Derecho
La injusta justicia
El flamante Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, sale a la palestra con una novedosa reforma. El otrora defensor del centro-derecha y de los tímidos liberales demócratas del Partido Popular, hace gala de un nuevo sistema tarifario para que los ciudadanos puedan disfrurtar de la supuesta igualdad ante la ley. Para ello, apoya su nueva tesis en el argumento de la reducción del gasto fiscal y evitar que los pobres gasten su dinero en un proceso destinado a perder.
Hace ya unos años, el PSOE padeció una manifestación por las reclamaciones de los servicios de los tribunales. Y en los que, los funcionarios expresaban las quejas y deficiencias de material y personal que sufren los juzgados españoles. Con la llegada de la crisis y el gobierno popular, se ha combinado la difícil situación del personal judicial con un afán recaudatorio draconiano. Lo que revierte no ya en mejorar el trabajo de los empleados públicos, sino en destruir un derecho constitucional como la defensa frente a un tribunal.
En el presente contexto, la introducción de una tarifa judicial se realizaría en todos los órdenes, tanto el administrativo como el civil, pasando por el laboral. Durante muchas décadas, desde los conservadores canovistas hasta los gobiernos de izquierdas habían amparado la defensa de los trabajadores frente al empresario en una relación bilateral siempre dominado por este último. Por lo que, sería muy difícil que un empleado despedido y con escasos recursos pudiese ganar un despido improcedente o denunciar un caso de acoso laboral. También, se daría más luz verde a los corruptos ante el coste que tendría denunciarles frente a un tribunal.
Este cambio que Gallardón pretende imponer va más allá de una violación de un derecho constitucional o del afán depredador de los conservadores. Esta supuesta tarifa judicial convierte a España en un país propio del Antiguo Régimen o de la Edad Media, donde la justicia ya no se imparte de forma justa, sino que es efectuada por unos tribunales lentos, pobres y con un afán mercenario. Porque al final, la justicia pierde su carácter de servicio público para convertirse en un campo para picapleitos y carnívoros.
La injusticia de los deshaucios
El ruido informativo de muchos medios oculta a diario la tragedia de los deshaucios. Ahora parece que en Cataluña está de moda hablar sobre una ficticia intervención militar, sobre si Rubalcaba seguirá en la Secretaría General o si Rajoy ha sufrido un nuevo ataque de austeridad. En las últimas semanas, se han sucedido desalojos de viviendas, preferible a la palabra “deshaucio” que encierra un eufemismo bastante falso e hipócrita para la cuestión de la que se trata. Un asunto que reside básicamente en el expulsar a los habitantes de una casa por el impago debido al paro, la subida de precios y la crisis económica.
Es curiosa la legislación española. Si un grupo de personas ocupan ilegalmente una vivienda no se les puede echar porque están haciendo uso del referido derecho. Sin embargo, si una familia se adentra en la hipoteca de una casa con el procedimiento establecido y se produce un impago, las fuerzas policiales proceden a expulsarlos. Al parecer, el ciudadano que respeta la legalidad tiene mayor riesgo de ser echado de su casa, que el sujeto de turno que ocupa de forma ilegal una vivienda.
¿Cuál es la diferencia entre ambos? Claramente, que en el primer caso media una relación bancaria y en el segundo es una cuestión de seguridad. Por tanto, esto nos lleva a que ese cuento chino que enseñan últimamente los comunistas de que el capital protege la propiedad es una auténtica falsedad. Al contrario, lo que el capitalismo sí vigila no es la propiedad, porque de ser así no expulsaría al residente, ni ignoraría al ocupador, lo que bien protege son las relaciones financieras. Y es aquí el problema de nuestro sistema, toda la estructura legal que vela por los vínculos basados en el dinero ficticio y en el interés del favor prestado, siendo esta nueva mafia siciliana la que vive en nuestro mundo.
Los miserables y las otras miserias
Hace unos días, distintos representantes de España, entre ellos el Presidente del Gobierno y el Rey acudieron a Nueva York para tranquilizar los ánimos sobre la economía española. Justo en esa semana, una serie de cabeceras internacionales y de reputados fotógrafos publicaron una serie de imágenes sobre las manifestaciones, los desahucios y el aumento de la pobreza del país. Todo ello, en un intento por mostrar a la sociedad internacional las cotas de desgracia a la que están llegando grandes sectores de la población española.
Sin embargo, si estudiamos en profundidad el sistema de seguridad social y bienestar social de Estados Unidos llegamos a la conclusión de que todavía queda un trecho para llega a su situación. Y no mirando hacia arriba, sino inclinando la cabeza hacia abajo porque bien la situación de muchos estadounidenses es sino similar, peor que la que se vive actualmente en el otro lado del Atlántico.
