Economía
La «hipocresía» de Aguirre
Hace unos días, el Banco de España, encabezado por Luis María Linde, ha propuesto copiar esa práctica de los «mini-jobs». O dicho de otra forma, plantear la posibilidad de contratar por debajo del salario mínimo como una apuesta por salir del paro. Lo que no implica necesariamente salir de la crisis, que es una crisis de deuda y de déficit público dicho sea de paso. Desde el mismo Ministerio de Trabajo, PSOE, UGT y CC.OO. se han negado en rotundo a apoyar esta locura macroeconómica.
Y es que, ciertamente es una esquizofrenia macroeconómica, porque esta técnica sólo permite ajustar las cifras de población activa, empleados y desempleados. Un maquillaje a los números para decir mira que bien lo hacemos que ya hay más gente trabajando. Un trabajo debiera de ser un trabajo y no esclavitud. Así es como se entiende el trabajo en el contexto del Estado de Bienestar. Sin embargo, Aguirre señala que detrás de este concepto lo que se encuentra es una bondad hipócrita, puesto que al impedir esta pseudo-esclavitud se está impidiendo trabajar a las personas.
El PP de la Comunidad de Madrid en general, y Esperanza en particular, sólo tienen interés en quedar como buenos gestores. Lo demás de derechos laborales es una mentira, una farsa. Aguirre aspira a que la gente trabaje como se hacía en el Antiguo Egipto. Grandes obras faraónicas a precio de esclavo. Baste con observar como el gobierno autonómico que ella misma presidió está estudiando que desempleados trabajen sin sueldo y sin cotización para los ayuntamientos.
Esta hipocresía neoliberal es una hipocresía de números, de ajustar balances y cuentas, de robar más a unos sin que roben tanto a otros. Aguirre, ideóloga del neoliberalismo y del hombre hecho a sí mismo que de la nada lo consigue todo. Un mito del que no puede dar cuenta la ex Presidenta de la comunidad madrileña, quien lo obtuvo todo de la mano de Gallardón y como no, de Bankia, sin mover un dedo.
Distribución de la riqueza en democracia
En la cuestión sobre economía y democracia, los teóricos de la modernidad permiten explicar la transición a una democracia en el corto plazo, es decir, cuando una dictadura se desestabiliza y se abre la posibilidad de cambiar a otro régimen. A partir de 6.000 dólares de renta per cápita se abre la posibilidad de crear una democracia. Mientras que otros trabajos, entre ellos Houle permiten ubicar el papel que la desigualdad económica juega no tanto en el corto como en el largo plazo de una democracia. En su tesis, este autor sostiene que la distribución de la renta es un tema que el Estado democrático debe tener en cuenta en sus inicios, incluso en su transición. Sin embargo, la gestión de este asunto puede afectar en contra o a favor de su futura estabilidad, o dicho de otra forma, en cuanto se refiere a su calidad democrática. De esta forma, Houle coincide con los marxistas como Miliband y Altvater en que la desigualdad es algo que preocupa a la creación del orden social por parte del Estado.
En este sentido, Houle argumenta que la desigualdad puede dañar la consolidación de la democracia, pero no se observan efectos de la misma en el corto plazo, en la democratización. Si bien, Przewosrki y Limongi vienen a decir que el desarrollo económico además de propiciar la democracia, reduce los conflictos de distribución de la riqueza, pero en el fondo, dice Houle que el anterior trabajo no explica, no da cuentas realmente, de porque la riqueza influye en la democracia.
Un aspecto importante, que si bien merece la pena discutir y que introduce Houle es el referente a la medición de la desigualdad, y por tanto de la riqueza de un país. Tradicionalmente, la economía ha usado el PIB y más tarde se ha recurrido al índice de desarrollo humano de la ONU. Entre las medidas de medición de la desigualdad, se recurre al indicador de Gini y la curva de Lorenz, pero no hay un acuerdo sobre cuáles medidas son más válidas. También, cuando se ha medido la desigualdad se ha hecho tanto con Large-N como con pequeños estudios de caso (Acemoglu and Robinson, 2006). Por lo que, sería recomendable encontrar un consenso en este aspecto.
Razones para la transición
Puede que el crecimiento económico combinado con una serie de políticas aperturistas y redistributivas explicase el avance de los regímenes no-democráticos en el Sureste Asiático, en los llamados “tigres asiáticos”. Sin embargo, estas mismas variables no pueden ser aplicadas al reciente proceso de democratización de los países de Europa del Este, algunos de ellos recién salidos de la Guerra de los Balcanes en los noventa y diez años después convertidos en democracias liberales con una economía de mercado. Lo que les permitió en esa misma época convertirse en miembros de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que estos países que habían abandonado un régimen socialista y habían vivido el sufrimiento de los nacionalismos se convirtiesen en poliarquías? A esta pregunta se plantea la necesidad de elaborar una nueva agenda de la investigación que tenga en cuenta los acontecimientos en el largo plazo.
