Derecho

Los espectros de Alemania y la reforma española

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Algunos economistas creen que si se abarata el despido se puede conseguir un aumento del empleo a largo plazo. Esta lógica es la que ha seguido el Gobierno para imponer la nueva norma del mercado de trabajo. Añadiendo una serie de cambios que bien pueden ser discutidos. Para empezar, se constata que esta medida producirá una nueva recesión, aunque sería preferible hablar de prolongación de la crisis para el primer semestre del año.

En primer lugar, aunque esto supusiera realmente una mejora en la tasa de empleo cabe preguntarse cuál sería la hipotética fecha en la que se produciría. No obstante, las estadísticas oficiales sobre empleo impiden mostrar la auténtica realidad. El “quid” de la cuestión reside en las características cualitativas del trabajo generado. En Alemania, ha disminuido el desempleo, pero a costa de crear puestos de trabajo “low cost” donde no se paga realmente por el desempeño realizado. Al contrario, se trata de puestos de trabajo de una cualificación media o baja, donde se mantiene un sueldo basura que en nada ayuda al incremento de la capacidad adquisitiva.

Para continuar, es una reforma que beneficia a grandes empresas, pero no ayuda a las medianas y menos a emprendedores. Ya que, el problema de la mediana empresa no está tanto en destruir puestos de trabajo como en aumentar su productividad ¿En qué repercute disminuir más aún la capacidad de consumo de las familias que son los usuarios habituales de los servicios ofrecidos por las pymes? Entre las pymes se encuentran servicios informáticos, negocios de barrio, pequeñas tiendas de moda, joyería y bienes de consumo. Por lo que, el tejido empresarial sufrirá una reducción de su potencia, con la excepción de las grandes firmas.

Finalmente, se crea una categoría denominada “empresas en crisis”, las cuales tendrán una serie de ventajas en la reducción de salarios y el despido libre. La reforma popular del mercado laboral se acerca hacia el modelo alemán, cuando bien el objetivo tendría que haber pasado por una paulatina transformación del sistema productivo que afecta al tipo de puestos creados. Y es que, Alemania, por muy buenas cifras que muestre, parece que vuelve a sus viejos fantasmas. La desconfianza, el autoritarismo y el alejamiento de Europa que no hace muchas décadas le llevaron a uno de los episodios más trágicos de la historia de la humanidad.

Cibercensura a la cultura

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La cultura suele ser definida como el conjunto de bienes y símbolos que comparte un grupo de personas. Las hay más acertadas y más equivocadas, morales e inmorales, avanzadas y primitivas. Aún así, no hay ninguna de ella de la que no aprendamos nada. Y como dice el proverbio latino ningún libro es malo, ni tampoco una película, una canción o cualquier otra producción del intelecto humano.

Por esta razón, los ilustrados consideraron la cultura y la educación como bases fundamentales para el progreso. Ahora, podemos disfrutar, o podíamos, de un acceso sin raudal a las distintas expresiones de la cultura y de la palabra humana gracias a la red y el hipertexto. Podemos saber qué pasa en un país en tiempo real, qué se piensa en tal lugar o qué se disfruta en otro. Al menos era así hasta hace unos días.

El Gobierno de Estados Unidos ha promovido una ley, la llamada SOPA, que obliga al cierre de cualquier página en la que se pueda compartir películas, música o textos. Todo porque son bienes que deben ser comercializados, y pagados a buen postor, si incluso quieres ponerlo en común con otra persona. Este país que se ha dicho el padre de las libertades y que va a las guerras defendiendo la democracia, impide a la sociedad no sólo propia, sino mundial, el disfrutar de esta puesta en común. Así es, como los regímenes democráticos juegan con la doble moral para reducir las cuotas de libertad con las que dicen que nacieron bajo el brazo.

Una ley de transparencia para evitar reproches

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El mínimo común denominador de la entrada de los dos últimos Gobiernos ha sido el olvido del empleo en el corto plazo. Cuando los populares han entrado al poder han marcado la puesta en orden de las cuentas públicas como prioridad. Una labor que se está saldando a golpe de recortes, simbólicas subidas en las pensiones e incrementos en los impuestos para curar la depresión estatal.