Dentro de las clasificaciones tradicionales de sistemas de bienestar, la primera potencia se encuentra en lo que se llama un sistema de servicios sociales mínimos. Demasiado mínimos, porque se pueden ilustrar familias de clase media y media baja con dificultades para pagar una vacuna de gripe, la diferencia de riqueza en función del grupo étnico, los elevados índices de fracaso escolar, la existencia de grandes sectores de la población repartidos por los suburbios y viviendo de la caridad privada en el mejor de los caos o de la delincuencia en el peor de ellos.
Por fortuna, los fantasmas de la pobreza y de la miseria en Estados Unidos siguen ocultos a los ojos europeos. Sólo la visión de expertos en el tema y de algunas películas americanas consiguen trasladar esa otra realidad de la pobreza en un país donde la mayor inversión pública se realiza en Defensa y en investigación militar, pero no se destina a garantizar el mínimo de bienestar que queda en manos de las empresas privadas y de las aseguradoras. Pero será oportuno no hablar más de esta cuestión, vaya a ser que podamos destruir el espectro del “american way of life” y de otras mentiras como “el hombre hecho a sí mismo”.
Televisión Española 2.0
Una vez asentado el Gobierno de turno, y pasado los 100 días de reserva que todo ejecutivo merece, se ha procedido a la actualización adecuada del software. Limpiada la vieja guardia zapateriana de los informativos y la programación de Televisión Española se ha abierto un período de reflexión. Profunda meditación que ha llevado a contratar a dos estrellas, no del periodismo, quizá de las amistades personales del buró popular como Carmen Lomana y Edurne Uriarte, mujer del Ministro Wert.
Los nuevos reclutas tienen mucho que aportar. Lomana, y algunos dirán que los peperos las prefieren rubias, será la encargada de un programa de cultura. Palabra hermética sobre la cual no sabemos si se esconden toros y flamenco o las últimas tendencias de la moda de los famosos más casposos. En esta nuestra televisión patria todo cabe, si fue posible un Urdaci reconvertido en monologuista, también es probable que Carmen Lomana se convierta en una letrada e ilustre intelectual de los madriles.
Siguiendo, para mayor calidad democrática, no hay nada mejor que la amante de un ministro que se dedica a valorar la gestión de su compañero. Ese requisito que enunciaba Dahl de unos medios plurales capaces de controlar a la clase política, ese “perro guardián” del clásico periodístico, ha sido pisoteado. Más bien travestido en una suerte de perro yorkshire lameculos que igual hace de compañera de cama que de poetisa a la épica política.
Y ahora, ¿dónde está la autorregulación de la televisión española? Es el momento en el que falta un consejo de sabios. Un auténtico comité que sepa poner las cosas en su sitio y atar los cabos sueltos que tanto gustan desatar a los sabuesos rabiosos del PP que han entrado en el ejecutivo para hacer de las suyas le pese a quién le pese. Ya sea el periodismo o el Estado del Bienestar todos son adecuados para ir pasando poco a poco el silencioso cuchillo de la guardia pretoniana.
Gordillo, ni contigo ni sin ti
En estos tiempos de crisis, es recomendable hacer autocrítica del “sistema”. Del político, del económico y del social por si quedase alguna duda sobre el hermético contenido de dicha palabra. Y es que es ahora, cuando hay que dilucidar en qué se ha fallado y en qué se acierta. Sin embargo, también es una buena época para la eclosión de iluminados que hagan leyendas de los hechos y epitafios de sus discursos. Lo cierto es que, esta acción es meritoria siempre que se haga defendiendo auténticos ideales y desde una posición ideológicamente correcta.
Las andanzas de Gordillo y los suyos ha sido cualquier cosa menos una leyenda y un epitafio. Ha dado para todo, desde el panfleto popular del ABC de Sevilla hasta la llamada a las trincheras del ala izquierda. Y ciertamente, hay que tener mucho morro y muy poca vergüenza para ser parte del sistema como representante político y a la vez practicar el latrocinio en supermercados para repartirlo a los Robin Hood.
Yendo al asunto, la cuestión no es de si cumple la legalidad o la viola, sino de si está en el lado de la clase política y por tanto da un ejemplo que brilla por su ausencia. O si está del lado de las personas que se oponen al sistema y actúa desde fuera. Lo que es muy cómodo, es ser parte del Estado como alcalde cobrando sus respectivos erarios y después, dedicarse a robar de la forma más cafre y casposa.
Gordillo es un ejemplo, díscolo y esquizofrénico, de que lo que falta en este país sigue siendo coherencia. A la izquierda y a la derecha. Desde Marinaleda hasta Donostia, pasando por Madrid. Nuestra clase política no tiene pies ni cabeza. Afortunadamente, Gordillo es más inteligente que todo eso, porque sus aventuras propias del verso quevediano o de la novela cervantina, hacen que a día de hoy se siga hablando de él en esta columna y muchos otros lugares. Así que, guarden silencio.