La cuestión está en que los autores comparatistas deben corregir sus errores y tener en cuenta los datos micro. La simple explicación a través de variables cuantitativas y de tipo macro-económico puede empobrecer y subestimar las posibilidades que ofrece la estructura social. Por lo que, es necesario incluir estos aspectos en las futuras investigaciones para evitar la dispersión que ha existido hasta el momento.
Por otro lado, tampoco existe una teoría sobre si las evoluciones a la democracia se producen por distintas vías en el caso de los totalitarismos. De hecho, los teóricos normativos sugieren que no puede existir política alguna en aquellos regímenes que no sean democráticos y respeten la institución de la ciudadanía. Si seguimos esta lógica, podemos conectar los rasgos de los totalitarismos caracterizados por la ausencia de autonomía de la esfera política con respecto a otras y viceversa con la negación de la política realizada desde la moral política. De hecho, otros autores coinciden en que la creación de autonomía de la esfera política en relación con otras como la económica y la social puede ser un rasgo de democratización. Por lo que, una vía para la transición desde regímenes totalitarios a democracias puede pasar por un cambio institucional donde se independice la política de otros campos. Y es que esto es algo que se consigue por parte de la Administración a través de la asunción de principios (imparcialidad, eficiencia, etc.) propios del Estado de Derecho y no asociados a una determinada ideología o corriente religiosa. Así, la solución a los regímenes más extremos puede venir no necesariamente a través de la estructura social, sino mediante el acondicionamiento de las instituciones.
En resumidas cuentas, se pueden tomar en cuenta esta serie de recomendaciones y de datos que son de interés para las transiciones como objeto de estudio de la Ciencia Política. Lo que se puede resumir en una actualización de la agenda, la combinación de datos macro y micro en su análisis y el recurso a distintos enfoques que permitan conocer más detalladamente cómo avanzar hacia una democracia desde un contexto autoritario.
Estado autonómico o Estado municipal
La reforma del mapa municipal de Montoro ha reabierto el debate sobre el modelo de Estado español. Si preferimos churras autonómicas o merinas municipales, es decir, o se recorta la administración regional o a ver qué pasa con la municipal. Lo que sí debería tenerse en cuenta, independientemente de la postura desde donde se exponen los argumentos es que el Estado autonómico se ha consolidado en España como una muestra de las distintas identidades territoriales. Por lo que, en última instancia debería quedar el tocar este logro de la democracia española.
En algunos foros, se habla que se eliminen las diputaciones provinciales. Dicen que esta institución decimonónica carece de sentido actualmente y que muchas veces son chiringuitos de las élites locales. No se puede dudar de estos argumentos, pero hay determinados aspectos como la gestión de servicios de limpieza, bomberos y aprovisionamiento de agua que son compartidos por distintos municipios. Su administración corresponde a un ente por encima del municipio y separar estos servicios entre los distintos ayuntamientos supondría una solución ineficaz. Por tanto, la solución bien podría ser dotar de mayores competencias en servicios locales a las diputaciones y eliminar los entes locales como las mancomunidades, consorcios y comarcas.
El problema reside especialmente en el plano local. En algunas comunidades, como Castilla y León existen más de 2.000 municipios, especialmente por la existencia de concejos, parroquias, las entidades autónomas locales y otras fórmulas de origen medieval. Si bien, la reforma que es tan necesaria debiera acometer con la unificación de estas administraciones y de ayuntamientos de localidades pequeñas en corporaciones más grandes y sólidas. ¿Cuál es la barrera a esta unificación? Básicamente, la existencia de sensibilidades locales que se reconocen distintas unas de otras. Que si los de Villacocha del Norte son distintos de los de Terruño del Sur, y otras tonterías similares.
Una consecuencia de esta unificación de municipios sería la modificación de la arena de competición electoral en el ámbito local. Y ahí entran en juego los anteriores intereses municipales descritos y determinados intereses partidistas vinculados a los mismos. Por ello, los principales partidos deben aceptar sacrificar estos criterios, o de lo contrario, la solución bien vendrá no con la eliminación, sino con la decadencia del Estado autonómico. Por ello, lo más oportuno es reforzar las diputaciones y unificar los municipios de menor tamaño.
De Zurich a las Caimán
La corrupción está en el candelero. Es el gran problema español según los datos del CIS, pero no deja de tener su origen internacional. Como muchos otros hechos políticos y sociales que se producen en un escenario multinivel. He aquí donde la existencia de los llamados «paraísos fiscales» juega un factor importante en el desarrollo de la corrupción en otros países donde no declarar el dinero que se ingresa en la cuenta bancaria es de forma efectiva un fraude fiscal. Y es que, sin los grandes bancos de Zurich y Ginebra, el caso Bárcenas sería un simple espectáculo casposo de ocultación del capital.
