileña de corazón que toda su carrera política la ha volcado en la capital. La cual tiene el privilegio de encabezar la lista electoral de los socialistas por su ciudad de origen.
Lo criticable más que la decisión de la cúpula socialista es la tendencia del sistema electoral en los grandes partidos. Estas entidades colocan a sus pesos pesados en las cabezas de los feudos donde tienen asegurada la salida de los parlamentarios estrella. Todo ello, con independencia de la relación que estas personas mantengan con el electorado de dicha provincia. El que puede ser cero como el caso de Trini cuya experiencia está más vinculada a Madrid y las relaciones iberoamericanas.
A mediados del siglo XIX, las cámaras legislativas eliminaron los mandatos imperativos de los electores sobre sus representantes. Una acción basada en la creencia de otorgar una mayor libertad a los representantes. Los que finalmente, en países de cultura mediterránea vuelven a emular un feudalismo choricero que bien noble podría ser si la relación con el electorado fuese tan directa como en los países anglosajones donde aún se mantiene la tradición de entrevistarse periódicamente con el electorado. Mientras tanto, tenemos que confiar en los conocimientos de Trini sobre las necesidades de Málaga. Un conocimiento que no será mayor que los que tenga de la posición que juega en la partida de ajedrez entre Rubalcaba y Griñán.
Sobre la reforma constitucional, que no democrática
Los españoles sufrimos una vez más, como si de un bucle melancólico se tratase, las consecuencias de la chapuza política. Lo que bien pudiera haberse evitado con un pacto entre las fuerzas políticas, y que no fue posible debido a la ocultación que Zapatero hizo de la crisis a principios de 2008, revienta en la cara de cabreados e indignados. Mientras uno engañaba, y el otro esperaba frotándose las manos a la futurible victoria; los dos grandes han llegado a la conclusión de reescribir la Constitución para insertar el déficit cero.
El déficit cero está fuera de lo que jurídicamente se llama la parte dogmática de la carta constitucional, de lo que son los derechos fundamentales. Aunque eso no quita, que el gasto público no mantenga una estrecha relación con los derechos sociales. Por lo que, a la forma del cacique, los políticos han firmado la defunción del Estado del Bienestar español y se han bajado los pantalones ante la Unión Europea y los mercados financieros. Sin mediar por un referéndum, ni ninguna consulta al pueblo que será el auténtico afectado de esta decisión que elimina la política fiscal.
No fue suficiente con la mentira de unos, con la apatía de otros. Y es que, como ya no les queda nada, sólo pueden esperar a desnudar sus adentros y enseñar lo que tienen a los especuladores. Lo que no evitará que no sus eminencias, sino el Estado sea penetrado por un fálico rescate a la europea. Y como dicen, estas acciones se hacen con espíritu francés y carácter alemán. Por lo que, los españoles andaremos unos años más escocidos y jodidos.
Pero no llore, esta historia tiene un final feliz. Porque los imbéciles que degeneran en malvados, como dice Reverte, se irán contentos a sus casas. Zapatero regresará a su taifa leonesa, donde beberá su coñac satisfecho de haber realizado la segunda reforma constitucional y brindará con sus amiguetes. Una gran reforma dirán sus compañeros juristas de la Universidad con los que alguna vez trabajó. A la par que, el Partido Popular no tendrá necesidad de hacer grandes recortes cuando un pacto de Estado le da carta blanca para minimizar gastos. El arribafirmante se equivocó, en España siguen habiendo grandes pactos, sobre todo cuando el perjudicado es la ciudadanía.
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