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La Transición criticada y desconocida
La crisis económica abre margen para la duda. Permite que nuestra clase política haga tambalear los mismos cimientos del sistema. Los casos de corrupción en los tres partidos del «establishment» parecen remontarse según extrañas hipótesis hasta el mismo origen de nuestra democracia. Todo ello ha llevado a que en los últimos meses aparezcan voces entre los grupos y líderes más reaccionarios que critiquen hitos históricos como la Transición y los Pactos de la Moncloa.
Desde estos sectores, vinculados generalmente a Izquierda Unida y al 15-M se afirma que las instituciones deben ser modificadas porque fallan. Porque probablemente esta conjura conspiranoica sea la fuente de los males de España. Se equivocan gravemente quienes manifiestan esta idea que no es otra cosa que un producto de mercadotecnia política dirigido al redito electoral. Es cierto que nuestra Constitución necesita una reforma. Sin embargo, a muchos jóvenes de la izquierda extrema, véase el caso de Alberto Garzón, se les llena la boca criticando a las instituciones más básicas de nuestro sistema, sin afirmar realmente que la culpa la tiene la misma clase política y la cultura democrática de la sociedad.
Dice Josep Baqués, «que tenemos los políticos que nos merecemos». Y así es, a las generaciones de políticos nacidos en democracia se les enseña a ladrar ya sea a favor del mercado o del comunismo más puro. Pese a ello, estos jóvenes no tienen ni idea del período de la Transición. Una época donde la derecha aceptó el liberalismo democrático, donde los socialistas adoptaron la ideología de la socialdemocracia alemana y donde Carrillo renunció a la aspiración máxima del comunismo. Un momento, donde todos sacrificaron algo de su identidad, donde cedieron a la otra parte e hicieron posible la convivencia. El éxito de esa convivencia se demuestra en que España pudo superar la transición política y una crisis económica.
A Garzón y otros oportunistas, les falta el conocimiento de este período. El país no necesita ninguna suerte de comunismo ecléctico, ni de capitalismo salvaje. Aburre el discurso del reparto cuando lo que estamos perdiendo es la propiedad, nuestros hogares y lo que se debilitan son las clases media y baja. Lo que este país necesita ahora no es cambiar sus instituciones, especialmente cuando no hay capacidad para el consenso. Lo que realmente hace falta es que la clase política sea capaz de llegar a un acuerdo. El problema auténtico son unos representantes que no tienen cultura política de lo que hicieron sus antecesores y donde la memoria es selectiva. Dejen de lado los ladridos pancartistas y sean capaces de entender a los otros. De hacer un nuevo pacto por el país. Ése es el auténtico ejercicio democrático.
De Zurich a las Caimán
La corrupción está en el candelero. Es el gran problema español según los datos del CIS, pero no deja de tener su origen internacional. Como muchos otros hechos políticos y sociales que se producen en un escenario multinivel. He aquí donde la existencia de los llamados «paraísos fiscales» juega un factor importante en el desarrollo de la corrupción en otros países donde no declarar el dinero que se ingresa en la cuenta bancaria es de forma efectiva un fraude fiscal. Y es que, sin los grandes bancos de Zurich y Ginebra, el caso Bárcenas sería un simple espectáculo casposo de ocultación del capital.
El funcionamiento de los paraísos fiscales es bien sencillo. En su mayoría, se trata de pequeños Estados con escasos recursos que recurren a esta práctica fiscal para obtener una importante ganancia tanto vía impuestos como vía transacciones económicas. Para empezar, permiten que personas físicas o jurídicas de otro país puedan depositar las cantidades que deseen en sus bancos a cambio del pago anual de una determinada tasa no incrementalista. Por su parte, los titulares de dichas cuentas no tienen qué declarar de dónde procede su dinero, ni dar cuenta de la cantidad que atesoran ante la autoridades fiscales. Lo que ofrece una gran ventaja para blanquear el dinero negro procedente de la venta de drogas, de armamento, de la trata de blancas o la simple ocultación de ganancias para no tributar ante la Hacienda española.