El funcionamiento de los paraísos fiscales es bien sencillo. En su mayoría, se trata de pequeños Estados con escasos recursos que recurren a esta práctica fiscal para obtener una importante ganancia tanto vía impuestos como vía transacciones económicas. Para empezar, permiten que personas físicas o jurídicas de otro país puedan depositar las cantidades que deseen en sus bancos a cambio del pago anual de una determinada tasa no incrementalista. Por su parte, los titulares de dichas cuentas no tienen qué declarar de dónde procede su dinero, ni dar cuenta de la cantidad que atesoran ante la autoridades fiscales. Lo que ofrece una gran ventaja para blanquear el dinero negro procedente de la venta de drogas, de armamento, de la trata de blancas o la simple ocultación de ganancias para no tributar ante la Hacienda española.
Los paraísos fiscales son perseguidos por las autoridades internacionales, ya que acumulan un tercio del PIB mundial según Oxfam Internacional. Hace ya algunos años, la Unión Europea elaboró un listado de los países que podían ser etiquetados con dicha denominación. Desde Suiza hasta las Islas Caimán, pasando por Andorra, Mónaco, Gibraltar, Bahréin y el mismísimo Luxemburgo que es Estado miembro y sede de algunas instituciones comunitarias. En cambio, la OCDE actualmente sólo define como paraísos fiscales a Nauru y Niue, dos microestados de Oceanía, aliviando a muchos otros países de esta marca tan negativa en términos de transparencia como beneficiosa en su aspecto lucrativo.
Se ha dicho de todo de los paraísos fiscales. Por un lado que sin ellos no se podrían sostener las guerras o toda suerte de actividades ilegales. Por otro lado, desde posturas neoliberales se han bendecido como una salvaguarda de las grandes propiedades. Sea como fuere, hay una cuestión mucho más simple para poder crear una opinión sobre esta práctica. Si alguien tiene que ocultar dinero será porque se ha ganado o se ha usado para fines opuestos al respeto y la igualdad de los seres humanos.
No sólo matemáticas
Hoy el arribafirmante hablaba con una de sus alumnas que ninguna verdad puede ser válida para todo. Y es cierto, aunque esta frase pueda encerrar algún significado oculto es mucho más simple de lo que parece. Durante mucho tiempo, se ha deseado que las ciencias puras y las matemáticas puedan responder a todas nuestras dudas e inquietudes. Cuando se ha intentado buscar una respuesta universal para la multitud de preguntas que tiene el ser humano se han cometido los peores actos humanos.
En la Edad Antigua, Platón intentó que la filosofía aportase soluciones desde al origen del universo a la organización política. En este último caso, su teoría elaboró una distopía imposible y legitimando prácticas como el racismo, el machismo, la despersonalización y el genocidio. Siglos más tarde, la religión cristiana intentó imponer desde su modelo astronómico hasta sus recomendaciones políticas, pasando por un intenso control social y una alta represión. Nada era cierto, si no estaba recogido en las escrituras. Cuando llegó el siglo XX, los totalitarismos, tanto su versión fascista como comunista, intentaron acapararlo todo, dando lugar a grandes matanzas y barbaridades.
Actualmente, aunque parezca que todo ha cambiado, se produce un fenómeno similar. Las matemáticas parecen ser la gran verdad de nuestro tiempo. Los países hacen apuros para cuadrar sus cuentas antes que buscar el bien de sus ciudadanos. Los mercados ajustan sus números al egoísmo de las grandes fortunas y las cuentas nacionales intentan buscar un equilibrio en una armonía asimétrica que sólo existe en el mundo de lo imposible. Nuestra época es la de cuadrar números y descubrir que las personas nos hemos convertido en un número y cifra de una gran ecuación a la que poco importamos, siempre que el orden de los factores no altere el producto final.
Elogio liberal, retracto popular
En estos tiempos que corren, existen modas ideológicas y aparentemente contrapuestas. En tiempos de crisis, adscribirte a una corriente de pensamiento político parece una respuesta de verdadero o falso, de permitido o prohibido, de acierto o de pecado. Ese culto politeísta del que habla Giddens en los albores de la postmodernidad, es un fantasma errante en la difícil política española. O estas con el sistema que es algo así como obedecer a Alemania y consentir la injusticia, o estas contra el sistema que representa su subversión hacia un modelo que ya se ha demostrado que es inviable en la práctica política.
Probablemente, estemos en la fase inicial de un nuevo tipo de autoritarismo o totalitarismo del siglo XXI, que aún no ha sido diagnosticado por la Ciencia Política y la Filosofía Moral. Seguramente también, una ideología permisible es la que se basa en la libertad de pensamiento liberal-democrático, una suerte de relativismo moderado y limitado por los derechos individuales. Y aquí es donde la personalidad y la individualidad de cada uno y cada una deben jugar un papel crucial.