El autoritarismo catalán
Los catalanes, perdón, la élite nacionalista aspira a independizarse tras los sendos recortes que se les imponen desde Madrid y los propios que ha ejecutado CiU. Y es que, la autonomía fiscal que han solicitado al Gobierno podría ser su primer paso para caminar hacia una Cataluña independiente. Esa Atenas ibérica y mediterránea de la que habló alguna vez Prat de la Riba. Sin embargo, lo peligroso de este asunto no lo es tanto para el bienestar del resto de españoles como para los mismos catalanes.
La derecha catalana gusta de un juego tiránico, el arribafirmante diría que antidemocrático y dañino para con el ser humano. En estos tiempos que corren, cada vez más desahuaciados y personas acaban en la calle. De ahí que, tengan que recurrir tanto a la beneficiencia que no siempre logra para cubrir todo como a la búsqueda de alimentos tirados por los supermercados. En la corporación de Girona, preocupados más por la imagen de la mendicidad que por el bienestar se ha invertido dinero en fabricar exclusas para los contenedores de basura de los supermercados. Cuando bien, en estos tiempos de crisis, la imagen podría haberse ido a tomar por culo y bien haber invertido ese dinero en las personas en tan desesperada situación.
Una segunda de estas “políticas públicas” ha sido dictar una ordenanza contra aquellas personas que se manifiesten por los recortes en la sanidad pública. De esa forma, el vivo al hoyo y el muerto al bollo, los problemas (y las muertes) derivados de la reducción de la cobertura hospitalaria quedarán en el patio de atrás. Lo que supone un atentado contra el derecho a la salud y también contra los respectivos de manifestación y libertad de expresión, que no olviden los catalanes, son propiedad de todos los españoles, incluidos ellos también.
Por tanto, existen pruebas fehacientes para preveer que el posible Estado catalán, si saliera adelante por algún juego de la Fortuna, sería posiblemente la primera dictadura mediterránea en el seno de la Unión Europea. Pero eso no es un problema, porque en Europa lo que está de moda es el autoritarismo y miren ustedes a Alemania o el gobierno títere de Italia. Parece que caminamos hacia la nueva Siracusa y Cataluña no iba a ser menos.
En Taifas todo sigue igual
El desplante de las comunidades rebeldes ante el Gobierno Central parece que no ha sentado adecuadamente en Madrid. Y es que, el Ejecutivo ruega a chasquido de látigo a las regiones que recorten su gasto para contener la subida del déficit. Así, entra en juego la elección entre servicio público y mercenariado europeo. En otras palabras, si la prioridad está en mantener la satisfacción de los derechos sociales o en servir al Leviatán bicéfalo de Bruelas.
En este sentido, lo interesante de esta polémica reside en observar el modelo de estado autonómico que hemos tenido hasta el momento. Sucesivos manuales y compendios teóricos definen al Estado autonómico como una especie de híbrido entre el Estado unitario y el Estado federal. Un paso más allá de un Estado descentralizado que decide crear entidades con cierta capacidad normativa en sus respectivos territorios. El panorama que dibuja es bastante idílico, una Arcadia de las relaciones interterritoriales. No obstante, la cuestión no está estrictamente en este bonito diseño institucional.
El problema sobre el funcionamiento de las Comunidades se encuentra en la actitud de la élite política y la partitocracia, es decir, las comunidades autónomas son simples arenas de competición política. Así, las relaciones que se tejen entre unas y otras serán de oposición o colaboración si coinciden con el color político que ostenta sus ejecutivos y el que se sitúa en la Administración Central. Por tanto, el recurso que va a presentar la Junta de Andalucía antes que una cuestión de reglas institucionales es de instrumentos en poder de su élite gobernante.
Por tanto, podemos concluir que una regla se mantiene constante en nuestro Estado autonómico que es el funcionamiento a modo de reinos de Taifas. A lo que hay que unir, la insolidaridad de otras comunidades como Cataluña y el servilismo de las gobernadas por los populares. Como dijimos, el problema está en la cultura política, ya que el concepto de “solidaridad interterritorial” dibuja bonitas esperanzas, pero en la práctica sólo sirve para contarle cuentos a los profanos de las leyes y la política.
La tecnocracia de Rajoy
El Ejecutivo ya ha cumplido su misión final y esperemos que así sea para deslegitimar sus votos. Subida del Impuesto del Valor Añadido y modificación de la progresividad del IRPF. Con ello, Rajoy termina de demostrar la sintomatología de su esquizofrenia tiránica que ni representa a los españoles, ni a Europa, sino que nos convierte en un títere de la tecnocracia europea. España no es más que una provincia cual antigua Spania bizantina o Hispania Romana de la banca autocrática de Alemania.
