corrupción
Balance del trece
Aunque hace unos meses, las estadísticas oficiales sostenían que se estaba creando empleo, el día a día no ha cambiado para la mayoría de la sociedad. Puede que la promesa electoral de Rajoy hablase del pleno empleo en el sentido matemático de la palabra. Y es que, ya se sabe que desde que empezó la gran mentira en 2008, la única preocupación de nuestros gobernantes –independientemente del color- ha sido una buena presentación de números. Sin embargo, el sujeto sigue perdido entre sobres rapaces y gambones ugeteros que no estarán en muchas mesas navideñas.
Juanca sin cambios recordará la importancia de la institución monárquica. Una institución que independientemente de que vulnere los derechos de igualdad, representa –por su familia- a todo un ejemplo del “typical spanish”. Un abuelo que no quiere irse, un hijo a la espera de pillar el puesto en la empresita del padre, una hija corrupta, un yerno que mejor no salga en las fotos y unos sobrinos que a falta de Playstation se dedican a dispararse unos a otros con rifles de posta. Eso sí, se nos olvidaban los chalecitos en Barcelona y Mallorca.
Mientras tanto, nuestra democracia cada vez más prostituida. Desde sus bases hasta la cúspide, con dos partidos del sistema que caen en picado a la espera de ser devorados por las pirañas. Entre ellos, el depredador del populismo y que cada cual lea esta palabra como le apetezca, pues lo cierto es que los populistas se acusan mutuamente de serlo. Curioso, ¿verdad? Es difícil mirarse en el espejo.
Por lo demás, España sigue siendo un país feliz. No ha cambiado gran cosa, sólo se ha acentuado lo que ya teníamos. Y ahora cabe preguntarse qué pedirle al nuevo año. Algunos estarían gustosos de un conflicto armado. Cataluña, bolcheviques y desmembración de la unidad pensarán algunos de la vieja guardia, del búnker. Lo peor, es que seguimos sin darnos cuenta que la nuestra, es una sociedad de oportunistas. Catalanes o vascos, castellanos o gallegos, andaluces o levantinos, tenemos el mismo ingrediente.
Susana en el cambio andaluz
Ya tenemos nueva responsable del ejecutivo andaluz. Por primera vez en nuestra historia, la cabeza de la Presidencia es una mujer. Sin embargo, esto es uno de los pocos motivos de celebración que tiene la Junta de Andalucía. Está claro que el nombramiento no electo de Susana Díaz no responde al interés ideológico -o estético- de poner a una fémina al frente de la institución. Por desgracia, se trata de una retirada de Griñán ante el riesgo de que su persona pudiera salpicar con su permisividad las corruptelas del caso de los ERES a la institución autonómica.
Por su parte, Díaz responde que se perseguirá la corrupción. El mismo día que lo dice, le estalla el incendio intencionado de un archivo en el Ayuntamiento de Los Palacios. Lugar donde constaba importante documentación sobre los fondos de reptiles que se habían usado por parte de determinados miembros del PSOE-Andalucía. Además, como también se han destruido actas e informes con un gran valor histórico pertenecientes al siglo decimonónico. A la par, el vendedor de humos Antonio Martín se aventuraba unos días antes a valorar el discurso de Díaz como una entrada de aire fresco en el búnker. Al final, la poesía barata es lo poco que queda en el discurso de los socialistas andaluces.
Mucho tendrá qué hacer Susana si quiere reconvertir el aparato del partido. No obstante, puede que la solución a este problema sólo sea posible mediante un cambio de partido en la Presidencia de la comunidad autónoma. Lo que sólo será posible en las próximas elecciones al Parlamento Andaluz. Por desgracia, las alternativas de la derecha tampoco parecen muy auspiciadoras. Si algo parece no cambiar en los candidatos andaluces es su residencia en la ciudad de Sevilla, su carrera en Derecho y eso sí, por la Hispalense. He aquí el cambio andaluz.