Los paraísos fiscales son perseguidos por las autoridades internacionales, ya que acumulan un tercio del PIB mundial según Oxfam Internacional. Hace ya algunos años, la Unión Europea elaboró un listado de los países que podían ser etiquetados con dicha denominación. Desde Suiza hasta las Islas Caimán, pasando por Andorra, Mónaco, Gibraltar, Bahréin y el mismísimo Luxemburgo que es Estado miembro y sede de algunas instituciones comunitarias. En cambio, la OCDE actualmente sólo define como paraísos fiscales a Nauru y Niue, dos microestados de Oceanía, aliviando a muchos otros países de esta marca tan negativa en términos de transparencia como beneficiosa en su aspecto lucrativo.
Se ha dicho de todo de los paraísos fiscales. Por un lado que sin ellos no se podrían sostener las guerras o toda suerte de actividades ilegales. Por otro lado, desde posturas neoliberales se han bendecido como una salvaguarda de las grandes propiedades. Sea como fuere, hay una cuestión mucho más simple para poder crear una opinión sobre esta práctica. Si alguien tiene que ocultar dinero será porque se ha ganado o se ha usado para fines opuestos al respeto y la igualdad de los seres humanos.
Todos corruptos
Alemania anima a Rajoy a que afronte el caso Bárcenas. Y es que, esta recomendación es un chiste. Una mera anécdota si se tiene en cuenta que el gran mal de la sociedad española es la ausencia de honradez y ética pública. No hay estamento de la cúspide social que esté limpio de la mancha del latrocinio. Para empezar, el mismo partido del Gobierno está implicado en un lucrativo negocio por el que el ex Tesorero popular repartía sobres mágicos entre la directiva del partido. Mariano, De Guindos y otros antiguos sospeschosos del Gurtel tienen empapadas sus manos en la masa. Tampoco olvidemos a la señora Mato que fue mimada con el pago de confeti para su cumpleaños y con algún obsequio de Vuitton. La única respuesta que hemos recibido de estos señores es a Rajoy escondido tras una cámara y diciendo que él no sabe nada de lo que se cocía en Génova 13.
Si continuamos, ERES de la Junta de Andalucía aparte, está el espectáculo de la Fundación Ideas, donde su director y su mujer se repartían el pago a una investigadora fantasma, la conocida Amy. Una chica que igual escribía un artículo sobre política internacional que preparaba los seminarios de la entidad. Un bochorno que deja por los suelos y avergüenza la labor de muchos docentes e investigadores universitarios que a diario trabajan por la innovación. No siempre tan bien pagada como pudo disfrutar esta afortunada. Por eso, es absurdo considerar este caso como una minucia con todo el daño que supone para las fundaciones y organismos destinados a la investigación. Si bien, podemos excusar que se trataba del «chiringuito intelectual» de un partido político donde la transparencia se fue de vacaciones hace un tiempo.
Mientras sucede todo esto, la mitad de la sociedad se ocupa de estigmatizar a la clase política. Y tienen razón en ello, pero olvidan que los representantes del supuesto interés general no son los únicos implicados. También está el papel de la monarquía. Esos Borbones que tanto enseñaron en Nápoles y que se fueron haciendo escuela de la «cosa nostra». Así, tenemos a las hijas del Rey haciendo negocios fantasmas para dilapidar dinero público cuya única utilidad va a llenar las cuentas suizas de Urdangarín y sus colaboradores. Para no aburrirse, «Juanca» igual se marca unos penaltis con Corina que se dedica a cazar elefantes.
¿Y quién paga todo esto? La sociedad española, cuya tasa de suicidios por impago de la hipoteca y pérdida del hogar aumenta conforme disminuyen las deudas de los bancos. Esta semana han llegado las desafortunadas muertes de distintos ciudadanos en Cártama y Córdoba. El problema ya no es la crisis, es la corrupción que afecta a todas las instituciones de España, hablemos de partidos políticos, monarquía y otros organismos. Sin embargo, la clase política no tiene nada que decir al respecto, sólo esconderse tras un televisor y decir que está muy ocupada negociando en Europa. Los últimos datos del CIS ya adelantan esta caída de la credibilidad de los políticos, y eso si tenemos en cuenta que las encuestas se realizaron antes de la reciente entrada del caso Bárcenas en la agenda.