Desde el Gobierno del PP, se está imponiendo una lógica bastante peligrosa en lo que Lakoff y Goffman llaman los “marcos”. El marco popular impone que estemos a favor de la posición predominante de los bancos, de las subidas de impuestos y recortes y de aceptar el aumento del desempleo hasta que el Estado saneé sus cuentas. Y además, aspiran a que los liberales españoles aprueben esta ideología bajo pena de herejía.
Sin lugar a dudas, un liberal-democrático no se plegará ante esta bazofia de marco, poco refinado y más aún injusto. Nadie que sea liberal puede aceptar una subida de impuestos, nadie que sea liberal puede permitir que su propiedad privada y la de sus ciudadanos sea violada por una entidad fantasma que juega con dinero invisible, nadie que sea liberal permitirá una intervención tan inútil del Estado en la economía. Y sin embargo, los populares tienen el descaro de reclamar la ideología liberal en sus estatutos, un lugar del que por ahora no ha salido.
La injusticia de los deshaucios
El ruido informativo de muchos medios oculta a diario la tragedia de los deshaucios. Ahora parece que en Cataluña está de moda hablar sobre una ficticia intervención militar, sobre si Rubalcaba seguirá en la Secretaría General o si Rajoy ha sufrido un nuevo ataque de austeridad. En las últimas semanas, se han sucedido desalojos de viviendas, preferible a la palabra “deshaucio” que encierra un eufemismo bastante falso e hipócrita para la cuestión de la que se trata. Un asunto que reside básicamente en el expulsar a los habitantes de una casa por el impago debido al paro, la subida de precios y la crisis económica.
Es curiosa la legislación española. Si un grupo de personas ocupan ilegalmente una vivienda no se les puede echar porque están haciendo uso del referido derecho. Sin embargo, si una familia se adentra en la hipoteca de una casa con el procedimiento establecido y se produce un impago, las fuerzas policiales proceden a expulsarlos. Al parecer, el ciudadano que respeta la legalidad tiene mayor riesgo de ser echado de su casa, que el sujeto de turno que ocupa de forma ilegal una vivienda.
¿Cuál es la diferencia entre ambos? Claramente, que en el primer caso media una relación bancaria y en el segundo es una cuestión de seguridad. Por tanto, esto nos lleva a que ese cuento chino que enseñan últimamente los comunistas de que el capital protege la propiedad es una auténtica falsedad. Al contrario, lo que el capitalismo sí vigila no es la propiedad, porque de ser así no expulsaría al residente, ni ignoraría al ocupador, lo que bien protege son las relaciones financieras. Y es aquí el problema de nuestro sistema, toda la estructura legal que vela por los vínculos basados en el dinero ficticio y en el interés del favor prestado, siendo esta nueva mafia siciliana la que vive en nuestro mundo.
Hipótesis (II): seguimos aplazando la deuda postsoviética
Como se adelantó en una columna anterior, el interés diario de la prensa europea en torno a la deuda de los países mediterráneos no responde a planteamientos periodísticos. Más bien, es una necesidad política de Alemania que divorciada del eje franco-alemán desea convertir su agenda nacional en la agenda de la Unión Europea, ocultando las malas cifras de los países miembros del Este. Y es que, como dijo un asesor del Gobierno alemán, “estamos aquí para que paguéis la deuda que habéis contraído, después de haber gastado más de lo que podíais”.
En una comparación, entre los datos macroeconómicos de España y Polonia observamos como la deuda ronda la cifra española y su prima de riesgo se acerca hacia el precipicio de los 400 puntos. La pregunta es dónde están el Bild o The Guardian, avisando sobre este riesgo para la inversión en el antiguo espacio postsoviético. Sin embargo, siguiendo una vieja máxima marxista: todo tiene una explicación económica al menos.
Para empezar, en Alemania existe una desigualdad económica patente entre la zona occidental más rica y la oriental más pobre como resultado de su unificación en los noventa. Por lo que, la existencia de países con un PIB inferior y unos precios más bajos representa una ventaja para compensar la bolsa de la compra de los antiguos alemanes del Este. De forma que, estos ciudadanos tienden a realizar compras como bienes de primera necesidad, ropa y gasolina cruzando la frontera a la República Checa y Polonia.
Esta demanda de productos por parte de los alemanes permite explicar una menor tasa de desempleo en Polonia y unos datos a grandes rasgos menos negativos que los españoles. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que la crisis no se haya cebado con estos países recientemente ingresados en la Unión Europea. Por lo que, seguramente si España no fuese mediterránea y estuviese más cerca de Alemania, otra Merkel cantaría.
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Francisco Collado Campaña 