Dimisión en banda
El poder judicial ha demostrado la manifiesta culpabilidad de una gran parte de la cúpula popular en el affaire Bárcenas. Entre ellos, se estudia la posibilidad de que declaren el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; Cospedal y Rodrigo Rato. Lo que quiere decir que algo se sabía por parte de estas personas de lo que se cocía y se repartía en sobres en los despachos de Génova 13.
El todopoderoso ejecutivo, que responde a preguntas a través de un funicular o de un televisor de plasma, está asustado. Su omnipotencia, telón de un monolito que no se termina de erigir está planeando una estrategia de comunicación política. Y se preguntan, ¿qué les vamos a decir? Encima cuando tienen que darle una buena explicación a la sociedad española y a la opinión pública internacional para quiénes España ha caído en el más absoluto descrédito.
La cuestión de fondo es cómo Rajoy contará sus disculpas. Se descarta el Congreso, pues sería bastante duro tener que hablar sobre esto en una cámara que se supone representa a la ciudadanía. El uso del televisor, mientras le graban escondido en un búnker en Moncloa, es una solución cutre. Quizá no haya forma de decirle a la gente que le gobierna un grupo de corruptos en el contexto actual. Sólo cabe dimisión, al menos, por un poco de coherencia democrática.
Los falsos liberales
La derecha española y sus originales iniciativas políticas están destruyendo lo poco que puede quedar del liberalismo en nuestra vida pública. Y por tanto, también en nuestros derechos subjetivos que tienen una base jurídica, es decir, el corazón de la Constitución Española. Con una mayoría absoluta holgada, los populares muestran su verdadero rostro tras la máscara del “viaje al centro”. Ese lema preconizado por Aznar que en la realidad se convirtió a lo sumo en visitas esporádicas a Ginebra de manos de Bárcenas.
El sector ultracatólico ha pedido que se limiten los derechos de la mujer, especialmente, la elección en torno a decidir sobre si se continúa o se rechaza un embarazo. Lo que desde la perspectiva de la libertad del individuo, atenta contra una de las capacidades más básicas como es la elección del proyecto de vida. Así, y entendiéndose en el liberalismo, que cada sujeto es dueño y señor de sus decisiones, pretenden violar esta libertad. A lo que, también podríamos añadir la diatriba existente sobre el matrimonio homosexual y otros similares.
En el ámbito de la educación, se ha producido un movimiento regresivo hacia una situación anterior a la que se ha vivido en los últimos veinte años. El incremento de las tasas universitarias y la reducción de las becas como criterios de un sistema de excelencia ha producido que miles de estudiantes abandonen sus carreras ante el impago de matrícula. Y a esto, lo llaman avanzar hacia un modelo más justo, quizá ¿igualitario? Sería necesario recordar a estos defensores del Antiguo Régimen que Adam Smith, padre del capitalismo moderno, defendía que cualquier sociedad libre debía poseer una educación obligatoria y gratuita para sus miembros.
En el campo de la sanidad, se han privatizado los centros madrileños, se están cerrando plantas especializadas en el tratamiento de graves enfermedades y despidiendo a investigadores. Se está pervirtiendo el Estado del Bienestar de Keynes y el mínimo conjunto de derechos de Rawls, también teóricos liberales. Cabe citar la fuga de cerebros de España, bajo el lema de García Pons de que trabajar en Europa es como estar en casa, esa Europa dirigida por la mano de hierro del neopopulismo merkeliano.
Y estos señores y señoras del Partido Popular dicen defender el liberalismo. Pudiéramos argumentar que al menos defienden el liberalismo económico, es decir; capitalismo. Unos liberales que no declaran sus ganancias al Estado, casos de corrupción que quedan impunes ante la ley, que negocian fraudes y engaños con la monarquía, señoras como Aguirre que defienden el neoliberalismo, pero después ostentan un título nobiliario. Una de las barbaridades contra las que luchó el liberalismo más democrático y más radical en la época decimononica. Sin lugar a dudas, el liberalismo español no se encuentra en su derecha política.