La becarización de la política
Hace unos pocos días el profesor de Historia y ex parlamentario popular, Miguel Ángel Ruiz, publicó un interesante artículo en la revista de la Fundación Cánovas sobre las juventudes en la política. De buena pluma y buen criterio nace su opinión, pues está más que capacitado para opinar al respecto. En este texto, se desprende una conclusión bastante acertada y es que las juventudes políticas tienen todavía un deber de socializar en valores y compromiso. A pesar de que esta función socializadora esté de capa caída en la mayoría de partidos modernos o «catch-all-parties» debe mantenerse como norte y no convertir a estos grupos en instrumentos al servicio del partido.
Los partidos políticos han dejado el «trabajo sucio» en manos de los más nóveles. Lo que, como señala Ruiz, va desde aplaudir hasta poner las sillas para un evento, pasando por la agenda de turno de mitines. Y es que, ciertamente los jóvenes deben cumplir con un papel aún más importante como la regeneración de las ideas y de las mismas élites. Aunque, por distintas razones y contra lo que otros opinan, las juventudes no son siempre la puerta de entrada a los incentivos selectivos -véase cargos- de la vida política. Es aquí, donde se debe transmitir el mensaje a los jóvenes que la «profesionalización» de la política, fenómeno que se produce en España desde mediados de los ochenta cuando la arena política está asentada, es un peligro y un grave daño para la calidad de la democracia.
En la democracia, lo importante es saber ser fiel a las ideas que se defienden sin caer en el dogmatismo y atender a los distintos grupos de ciudadanos cada vez con necesidades más concretas. No se puede sustituir la fidelidad por el favoritismo ni el interés general por la satisfacción de intereses corporativistas. Esto es lo que hace que los jóvenes actualmente vean la política como una actividad innoble y en algunos casos como un trampolín desde donde saltar a una vocación que se entiende como profesión. Por eso, probablemente los jóvenes de las juventudes de los dos grandes partidos son ante todo becarios que pueden ser quitados y repuestos por otros prácticamente similares y con una identidad de cartón-piedra.
Los cachorros de la camada
Hace unos días Ana Botella sorprendió con unas declaraciones sobre las juventudes en los partidos políticos. Al parecer, según esta señora cuyo único mérito ha sido ser la primera dama, es decir, la mujer del expresidente José María Aznar; deberían de suprimirse este tipo de organizaciones. Este es un debate que está presente en muchas democracias europeas desde hace algunas décadas y al que la disciplina del politólogo tiene algo que decir y aportar.
Para empezar, la Constitución Española no dice nada al respecto sobre las formaciones juveniles en los partidos, tan sólo que es necesaria la mayoría de edad para poder ejercer el derecho de participación política tanto para votar como para militar. Otra cosa bien distinta es lo que constituyen grupos como Nuevas Generaciones, Juventudes Socialista o Juventudes Comunistas. Al respecto, estos colectivos cumplen con el objetivo de servir de cantera para los partidos, especialmente en la extracción de élites para el gobierno local. En el caso de los populares, los presidentes provinciales de su camada suelen servir para nutrirse de futuros concejales, de ahí que en cuanto obtengan su representación política, terminen renunciando a su cargo en el partido. En el caso de los socialistas y comunistas, la cantera también nutre de posibles concejales, aunque en estos casos no son colocados entre los primeros miembros de la lista, sino que generalmente a partir del número 10 donde es difícil que el cupo juvenil quede representado en el consistorio. El resto de sujetos de las formaciones juveniles quedan como carne de cañón que será barrida y reducida a militancia de base sin ninguna aportación salvo una cuota y una mano de obra barata. No cuenta la formación o cualificación, sólo la lealtad del lobezno a la camada.
Si continuamos, existen posturas contrarias a este tipo de organizaciones. Por un lado, UPyD señala que los jóvenes deberían militar de la misma forma que un militante del partido, sin que exista una diferencia entre juventudes y estructura política. Por otro lado, se puede considerar que la entrada de jóvenes en la política puede ir en detrimento de la democracia y en beneficio de la creación de políticos profesionales. Sin embargo, de lo que no hay duda es que estas formaciones cumplen un papel de socialización política que no debe ser menospreciado entre los miembros de la cúpula de las juventudes. También, existen recorridos distintos en cada partido si se hacen desde las juventudes o desde el mismo partido, siendo los primeros, los que cuentan con más bajas en el inicio de carreras políticas, terminando muchas veces en senadores y otros cargos denominados «cementerios de elefantes».