En primer lugar, si el lema de la campaña popular en Andalucía reside en la creación de empleo. ¿Dónde están las primeras respuestas del central homólogo a su fomento? Así, ha quedado claro que la renovación del mercado laboral tendrá que efectuarse dentro de los límites que impongan los últimos cálculos públicos. Dicho de otra forma, una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y las clases medias y populares por la subida de impuestos, aumento de los impuestos de carburantes que contienen virus inflacionistas y una condonación de la deuda de los municipios y gobiernos autonómicos.

En segundo lugar, la campaña electoral andaluza va a tomar como referencia los recortes que afectarán a todo el territorio español. Los populares aducen que las cuentas que encontraron al entrar en Moncloa, no se corresponden realmente con las que informaron los socialistas en el traspaso de poderes. Estos últimos dicen que es un invento del nuevo gobierno para justificar sus tijeretazos. La cuestión está en que beneficia a ambos este malentendido, unos para reprochar el engaño de las cifras, y los otros para recordar el peligro del doberman con los derechos sociales.

En definitiva, las Cortes podrían haber dispuesto una normativa administrativa con consecuencias penales en su incumplimiento para garantizar la transparencia en el intercambio de competencias. Ahora bien, está claro que el bipartidismo prefiere saldar estas diferencias en la arena política como un tema de campaña, y no como lo que realmente es, una cuestión básica de la limpieza jurídica de cualquier Estado liberal.

El embrión de las nuevas Cortes

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La mayoría absoluta del Partido Popular investirá hoy a Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno. Por delante, quedan los recortes de los macroministerios y el miedo a la caída de las prestaciones sociales. También, queda el cumplimiento de las promesas que España ha hecho a los países de la eurozona y sus ajustes económicos. Lo que incluye una meta del déficit en un 4%, aunque el próximo ejercicio económico marque una cifra ligeramente mayor.

La estructura de alianzas se establece principalmente entre populares y nacionalistas catalanes, abriendo paso a la aprobación de medidas neoliberales especialmente en el ámbito económico. En un segundo plano, quedan otras colaboraciones coyunturales, como el frente común de PP y UpyD ante las demandas de la izquierda abertzale. Los que han visto, como se les ha negado un grupo parlamentario propio ante el voto de PP y la abstención de los demás miembros de la mesa.

A grandes rasgos, el futuro ejecutivo dividirá sus políticas en las urgentes y las estructurales. O mejor dicho, entre aquellas referidas a economía que piden una mayor atención. Y esas otras, más bien las que corresponden a la legislatura y tienen una vocación largoplacista. Con todo ello, se incluye entre las principales medidas una llamada a la austeridad en las comunidades autónomas. La cuestión está en saber por dónde va a venir dicho ahorro fiscal.

Los Borbones vuelven a las andadas

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Los presuntos casos de corrupción de Urdangarín y otros miembros de la Casa Real están a la orden del día. En esta, la nuestra democracia ibérica, la corrupción no es un invento de la clase política. Ni mucho menos, este suceso debe ayudarnos a reflexionar quiénes han sido los maestros de depravación a lo largo de nuestra historia. Y sin dudas, estos señores los descendientes de la estirpe francesa de los Bourbon.

Tras la Guerra de Sucesión, los Borbones se instalaron en España procediendo a la única política razonable que ejercieron: la de centralización. Después de eso, continuaron las generaciones de déspotas, inválidos, pendencieros, tiranos, puteros y moldeables gobernantes. Podemos citar la cesión de la corona a Bonaparte, la vuelta al absolutismo de Fernando VII, la España de la Restauración y la huída de un monarca cuyo pueblo no lo quería. Éstas han sido las grandes obras que los Borbones han dejado para el pueblo español.

Y ahora, en medio de la vorágine económica, encontramos a un miembro de la familia real y unos políticos populares desviando dinero público para satisfacer los gastos monárquicos. Entre las casas monárquicas más transparentes se pueden citar las de Inglaterra y Holanda. Pero claro, no podemos pedirle lo mismo a esta suerte de absolutistas reconvertidos en corruptos de poca monta. Como decían en Nápoles: “Se fueron los Borbones, y nos quedó la cossa nostra”.

El copago: maldición por solución

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Tras las elecciones, se desvela la receta de la derecha a la crisis económica. Partido Popular y Convergencia i Unió anuncian compartir un mínimo común denominador. Ambos coinciden en que el copago de los medicamentos, el aumento del precio de los transportes y combustibles y el recorte del salario de los funcionarios. Por lo que, la salida de la debacle pasa por una receta neoliberal y con sendas consecuencias para las economías domésticas y la política social.