De Zurich a las Caimán
La corrupción está en el candelero. Es el gran problema español según los datos del CIS, pero no deja de tener su origen internacional. Como muchos otros hechos políticos y sociales que se producen en un escenario multinivel. He aquí donde la existencia de los llamados «paraísos fiscales» juega un factor importante en el desarrollo de la corrupción en otros países donde no declarar el dinero que se ingresa en la cuenta bancaria es de forma efectiva un fraude fiscal. Y es que, sin los grandes bancos de Zurich y Ginebra, el caso Bárcenas sería un simple espectáculo casposo de ocultación del capital.
El funcionamiento de los paraísos fiscales es bien sencillo. En su mayoría, se trata de pequeños Estados con escasos recursos que recurren a esta práctica fiscal para obtener una importante ganancia tanto vía impuestos como vía transacciones económicas. Para empezar, permiten que personas físicas o jurídicas de otro país puedan depositar las cantidades que deseen en sus bancos a cambio del pago anual de una determinada tasa no incrementalista. Por su parte, los titulares de dichas cuentas no tienen qué declarar de dónde procede su dinero, ni dar cuenta de la cantidad que atesoran ante la autoridades fiscales. Lo que ofrece una gran ventaja para blanquear el dinero negro procedente de la venta de drogas, de armamento, de la trata de blancas o la simple ocultación de ganancias para no tributar ante la Hacienda española.
Los paraísos fiscales son perseguidos por las autoridades internacionales, ya que acumulan un tercio del PIB mundial según Oxfam Internacional. Hace ya algunos años, la Unión Europea elaboró un listado de los países que podían ser etiquetados con dicha denominación. Desde Suiza hasta las Islas Caimán, pasando por Andorra, Mónaco, Gibraltar, Bahréin y el mismísimo Luxemburgo que es Estado miembro y sede de algunas instituciones comunitarias. En cambio, la OCDE actualmente sólo define como paraísos fiscales a Nauru y Niue, dos microestados de Oceanía, aliviando a muchos otros países de esta marca tan negativa en términos de transparencia como beneficiosa en su aspecto lucrativo.
Se ha dicho de todo de los paraísos fiscales. Por un lado que sin ellos no se podrían sostener las guerras o toda suerte de actividades ilegales. Por otro lado, desde posturas neoliberales se han bendecido como una salvaguarda de las grandes propiedades. Sea como fuere, hay una cuestión mucho más simple para poder crear una opinión sobre esta práctica. Si alguien tiene que ocultar dinero será porque se ha ganado o se ha usado para fines opuestos al respeto y la igualdad de los seres humanos.
Todos corruptos
Alemania anima a Rajoy a que afronte el caso Bárcenas. Y es que, esta recomendación es un chiste. Una mera anécdota si se tiene en cuenta que el gran mal de la sociedad española es la ausencia de honradez y ética pública. No hay estamento de la cúspide social que esté limpio de la mancha del latrocinio. Para empezar, el mismo partido del Gobierno está implicado en un lucrativo negocio por el que el ex Tesorero popular repartía sobres mágicos entre la directiva del partido. Mariano, De Guindos y otros antiguos sospeschosos del Gurtel tienen empapadas sus manos en la masa. Tampoco olvidemos a la señora Mato que fue mimada con el pago de confeti para su cumpleaños y con algún obsequio de Vuitton. La única respuesta que hemos recibido de estos señores es a Rajoy escondido tras una cámara y diciendo que él no sabe nada de lo que se cocía en Génova 13.
Si continuamos, ERES de la Junta de Andalucía aparte, está el espectáculo de la Fundación Ideas, donde su director y su mujer se repartían el pago a una investigadora fantasma, la conocida Amy. Una chica que igual escribía un artículo sobre política internacional que preparaba los seminarios de la entidad. Un bochorno que deja por los suelos y avergüenza la labor de muchos docentes e investigadores universitarios que a diario trabajan por la innovación. No siempre tan bien pagada como pudo disfrutar esta afortunada. Por eso, es absurdo considerar este caso como una minucia con todo el daño que supone para las fundaciones y organismos destinados a la investigación. Si bien, podemos excusar que se trataba del «chiringuito intelectual» de un partido político donde la transparencia se fue de vacaciones hace un tiempo.