Se mire como se mire, las juventudes políticas cumplen un papel importante. No obstante, tienen dos inconvenientes importantes. Por un lado, la diferenciación entre la casta de los mayores y la de los jóvenes que muchas veces va en detrimento de estos últimos. Por otro lado, la instrumentalización de los cachorros como auténticos mercenarios al servicio del partido, sea del color que sea. Es aquí donde la práctica política debiera corregir esa participación dudosa de los jóvenes. Otra cosa es que una mujer cuyo mérito haya sido ser esposa de o hija de, abra la boca para lanzar un ladrido.
El politiqueo universitario
Me consta en una universidad que conozco bastante bien, el equipo de gobierno ha cometido un claro atentado contra la representación estudiantil. En concreto, uno de los miembros del rectorado ha vetado a una delegada a asistir a las sesiones de los órganos colegiados universitarios. Para ello, el sujeto en cuestión envió una carta a la representante indicándole que tenía prohibido el acceso a cualquier reunión. Es una situación totalmente antidemocrática y que tiene varios aspectos que comentar.
En primer lugar, la autonomía universitaria ha sido un privilegio constitucional que las universidades gozan con acuerdo a su especial condición. Dicho de otra forma, la limitada independencia de los centros de educación superior no ha impedido que la Academia se convierta algunas veces en un gobierno feudal. Electo, pero que meritocrático y jerárquico controla la universidad como si se tratase de un feudo medieval, dando lugar a que rectores, vicerrectores y otros tantos cometan tantos atropellos como quieran. Otra cosa también interesante, son las relaciones clientelares y la prostitución que se establece entre miembros del gobierno académico y representantes de estudiantes. Podemos hablar de subvenciones, ayudas, cambios de notas y un largo etcétera.
En segundo lugar, muchas veces estos gobiernos rectoriles son los mismos que protestan contra el señor Wert. Un zombi ministerial que no es menos malo que algunos académicos que lo critican. A los mismos que se les llenan la boca, hablando de la dictadura, los grises y la libre universidad, hacen lo mismo que en otras ocasiones han hecho estos últimos. Por tanto, ninguna dignidad ni mucho menos derecho tiene quién habla de democracia o universidad pública cuando lo único a los que aspira es a mantener su minifundismo medieval.
Apología de Jordi Évole
El intrépido Jordi Évole vuelve una temporada más. Después de ofrecer y divulgar información sobre la organización del Consejo General del Poder Judicial, la venta de los préstamos basura, la reclamación de la deuda por parte de la banca alemana y el oligopolio de las eléctricas; se puede afirmar en este periodismo un auténtico ejercicio de control mediático al poder. Uno de los principios básicos para el liberalismo y para la supervivencia de la democracia. Y es que, estas prácticas escasean en estos tiempos de crisis e incertidumbre. Lo cual sea un indicio, de quienes son ahora los nuevos amos del mundo, es decir, las grandes corporaciones.
Estas razones son las que explican que las empresas eléctricas hayan puesto precio a la cabeza de Évole y a la hora de ‘Salvados’. No es una referencia a una ejecución pública, sino un ánimo a nuestra clase política para que retire a un elemento irreverente e impopular para los señores del neoliberalismo. Por lo que, las empresas eléctricas, hablemos de Iberdrola y Endesa, con nombres y apellidos son los llaneros solitarios que reclaman la muerte mediática de este periodista. Una vergüenza y un grupo de desvergonzados que demuestran quién ostenta el poder en nuestro país, los poderes económicos piden y la clase política ejecuta a su servicio.