La auténtica derecha, la derecha dura y conservadora, pide sacrificios a los borregos para mantener el status quo de la clase política y bancaria. Ella, auténtica enfermedad terminal de España y de su sociedad, si la situación no cambia por el azar o por el esfuerzo del pueblo español que ha sido el único que ha sacado a este país adelante, ya sea expulsando a franceses a tiro limpio o pidiendo el paso a una democracia.
Este Gobierno tiene los días contados, o los tendrá la sociedad. Nunca jamás antes desde el franquismo ni en los años del socialismo hipócrita de Zapatero, se ha vivido situación tan ardua y dura. Y no lo dice el escribiente, son palabras que subraya de grandes plumas como las de Pérez-Reverte o Roberto Centeno. Columnistas no estrictamente de izquierdas que han apoyado el cambio de los inútiles que llevan las actuales carteras ministeriales. Lo que tenemos ahora no es más que una tecnocracia de petimetres.
Los mitos de la Constitución de 1812
La efeméride de la Pepa está en alza. Es un valor del mercado político que parece recordarnos a todos que hace dos siglos, los españoles se pusieron de acuerdo en algo, que como siempre, volvieron a chafar los Borbones. Esa gran familia de gestores que pocas veces han dado en el clavo. Volviendo ese gran texto constitucional, es recordado estos días por haber reconocido libertades y derechos a los españoles.
La carta de 1812 tiene muchas luces, especialmente para los andaluces que parece vendernos como los padres del liberalismo español. No obstante, hay que dilucidar los claros y oscuros de una carta con más sombras que radiantes brillos de ilusión. Pues para empezar la Pepa negaba la libertad de culto y obligaba a todo español a profesar la religión católica, a la que consideraba como esencial en el Estado español. Y es que, los ilustrados afirmaban que el destierro del dogma y el librepensamiento eran las bases para el progreso social.
Asimismo, la Constitución daba estatuto de ciudadanía a los españoles, pero no a los esclavos. De forma que, podían existir personas sin derechos para trabajar las tierras y los labriegos de las Indias Occidentales. También, mantenía intacta a la Inquisición para la realización de los juicios contra herejes y disidentes del catolicismo. Y finalmente, reconocía la irresponsabilidad política del monarca, que el pobrecito, para continuar con la tradición, era el más tonto del pueblo.
Y ésta es la Constitución, por la que Riego y muchos otros lucharon. Una carta que concedía unos nimios derechos, manteniendo el resto del edificio sin cambiar y dando una mayor legitimidad al sistema. Por lo que, si para algo sirvió el texto gaditano fue para dar nombre a la idea de España como nación y proclamar su unidad frente al invasor. Por lo demás, harían falta unos ciento veinte años más para hablar de una constitución democrática que pudiera estar a la altura de los países europeos.
La justicia no es igual para todos
La mayoría de los Estados democráticos defienden una igualdad que bien viene en llamarse formal. Lo que supone un trato equitativo de un sujeto frente a otro en sus relaciones ante la ley y la comunidad ciudadana. Por otro lado, se encuentra otro principio más bien de impronta socialista que aduce a la “igualdad material” que consiste en el reparto similar de bienes y recursos entre los individuos. Un principio al que sólo se le ha hecho justicia garantizando un mínimo de bienestar para todas las personas mediante los servicios públicos y las políticas redistributivas.
Esta “igualdad material” en su sentido estricto ha sido rechazada por nuestras democracias. Por un lado, por no permitir la libre competencia en el mercado político. Por otro lado, por no responder a los criterios de un gobierno basado en la meritocracia. La única igualdad que se ha argumentado siempre, y que Juan Carlos I, tuvo el honor de recordarnos en Navidades es la igualdad jurídica. Según ésta, con independencia de nuestra procedencia, riqueza o creencias, los ciudadanos somos tratados ante la legislación de forma igualitaria.
Por ejemplo, un hombre, un voto. Sin dar más votos a un hombre o quitárselos a otro por cuestiones de “virtud política” o “sabiduría”. Pero si hablamos de tribunales, la cuestión bien cambia. Este sábado ha declarado en los tribunales Iñaki Urdangarín, por prevaricación y fraude. Se ha comentado la posibilidad de que se juzgue al jurista que conoce del caso. También se intenta esquivar la declaración de su mujer, la infanta. Aunque, nadie, absolutamente nadie habla de juzgar a su padre, que bien los escondió en Washington ante el temor del descubrimiento de tan vil corrupción por parte de los “aristoi”. O dicho en griego, los mejores entre los mejores.
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Francisco Collado Campaña 