Mientras sucede todo esto, la mitad de la sociedad se ocupa de estigmatizar a la clase política. Y tienen razón en ello, pero olvidan que los representantes del supuesto interés general no son los únicos implicados. También está el papel de la monarquía. Esos Borbones que tanto enseñaron en Nápoles y que se fueron haciendo escuela de la «cosa nostra». Así, tenemos a las hijas del Rey haciendo negocios fantasmas para dilapidar dinero público cuya única utilidad va a llenar las cuentas suizas de Urdangarín y sus colaboradores. Para no aburrirse, «Juanca» igual se marca unos penaltis con Corina que se dedica a cazar elefantes.
¿Y quién paga todo esto? La sociedad española, cuya tasa de suicidios por impago de la hipoteca y pérdida del hogar aumenta conforme disminuyen las deudas de los bancos. Esta semana han llegado las desafortunadas muertes de distintos ciudadanos en Cártama y Córdoba. El problema ya no es la crisis, es la corrupción que afecta a todas las instituciones de España, hablemos de partidos políticos, monarquía y otros organismos. Sin embargo, la clase política no tiene nada que decir al respecto, sólo esconderse tras un televisor y decir que está muy ocupada negociando en Europa. Los últimos datos del CIS ya adelantan esta caída de la credibilidad de los políticos, y eso si tenemos en cuenta que las encuestas se realizaron antes de la reciente entrada del caso Bárcenas en la agenda.
El colchón de los corruptos
La élite política en general, y la española en particular, suelen ser cómplices de una práctica llamada corporativismo. Esta fórmula de organización consiste en la toma de decisiones a puerta cerrada con un grupo de participantes definidos. De aquí, salen decisiones en los sectores estratégicos y energéticos que después simplemente serán tramitados en comisiones parlamentarias sin ninguna capacidad de modificar lo que se ha decidido en un lugar fuera de la cámara nacional. Véase las subidas en los precios de las eléctricas, la expansión de una empresa nacional o lo referente a un monopolio público.
Cuando los ministros y parlamentarios españoles se retiran de la representación política vuelven al agujero del que salieron sus normas y decretos. Así fue, como muchos entre los que podemos citar Zaplana o el reciente Rato acaban como directivos en grandes empresas como Telefónica. La razón que lleva a que las compañías efectúen estos fichajes estrella es doble. Por un lado, la devolución del favor a un político que influyó decisivamente para que las decisiones de la empresa fuesen protegidas y garantizadas mediante leyes emanadas del poder legislativo y ejecutivo. Por otro lado, el mantener un valor efectivo que incluye una imagen pública, una red de contactos y un gran poder de influencia frente a las instituciones en las que el mismo fichaje ya estuvo o conoció anteriormente.
Es una vergüenza lo de Rato. Ese hecho es indudable, después del escándalo de Bankia. Lo que es más preocupante es que esta práctica se siga produciendo a día de hoy. Rato es sólo una gota en un océano, donde las grandes corporaciones tienden a implantar prácticas corporativistas en la toma de decisiones políticas y a absorber a los antes representantes del pueblo para sus intereses particulares que no son los del interés general. Y como se puede observar, ni los mismos partidos políticos tienen capacidad para responder ante estas situaciones que son fruto de la decisión de una empresa y la particular del sujeto en cuestión fichado por la multinacional. Los mismos detentadores y productores del Derecho consienten la misma violación de la norma como normalidad institucional.
La justicia no es igual para todos
La mayoría de los Estados democráticos defienden una igualdad que bien viene en llamarse formal. Lo que supone un trato equitativo de un sujeto frente a otro en sus relaciones ante la ley y la comunidad ciudadana. Por otro lado, se encuentra otro principio más bien de impronta socialista que aduce a la “igualdad material” que consiste en el reparto similar de bienes y recursos entre los individuos. Un principio al que sólo se le ha hecho justicia garantizando un mínimo de bienestar para todas las personas mediante los servicios públicos y las políticas redistributivas.