Zapatero y su jauría consumió las últimas caladas del cigarro del Estado del Bienestar, satisfaciendo a distintos grupos de interés y corporaciones. Ahora, los populares amenazan con implantar el copago farmacéutico de la mano de catalanistas. Un recorte que, digan lo que digan, destruye una considerable política asistencial del sistema público. Tanto médicos como asociaciones de pacientes, coinciden en que el copago llevará a un incremento de la desigualdad de los ciudadanos en el acceso a los medicamentos. Y además, se pagará por algo que ya se está pagando con los impuestos. Por lo que, se reducirá gravemente la igualdad que tienen reconocida los españoles y abrirá una nueva brecha social en el ámbito farmacéutico.

Pese a los efectos electorales, las cifras arrojadas por el 20-N muestran que los populares han arrasado también en aquellas comunidades donde habían efectuado recortes. ¿Realmente estas políticas de tijeretazo están repercutiendo positivamente a corto plazo? Por otro lado, ante el aumento en los precios de la gasolina, cualquier economista puede describir los efectos perniciosos que tendrá en el incremento de la mayoría de bienes y servicios. Puede que el Estado reduzca su déficit, pero las familias reducirán más aún sus ya maltrechas economías mileuristas.

La dictadura de los mercados

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El desarrollo de los flujos financieros es una variable que cada vez guarda más relación con la organización del Estado. En esta última semana, hemos visto como han depuesto a Papandreu en Grecia y como Berlusconni ha afirmado su retirada. Unas jubilaciones que celebran las inversiones y la subida al alza de determinadas cotizaciones. Así, observamos como los países carecen de mucho menos poder del que antaño tuvieron. Y lo que se manifiesta, en los distintos niveles de gobierno.

Las elecciones españolas evitaran que Zapatero se retire ante presiones bursátiles. Y cuando entre el nuevo Presidente cabe preguntarse qué presión sufrirá por parte de estas fuerzas sobrenaturales. Estos dioses de la postmodernidad indiscriminan tanto a izquierda como a derecha, pues más allá de las ideas ya descafeinadas de los partidos políticos está el interés económico.

Esta época que ha tocado conocer nos trae un mensaje claro. La soberanía nacional que bien hubieran secuestrado los grupos políticos, está ahora en manos ahora de otras entidades. Ni el Leviatán hobbesiano, ni los grupos de interés, tan sólo un reducido grupo de grandes divinidades económicas son las que han arrebatado la soberanía que corresponde a los ciudadanos. Estas fuerzas han dilapidado las ideas de Locke, Montesquieu y otros que auspiciaron el camino hacia las democracias liberales.

Del egoísmo localista o la ley de capitalidad

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El debate sobre las ventajas que debe gozar Sevilla por su estatus como capital andaluza ha abarrotado los titulares en la última semana. A raíz de las demandas de colectivos sociales hispalenses, el consistorio de la ciudad ha vuelto a demandar la creación de una norma autonómica que haga honor a la capitalidad. Todo ello en base, al abandono que ha sufrido por parte de la Administración Central y autonómica. Lo que se traduciría en más fondos, administraciones e infraestructuras para el polo del desarrollo andaluz en un interior prácticamente en vías de desarrollo.

Por su parte, De la Torre ha manifestado que carece de sentido dotar de mayor capacidad a Sevilla. En primer lugar, porque Málaga, Almería y Granada son las ciudades que más aportan a las arcas regionales, pero son las que menos perciben en relación a su capacidad contributiva. En segundo lugar, por no ser justo con el resto de provincias ni municipios ni con las dificultades que atraviesa su financiación. Lo que ya estaba previsto en la ley de autonomía local que preveía unos mayores recursos para los entes.

Desde la capital hispalense, se sigue promoviendo a bombo y platillo eso de que son capital. La solidaridad interterritorial, la justicia redistributiva y la capacidad de financiación del resto de municipios andaluces quedan olvidados en la buhardilla por el egoísmo sevillano. Los que no satisfechos con ser capital administrativa, receptores de dos exposiciones mundiales y beneficiarios de los recursos de la Junta tienen el morro de decir que son los grandes ignorados. Pues, su queja no está en demandar para Andalucía mayores fondos por ser la gran olvidada por la Administración, sino en recordar que Sevilla la menos olvidada lo sigue estando.