En este sentido, considero necesaria una defensa de la figura de este periodista. Independientemente de la ideología de cada sujeto, es incuestionable que la libertad periodística debe ofrecer tantas visiones de la realidad como existan en la sociedad y realizar su función de perro guardián en relación al poder político y económico. Saben ustedes que el arribafirmante no comulga con la línea editorial de Évole y su medio, pero reconoce que es loable y meritoria la labor que realiza. Por eso, aunque el primero no sea de izquierdas sí pone la mano en el fuego por buen profesional del ramo periodístico. Sigue así Jordi.
El colchón de los corruptos
La élite política en general, y la española en particular, suelen ser cómplices de una práctica llamada corporativismo. Esta fórmula de organización consiste en la toma de decisiones a puerta cerrada con un grupo de participantes definidos. De aquí, salen decisiones en los sectores estratégicos y energéticos que después simplemente serán tramitados en comisiones parlamentarias sin ninguna capacidad de modificar lo que se ha decidido en un lugar fuera de la cámara nacional. Véase las subidas en los precios de las eléctricas, la expansión de una empresa nacional o lo referente a un monopolio público.
Cuando los ministros y parlamentarios españoles se retiran de la representación política vuelven al agujero del que salieron sus normas y decretos. Así fue, como muchos entre los que podemos citar Zaplana o el reciente Rato acaban como directivos en grandes empresas como Telefónica. La razón que lleva a que las compañías efectúen estos fichajes estrella es doble. Por un lado, la devolución del favor a un político que influyó decisivamente para que las decisiones de la empresa fuesen protegidas y garantizadas mediante leyes emanadas del poder legislativo y ejecutivo. Por otro lado, el mantener un valor efectivo que incluye una imagen pública, una red de contactos y un gran poder de influencia frente a las instituciones en las que el mismo fichaje ya estuvo o conoció anteriormente.
Es una vergüenza lo de Rato. Ese hecho es indudable, después del escándalo de Bankia. Lo que es más preocupante es que esta práctica se siga produciendo a día de hoy. Rato es sólo una gota en un océano, donde las grandes corporaciones tienden a implantar prácticas corporativistas en la toma de decisiones políticas y a absorber a los antes representantes del pueblo para sus intereses particulares que no son los del interés general. Y como se puede observar, ni los mismos partidos políticos tienen capacidad para responder ante estas situaciones que son fruto de la decisión de una empresa y la particular del sujeto en cuestión fichado por la multinacional. Los mismos detentadores y productores del Derecho consienten la misma violación de la norma como normalidad institucional.
La difícil catalogación del autoritarismo
Cuando se habla de dictaduras, podemos sostener que los análisis sobre regímenes no-democráticos han estado limitados por los hechos de la II Guerra Mundial y la Guerra Fría. Esto llevó a que durante los cincuenta y los sesenta, los politólogos estadounidenses centrasen sus observaciones en la Unión Soviética y más tarde, en otros gobiernos que contaban con los auspicios del socialismo ruso. Eso llevó a que se catalogase como totalitario al régimen soviético después del estalinismo o que se considerase al franquismo como un simple régimen autoritario.
¿Cuál es la frontera exacta entre autoritarismo y totalitarismo si muchos autores les otorgan características similares? Probablemente, una respuesta razonable a esta cuestión sería observar el grado de movilización que generalmente suele ser mayor en los regímenes fascistas y comunistas. Sin embargo, habría que mirar esta posibilidad detenidamente ya que las dictaduras también tienden a encuadrar a su sociedad en sus instituciones y estructuras verticales.
La segunda cuestión reside en que el concepto “autoritarismo” se ha convertido en un “perro-gato” en el que podemos insertar cualquier gobierno que no sea de corte fascista o comunista. Por tanto, se puede convertir, sino se ha producido ya, en una especie de “cajón de sastre” donde se podría insertar a distintos regímenes de variopintas cualidades. Lo que da lugar a una confusión considerable, muchas veces con la oscura intención de restar culpabilidad o negatividad a las actuaciones de estos regímenes en contra de los derechos humanos y la democracia.
Por ello, existe un acuerdo en definir lo qué no es una democracia, pero es una tarea todavía irresoluta calificar que tipos de sistemas encontramos o no dentro del universo de la no-democracia. Y aquí es donde debería existir un esfuerzo por parte de la Ciencia Política en explicar qué tipología o clasificación encontramos al respecto.
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