comunidades autonomas

Andaluces sin memoria

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El nacionalismo andaluz apenas alcanza un 5% sobre el conjunto de la población de la comunidad autónoma si se miran las estadísticas del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Esto quiere decir que sólo uno de cada veinte andaluces cree que su región debería ser una nación, ya fuera federada o como un Estado propio. Si se intenta seguir el rastro de este pensamiento se observará que ni siquiera los antiguos políticos del Partido Andalucista tenían una opinión concreta en torno a este dilema. Ni siquiera en el ámbito urbano se encuentran estas voces minoritarias que proponen un mayor grado de autonomía para Andalucía. Es necesario acceder hasta los entornos rurales de mayor peso demográfico para palpar esta actitud.

El caso de Sánchez Gordillo en el ámbito político o de Isidoro Moreno en el intelectual al frente ilustran claramente a esta minoría de andaluces nacionalistas. Y este mismo perfil ideológico, ejemplifica a aquellos andaluces que deciden apoyar la independencia de Cataluña del Estado español, saltándose la legalidad constitucional y dándole la razón a los separatistas. Parece ser que ya nadie se acuerda de la lucha de Andalucía por ser una comunidad autónoma. Durante la Transición, Madrid decidió reconocer a País Vasco, Cataluña y Galicia como comunidades por ser las que habían negociado el reconocimiento de un estatuto especial durante la II República. Fue Andalucía la que alzó la voz para que no sólo Cataluña, sino los demás territorios y ella misma también fueran reconocidas como comunidades, dando lugar al actual Estado de las autonomías. Es éxito andaluz, y no del egocentrismo de los catalanes, el actual Estado autonómico.

A excepción de Tarradellas, la mayoría de la clase política catalana se negaba a que Andalucía tuviese este reconocimiento. Por eso, me sorprende no la doble moral, sino la amnesia de políticos e intelectuales nacionalistas andaluces -cuyo sentimiento el arribafirmante aprecia- que le están dando la razón a esta gente. A esta gente que no quería una Andalucía autónoma, a esta gente que predicaba su religión payesa entre los charnegos desarraigados, a esa pequeña burguesía catalana que quería nuestra mano de obra barata para mantener sus industrias, a aquellos que decían que el dialecto andaluz era una lengua de analfabetos y a aquellos que siempre han pisoteado (y pisotean) el honor de la tierra andaluza con la suela de la bota. Andalucía ha dado y da a España mucho más que la deslealtad de los separatistas catalanes.

 

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Rivera e Iglesias juegan al ajedrez

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Albert-Rivera-y-Pablo-Iglesias

La “política del consenso” era un espécimen único en su especie en la España democrática. Gunther, Maravall, Bernecker y Maihold, entre otros, han advertido la evolución de la política del pacto a la crispación. La crispación ha sido durante mucho tiempo el monopolio del bipartidismo, ya que todo se resumía en una conversación teatralizada -hasta cierto punto- entre dos adversarios. Tras las últimas elecciones municipales, se ha terminado la función y los nuevos actores han entrado en escenas. No obstante, siguen existiendo reticencias al pacto, como algunos alcaldes populares que han dicho que seguirán en sus cargos en funciones hasta que los expulsen como tales, o Susana Díaz que se niega a acabar con la corrupción entre los socialistas sevillanos.

Aunque se baraja la hipótesis de que Podemos y Ciudadanos son una nueva generación del bipartidismo: una opción de izquierda y otra de derecha, el contexto es bien distinto. Primero porque si se acepta dicho bipartidismo, actualmente conviven dos, pero atravesados por un anclaje de “vieja” y “nueva política”, o “casta” y el “pueblo”. Segundo, en la práctica ambos partidos tienen capacidad de negociación con cualquiera de los demás, a excepción de las reticencias de las agrupaciones de electorales de Iglesias a sentarse con los populares. Tercero, las listas de ambos partidos han entrado en el gobierno en las grandes ciudades -como Madrid y Barcelona- o si no, se han erigido como “gatekeerpers” para permitir el gobierno de otros -como el caso de Valencia, Sevilla y Málaga-, eliminando el control férreo que socialistas y populares mantenían sobre sus tradicionales feudos.

Si algo han demostrado Ciudadanos y Podemos en que son partidos de eminente implantación urbana. De hecho, una observación generalizada a los municipios rurales menores de 50.000 habitantes demuestra como PP y PSOE mantienen el control en comarcas y pueblos que por factores económicos y sociológicos han convertido en bastiones. Esto hace que se haya creado una brecha de mayor representatividad democrática entre los municipios urbanos y los rurales. Volviendo al ámbito autonómico, el PSOE sigue empecinado en su idea de “gobernar para la mayoría”, mientras las minorías -que parece que no representan a nadie según Díaz- exigen la dimisión de Cháves y Griñán. Ahí es donde realmente, Podemos y Ciudadanos están jugando sus cartas como promotores de la renovación de líderes y caras entre los dos clásicos. Lo que nunca nadie hubiera imaginado que se hubiese hecho gracias a iniciativas democráticas internas de PP y PSOE, se está acometiendo a través del chantaje político externo. Esto demuestra, que al menos a nivel de discurso, Rivera e Iglesias suponen un revulsivo de democracia y limpieza política.

En Taifas todo sigue igual

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El desplante de las comunidades rebeldes ante el Gobierno Central parece que no ha sentado adecuadamente en Madrid. Y es que, el Ejecutivo ruega a chasquido de látigo a las regiones que recorten su gasto para contener la subida del déficit. Así, entra en juego la elección entre servicio público y mercenariado europeo. En otras palabras, si la prioridad está en mantener la satisfacción de los derechos sociales o en servir al Leviatán bicéfalo de Bruelas.

En este sentido, lo interesante de esta polémica reside en observar el modelo de estado autonómico que hemos tenido hasta el momento. Sucesivos manuales y compendios teóricos definen al Estado autonómico como una especie de híbrido entre el Estado unitario y el Estado federal. Un paso más allá de un Estado descentralizado que decide crear entidades con cierta capacidad normativa en sus respectivos territorios. El panorama que dibuja es bastante idílico, una Arcadia de las relaciones interterritoriales. No obstante, la cuestión no está estrictamente en este bonito diseño institucional.

El problema sobre el funcionamiento de las Comunidades se encuentra en la actitud de la élite política y la partitocracia, es decir, las comunidades autónomas son simples arenas de competición política. Así, las relaciones que se tejen entre unas y otras serán de oposición o colaboración si coinciden con el color político que ostenta sus ejecutivos y el que se sitúa en la Administración Central. Por tanto, el recurso que va a presentar la Junta de Andalucía antes que una cuestión de reglas institucionales es de instrumentos en poder de su élite gobernante.

Por tanto, podemos concluir que una regla se mantiene constante en nuestro Estado autonómico que es el funcionamiento a modo de reinos de Taifas. A lo que hay que unir, la insolidaridad de otras comunidades como Cataluña y el servilismo de las gobernadas por los populares. Como dijimos, el problema está en la cultura política, ya que el concepto de “solidaridad interterritorial” dibuja bonitas esperanzas, pero en la práctica sólo sirve para contarle cuentos a los profanos de las leyes y la política.