Por si no fuera poco, desde el grupo socialista del Ayuntamiento sevillano se quejan del desacuerdo entre populares de allí y de Málaga. Lo que no se recuerda tampoco es que su gestión ha dejado sin fondos tanto a las arcas locales como a las autonómicas. Lo que entrega un argumento más para que la insolidaridad territorial hispalense pueda seguir haciendo gala de su “caciquismo anocéntrico”. Menos mal que Málaga y Almería siguen aportando al grifo del derroche autonómico, menos mal para Javi y José Antonio.

Trini, ¿la malagueña?

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La disputa entre el socialismo andaluz y la ejecutiva federal manifiesta sus efectos en la elaboración de las listas electorales. En esto de las circunscripciones que tanto nos recuerdan a los feudos, entre baronías y taifas lleva a que señores y señoritas que no tienen nada que ver con una localidad la encabecen sin haber estado nunca en ellas. Es el caso de la actual ministra y diputada, Trinidad Jiménez, malagueña de nacimiento y madrileña de corazón que toda su carrera política la ha volcado en la capital. La cual tiene el privilegio de encabezar la lista electoral de los socialistas por su ciudad de origen.

Lo criticable más que la decisión de la cúpula socialista es la tendencia del sistema electoral en los grandes partidos. Estas entidades colocan a sus pesos pesados en las cabezas de los feudos donde tienen asegurada la salida de los parlamentarios estrella. Todo ello, con independencia de la relación que estas personas mantengan con el electorado de dicha provincia. El que puede ser cero como el caso de Trini cuya experiencia está más vinculada a Madrid y las relaciones iberoamericanas.

A mediados del siglo XIX, las cámaras legislativas eliminaron los mandatos imperativos de los electores sobre sus representantes. Una acción basada en la creencia de otorgar una mayor libertad a los representantes. Los que finalmente, en países de cultura mediterránea vuelven a emular un feudalismo choricero que bien noble podría ser si la relación con el electorado fuese tan directa como en los países anglosajones donde aún se mantiene la tradición de entrevistarse periódicamente con el electorado. Mientras tanto, tenemos que confiar en los conocimientos de Trini sobre las necesidades de Málaga. Un conocimiento que no será mayor que los que tenga de la posición que juega en la partida de ajedrez entre Rubalcaba y Griñán.

Sobre la reforma constitucional, que no democrática

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Los españoles sufrimos una vez más, como si de un bucle melancólico se tratase, las consecuencias de la chapuza política. Lo que bien pudiera haberse evitado con un pacto entre las fuerzas políticas, y que no fue posible debido a la ocultación que Zapatero hizo de la crisis a principios de 2008, revienta en la cara de cabreados e indignados. Mientras uno engañaba, y el otro esperaba frotándose las manos a la futurible victoria; los dos grandes han llegado a la conclusión de reescribir la Constitución para insertar el déficit cero.

El déficit cero está fuera de lo que jurídicamente se llama la parte dogmática de la carta constitucional, de lo que son los derechos fundamentales. Aunque eso no quita, que el gasto público no mantenga una estrecha relación con los derechos sociales. Por lo que, a la forma del cacique, los políticos han firmado la defunción del Estado del Bienestar español y se han bajado los pantalones ante la Unión Europea y los mercados financieros. Sin mediar por un referéndum, ni ninguna consulta al pueblo que será el auténtico afectado de esta decisión que elimina la política fiscal.

No fue suficiente con la mentira de unos, con la apatía de otros. Y es que, como ya no les queda nada, sólo pueden esperar a desnudar sus adentros y enseñar lo que tienen a los especuladores. Lo que no evitará que no sus eminencias, sino el Estado sea penetrado por un fálico rescate a la europea. Y como dicen, estas acciones se hacen con espíritu francés y carácter alemán. Por lo que, los españoles andaremos unos años más escocidos y jodidos.

Pero no llore, esta historia tiene un final feliz. Porque los imbéciles que degeneran en malvados, como dice Reverte, se irán contentos a sus casas. Zapatero regresará a su taifa leonesa, donde beberá su coñac satisfecho de haber realizado la segunda reforma constitucional y brindará con sus amiguetes. Una gran reforma dirán sus compañeros juristas de la Universidad con los que alguna vez trabajó. A la par que, el Partido Popular no tendrá necesidad de hacer grandes recortes cuando un pacto de Estado le da carta blanca para minimizar gastos. El arribafirmante se equivocó, en España siguen habiendo grandes pactos, sobre todo cuando el perjudicado es la ciudadanía.