dictadura
Intolerancia de los pies a la cabeza
En nuestra democracia, la consolidación de una memoria compartida con respecto a la Guerra Civil y la dictadura franquista es un imposible. Un sueño de una noche de verano apagado tras el acuerdo de las élites que pactaron la Transición. Y es que, la respuesta a dicho muro psicológico que separa la presente democracia -cada vez más dudosa en cuanto a su tolerancia- no fue mejor. El nefasto intento de llevar a cabo una recuperación de dicha «memoria» por parte de Rodríguez-Zapatero indicaba que había una facción más digna que otra. Lo que acabó con una buena parte de la documentación centralizada en Barcelona y una lectura parcial de la Historia.
Esta incapacidad de la izquierda y de la derecha intelectuales para acordar una memoria consensuada se ha convertido en un cheque en blanco para que el Estado sea juez y verdugo de la libertad individual. El reciente caso de la twittera Cassandra, del cual se ha hecho eco The Guardian, llevado ante los tribunales es un ejemplo de cómo se ha legislado para conservar esta impunidad contra el pasado franquista. Hasta un chiste contra Carrero Blanco puede convertirse en un crimen contra una hipotética libertad, la de mantener la amnesia sobre nuestra historia, en contra del derecho de expresión de un sujeto.
Nuestro sistema y nuestra sociedad no quieren un autobús de Hazte Oír recorriendo las ciudades, pero tampoco quiere Filosofía como asignatura obligatoria en el currículo de la educación secundaria. Quienes critican la dura agresión del caso de los titiriteros, son los mismos que se alzan para defender los derechos de los agresores a unos guardias civiles en Alsasua. Tanto nuestra élite, como nosotros mismos, pedimos que se niegue la libertad de otros y se respete la nuestra hasta límites inconcebibles. Una sociedad sin criterio, sin amplitud de miras e intolerante que a la vez teme (y confía) en el Estado como instrumento al servicio del recorte de las opiniones que no concuerden con las nuestras propias. Una herramienta castradora del debate público por el medio que sea.
La transición local
La etapa de la transición política que celebramos esta semana comienza con la muerte de Franco en 1975, continúa con la posterior aprobación de la Ley de Reforma Política en 1977 y culmina con los grandes acuerdos como la Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa y el reconocimiento de las autonomías. Desde la academia, existen dos posturas sobre su interpretación. Por un lado, algunos autores consideran que los líderes políticos acometieron con una labor positiva al dejar a un lado sus diferencias ideológicas y cooperar en la estructuración del nuevo sistema político. Por otro lado, una serie de académicos consideran que la transición fue un proceso pactado entre las élites político-económicas que produjo una democracia imperfecta con una débil legitimidad.
Ambas visiones definen la transición española como un proceso pilotado por las élites nacionales, pactado entre ambas y continuista -en contraposición con la transición rupturista de Portugal- al emanar de la legitimidad del régimen anterior. Este foco de atención en el nivel nacional y en el autonómico ha dejado de lado el estudio y análisis de los gobiernos locales durante esta etapa.
Si la transición política empezó en 1975, las primeras elecciones municipales no se produjeron hasta abril de 1979. A grandes rasgos, los municipios estaban inmersos en una situación conflictiva. En primer lugar, coexistieron unas corporaciones locales con una legitimidad no democrática durante los cuatro primeros años de la Transición. En segundo lugar, la mayoría de los municipios estaban necesitados de una racionalización de los servicios públicos, especialmente en los núcleos urbanos desbordados por el crecimiento demográfico. En tercer lugar, la tensión existente entre la UCD y los partidos de la izquierda, PSOE y PCE, que reclamaban unos “ayuntamientos democráticos” debido al retraso de las elecciones locales. Una pregunta que falta responder en nuestra historia es si los ayuntamientos fueron claves o no en este paso hacia la democracia.
Adiós al Comandante
La muerte de Fidel Castro, el último gran dictador comunista de la Guerra Fría -con excepción de los herméticos señores de Corea del Norte- ha muerto. Parece, y seguirá pareciendo un mito hasta que lo asumamos con el paso de los días, increíble que quien experimentase varias decenas de intentos de asesinatos por los servicios de inteligencia de Estados Unidos haya fallecido definitivamente a los noventa años de forma natural. O al menos, no premeditada con acuerdo a un plan de política exterior de Washington.