Esta “igualdad material” en su sentido estricto ha sido rechazada por nuestras democracias. Por un lado, por no permitir la libre competencia en el mercado político. Por otro lado, por no responder a los criterios de un gobierno basado en la meritocracia. La única igualdad que se ha argumentado siempre, y que Juan Carlos I, tuvo el honor de recordarnos en Navidades es la igualdad jurídica. Según ésta, con independencia de nuestra procedencia, riqueza o creencias, los ciudadanos somos tratados ante la legislación de forma igualitaria.
Por ejemplo, un hombre, un voto. Sin dar más votos a un hombre o quitárselos a otro por cuestiones de “virtud política” o “sabiduría”. Pero si hablamos de tribunales, la cuestión bien cambia. Este sábado ha declarado en los tribunales Iñaki Urdangarín, por prevaricación y fraude. Se ha comentado la posibilidad de que se juzgue al jurista que conoce del caso. También se intenta esquivar la declaración de su mujer, la infanta. Aunque, nadie, absolutamente nadie habla de juzgar a su padre, que bien los escondió en Washington ante el temor del descubrimiento de tan vil corrupción por parte de los “aristoi”. O dicho en griego, los mejores entre los mejores.
Los Borbones vuelven a las andadas
Los presuntos casos de corrupción de Urdangarín y otros miembros de la Casa Real están a la orden del día. En esta, la nuestra democracia ibérica, la corrupción no es un invento de la clase política. Ni mucho menos, este suceso debe ayudarnos a reflexionar quiénes han sido los maestros de depravación a lo largo de nuestra historia. Y sin dudas, estos señores los descendientes de la estirpe francesa de los Bourbon.
Tras la Guerra de Sucesión, los Borbones se instalaron en España procediendo a la única política razonable que ejercieron: la de centralización. Después de eso, continuaron las generaciones de déspotas, inválidos, pendencieros, tiranos, puteros y moldeables gobernantes. Podemos citar la cesión de la corona a Bonaparte, la vuelta al absolutismo de Fernando VII, la España de la Restauración y la huída de un monarca cuyo pueblo no lo quería. Éstas han sido las grandes obras que los Borbones han dejado para el pueblo español.
Y ahora, en medio de la vorágine económica, encontramos a un miembro de la familia real y unos políticos populares desviando dinero público para satisfacer los gastos monárquicos. Entre las casas monárquicas más transparentes se pueden citar las de Inglaterra y Holanda. Pero claro, no podemos pedirle lo mismo a esta suerte de absolutistas reconvertidos en corruptos de poca monta. Como decían en Nápoles: “Se fueron los Borbones, y nos quedó la cossa nostra”.
La marcha de Oliart
Un hombre íntegro y con un pasado honesto. Perteneciente al una extinta formación de centro-democrático. Ésta era la carta de presentación de Albert Oliart. Hombre de consenso entre los partidos políticos mayoritarios para encargarle la dirección de Radiotelevisión Española. Y ayer, en un único día caía por los suelos la imagen de confianza en este político de la transición al descubrirse que había intervenido activamente en la concesión de un contrato de Televisión Española a la productora de su hijo.
Culparlo de favoritismo, o de corrupto, sería poner un lunar en una mancha más grande. Una punta de iceberg ante unas puertas draconianas. Detrás de las críticas a su figura lo que se esconden son los vicios que sufre la televisión pública. Y es que, son los mismos que el ha denunciado como la falta de pluralismo, la escasa representatividad y la parcialidad que también acompañaron al mismo ente audiovisual en los últimos años del gobierno popular.
Parece que la televisión que se presume española. Al final, acaba siendo de unos pocos, y no de todos. De nada sirven esos consejos audiovisuales que los parlamentos autonómicos nos venden como control a los medios, cuando nadie controla a los diputados. ¿Cuántos ciudadanos se sienten tenidos en cuenta en los servicios informativos y la programación de TVE? Hacer esta pregunta sería inversamente proporcional a la afirmación de los ciudadanos que están satisfechos con la gestión de la crisis económica. Está demostrado que el escaso pluralismo de Urdaci permanece como fantasma entre las cámaras, aunque con colores políticos distintos.
Francisco Collado Campaña 