A nadie deja indiferente esta muerte, ni a los partidarios ni a los detractores, pero mucho menos a aquellos que se sitúan en una delgada línea entre el amor incondicional y el odio exacerbado. Ciertamente Castro después de derrocar el régimen de Batista, hizo suyo ese lema de Lenin de: «¿y la libertad para qué?». No ya tanto aduciendo que fuera un engaño creado por la supraestructura capitalista, sino argumentando que era necesario fortalecer la gobernabilidad del sistema de la isla caribeña. Lo que supo manejar inteligentemente colocando a Cuba dentro del panorama internacional durante la crisis de los misiles en medio del enfrentamiento entre los dos bloques.
Lo que parece que se olvida y que nadie ha hablado, es la posición que ocupará actualmente Cuba en las relaciones internacionales. Ya que desde su independencia a finales del siglo XIX, había sido uno de los cotos privados de la Casa Blanca y después del largo paréntesis de la dictadura castrista, cabe preguntarse qué lugar ocupa Cuba también en la agenda española. Dicho de otra forma, durante más de un siglo España ha dejado de lado a la antigua colonia cubana, dejando que la primera potencia y otras como la URSS campasen a sus anchas entre las cálidas costas caribeñas. Cuba no ha estado en la agenda española, salvo cuando se ha tratado de crear confrontación política entre la izquierda comunista y la derecha. ¿Y ahora qué?
Horas bajas
La monarquía sigue siendo nuestra institución intocable. Dícese de la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este paraíso de la poca democracia que nos queda en el que hablar de monarquía o república es una cuestión vedada para la ciudadanía y donde criticar a determinados poderes alcanza el grado de blasfemia. Una demostración de que aún quedan signos de autoritarismo en nuestra democracia y que se quiera o no, la institución real por el hecho de tener una composición hereditaria y no electa, es un reducto del pasado dictatorial de España.
Queda manifiesto que la abdicación y por tanto, la sucesión de un monarca por otro es algo que se sitúa en la normalidad de su institución. No se entrará en este texto a valorar si república o monarquía, sino más bien a defender el derecho de todos los ciudadanos y por tanto, de los medios de comunicación de criticar a la monarquía, por ser la libertad de expresión el derecho de los ciudadanos para valorar, juzgar y criticar la labor de los poderes y de las instituciones. Instituciones electas y especialmente aquellas que no son electas, por su manifiesto claro anti-democrático.
Por tanto, es un crimen contra la democracia, contra la libertad de expresión, lo que ha acontecido en la redacción de El jueves hace unos días. La dimisión en cadena de Manel Fontdevila, Albert Monteys, Paco Alcázar, Manuel Bartual, Bernardo Vergara, Guillermo e Isaac Rosa ante la decisión de RBA de retirar la portada en la que Juan Carlos hacía entrega de una pútrida corona al heredero Felipe. Este hecho, es una violación de libertades propia de repúblicas bananeras, de regímenes bolivarianos y poco oportuno de países que se digan democráticos. Ahora no es el momento de remover la monarquía, pero sí es el momento de meditar en relación a los miembros de tan feudal estructura cuál es el lugar que ocupan como parte de los poderes.
Occidente impotente
El mundo occidental ha demostrado su inutilidad de forma manifiesta. La Casa Blanca no ha actuado con contundencia ante la ocupación rusa de Ucrania y el referéndum de pacotilla que ha celebrado la península de Crimea. Unas fotografías de Obama llamando por teléfono a sus colegas rusos es la única imagen que ofrece la propaganda yanqui como respuesta a esta crisis. La Unión Europea, la misma que nos obliga a recaudar a través de subidas del IVA y reducción del Estado del Bienestar, no ha hecho absolutamente nada con respecto a Moscú.
Occidente sólo tiene una preocupación que es recaudar y una respuesta militar en Crimea habría sido fatídica para sus intereses confiscatorios. Mientras tanto, Ucrania observa como pierde «ipso facto» la soberanía de una parte de su territorio en medio de un proceso de transición política. Las autoridades rusas animan a la sedición del ejército ucraniano en Crimea, mientras campan a sus anchas en la que es una nueva provincia del imperio. ¿Cuál es la imagen que las democracias liberales europeas están dando ante Ucrania? No nos engañemos, la UE tiende su mano si se cumplen con los tres requisitos: es decir, usted es una democracia y se viene con nosotros a Bruselas a lo que le digamos, una buena caja registradora sonante y contante al son del mercado y la sumisión a las leyes que Bruselas le diga debe de cumplir. Está claro que Ucrania no es una buena inversión de momento.
El idealismo de una Europa unida por la pasta -¡sí! ¡por la pasta!- deja de ser una alternativa viable en la política de la Unión. Se quiera o no, Rusia ha puesto de manifiesto algo, y es que, el realismo político como visión de la geopolítica internacional, aún está vigente. En un mundo, donde el diálogo con dictaduras no es factible, sólo caben dos alternativas la disuasión y la represión. Sólo cuando los traseros de los burócratas occidentales se den cuenta de eso, podremos tener una mínima seguridad en que nuestro pequeño paraíso de democracia puede ser preservado. Mientras tanto, sólo cabe poner la mano a Europa y el culo a las dictaduras de todo tipo.
El régimen venezolano
El líder ha muerto. Algunos le han llamado «dictador» y la prensa de centro-izquierda le ha bautizado como “caudillo”. Un apelativo que casi lo iguala a Franco. No es de extrañar que la mayor parte de los medios de comunicación españoles hayan calificado a Venezuela no ya como una dictadura, sino como un régimen no-democrático. Un tratamiento injusto, dice Viçenc Navarro, si tenemos en cuenta que la prensa de nuestro país está en manos de los grupos multimedia dependiente del capital de la derecha.
Ciertamente, la democracia venezolana no es comparable con un sistema liberal-representativo. Y es que, existen distintos elementos que la hacen quedar fuera de dicha etiqueta. Sin embargo, usar nuestros esquemas socio-culturales para juzgar si tal país latino-americano es una democracia o no, es un craso error, especialmente si se dedican a la política comparada. En la última mitad del siglo XX, Venezuela era un régimen en el que se alternaban el partido conservador y el socialdemocráta. Cada uno por su cuenta disponía de sus propias redes clientelares, sus siervos y contaba con sus notables. Eran caciques que realizaban una buena reproducción de lo que fue el sistema canovista con sus típicos fraude electoral y “pucherazo”. Esa era la democracia que eliminó Chávez.
Hasta este punto, el sistema del líder reconoce la libertad de expresión y la desigualdad ha sido reducida en los últimos diez años. Muchas veces, con medidas populistas como programas de televisión que regalan electrodomésticos o compras de supermercado a las clases populares. Este sistema ha permitido corregir los fallos de los antiguos terratenientes. Sin embargo, el error de Venezuela ha sido tejer relaciones con enemigos del mundo civilizado como Irán, Corea del Norte y Libia entre otros. Estados Unidos es un lobo vestido de cordero, pero quien se junta con dictadores se acaba pareciendo a ellos. Y dice una tesis politológica que las democracias son democráticas en el interior, pero que actúan como autoritarismos en el exterior. Ésta es una democracia más.
La difícil catalogación del autoritarismo
Cuando se habla de dictaduras, podemos sostener que los análisis sobre regímenes no-democráticos han estado limitados por los hechos de la II Guerra Mundial y la Guerra Fría. Esto llevó a que durante los cincuenta y los sesenta, los politólogos estadounidenses centrasen sus observaciones en la Unión Soviética y más tarde, en otros gobiernos que contaban con los auspicios del socialismo ruso. Eso llevó a que se catalogase como totalitario al régimen soviético después del estalinismo o que se considerase al franquismo como un simple régimen autoritario.
¿Cuál es la frontera exacta entre autoritarismo y totalitarismo si muchos autores les otorgan características similares? Probablemente, una respuesta razonable a esta cuestión sería observar el grado de movilización que generalmente suele ser mayor en los regímenes fascistas y comunistas. Sin embargo, habría que mirar esta posibilidad detenidamente ya que las dictaduras también tienden a encuadrar a su sociedad en sus instituciones y estructuras verticales.
La segunda cuestión reside en que el concepto “autoritarismo” se ha convertido en un “perro-gato” en el que podemos insertar cualquier gobierno que no sea de corte fascista o comunista. Por tanto, se puede convertir, sino se ha producido ya, en una especie de “cajón de sastre” donde se podría insertar a distintos regímenes de variopintas cualidades. Lo que da lugar a una confusión considerable, muchas veces con la oscura intención de restar culpabilidad o negatividad a las actuaciones de estos regímenes en contra de los derechos humanos y la democracia.
Por ello, existe un acuerdo en definir lo qué no es una democracia, pero es una tarea todavía irresoluta calificar que tipos de sistemas encontramos o no dentro del universo de la no-democracia. Y aquí es donde debería existir un esfuerzo por parte de la Ciencia Política en explicar qué tipología o clasificación encontramos al respecto.
Francisco Collado Campaña 