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Distribución de la riqueza en democracia
En la cuestión sobre economía y democracia, los teóricos de la modernidad permiten explicar la transición a una democracia en el corto plazo, es decir, cuando una dictadura se desestabiliza y se abre la posibilidad de cambiar a otro régimen. A partir de 6.000 dólares de renta per cápita se abre la posibilidad de crear una democracia. Mientras que otros trabajos, entre ellos Houle permiten ubicar el papel que la desigualdad económica juega no tanto en el corto como en el largo plazo de una democracia. En su tesis, este autor sostiene que la distribución de la renta es un tema que el Estado democrático debe tener en cuenta en sus inicios, incluso en su transición. Sin embargo, la gestión de este asunto puede afectar en contra o a favor de su futura estabilidad, o dicho de otra forma, en cuanto se refiere a su calidad democrática. De esta forma, Houle coincide con los marxistas como Miliband y Altvater en que la desigualdad es algo que preocupa a la creación del orden social por parte del Estado.
En este sentido, Houle argumenta que la desigualdad puede dañar la consolidación de la democracia, pero no se observan efectos de la misma en el corto plazo, en la democratización. Si bien, Przewosrki y Limongi vienen a decir que el desarrollo económico además de propiciar la democracia, reduce los conflictos de distribución de la riqueza, pero en el fondo, dice Houle que el anterior trabajo no explica, no da cuentas realmente, de porque la riqueza influye en la democracia.
Un aspecto importante, que si bien merece la pena discutir y que introduce Houle es el referente a la medición de la desigualdad, y por tanto de la riqueza de un país. Tradicionalmente, la economía ha usado el PIB y más tarde se ha recurrido al índice de desarrollo humano de la ONU. Entre las medidas de medición de la desigualdad, se recurre al indicador de Gini y la curva de Lorenz, pero no hay un acuerdo sobre cuáles medidas son más válidas. También, cuando se ha medido la desigualdad se ha hecho tanto con Large-N como con pequeños estudios de caso (Acemoglu and Robinson, 2006). Por lo que, sería recomendable encontrar un consenso en este aspecto.
Calidad democrática desde el normativismo
La democracia como modelo de Estado representa una de las principales preocupaciones de la actual Ciencia Política, especialmente porque desde el final de la II Guerra Mundial se han sucedido distintas oleadas de democratización en el mundo. Sin embargo, el modelo de democracia que se expande es el conocido como liberal-democracia, es decir, un Estado donde la política se basa en una suerte de liberalismo democratizado y una economía de mercado o mixta.
A esto ha contribuido especialmente la evolución del constitucionalismo al considerar que cualquier democracia debe quedar garantizada mediante la legalidad y un Estado de Derecho; y el isomorfismo institucional que permite que determinadas instituciones sean adaptadas por otras siguiendo una tendencia histórica. Por tanto, esto señala que de la misma forma que existía un desacuerdo sobre la definición y los tipos de regímenes no-democráticos, también existe una falta de consenso sobre la definición de una democracia, sus elementos y sus tipos, si los hubiere.
Cuando se ha hablado de democracia, especialmente desde la Teoría Política y el normativismo, se han asentado modelos de qué es una democracia y qué no lo es. Así, se ha hablado de democracia elitista, pluralista o participativa e igualmente, desde distintas corrientes ideológicas como la socialdemocracia y el neoliberalismo. Aún así, se produce una clara división entre ambas si lo que se defiende es el valor de la igualdad –ya sea material o legal- y la libertad del individuo. Así, como el grado en qué cada uno de ellos es ampliado y limitado. Estos desacuerdos en la Teoría Política se trasladan posteriormente al análisis empírico, de forma que, resulta difícil decir qué es una democracia y qué requisitos debe cumplir. Lo que queda eminentemente claro es que la definición de una democracia está unida directamente a unos elementos de carácter normativo que permiten medir su calidad democrática.
Cinismo popular
Hace unos años, Lakoff estaba de moda entre los expertos en campañas y en oratoria del Gobierno de Zapatero. Con la caída de los socialistas y la llegada de los populares a Moncloa se ha abierto una nueva línea retórica, consistente en sorprender a diestra y siniestra con las lógicas más absurdas y el surrealismo por bandera. Esta semana, se ha estrenado el Ministro de Interior, Fernández Díaz, para quien hay una relación entre las detenciones de los etarras y el aborto, «aunque no demasiado».
En esta nuestra enciclopedia de ejemplos oradores a no seguir tenemos a Cospedal, la señora que no hace mucho dijo que los métodos de las plataformas antideshaucios eran métodos nazis. Se le olvidó a la popular, que el régimen franquista que su partido no condenó en el Parlamento Europeo, fue un colaborador activo de Hitler y deportó a cientos de españoles a campos de concentración. También hay que poner sobre la mesa que retirar las bombonas de oxígeno de enfermos crónicos no sea quizá de nazis, pero sí de personas preocupadas por la gerontocracia. Y después, vienen a defender la vida con su nueva ley restrictiva al amparo de Gallardón. Miren, este discurso no tiene por donde cogerlo.
Entre otras tonterías varias, está el señor Wert que quiere subir las tasas universitarias mientras su hermano, docente de Historia del Arte, protesta contra las mismas. O el caso de la política de hacer aflorar el empleo irregular -colchón de muchos en esta crisis- para cuadrar las cifras de parados.
Hacer discursos para este país sórdido. Poner palabra a una feliz distopía. Los redactores del discurso oficial del PP no ganan para sustos en esta esquizofrenia danzante. Un día quieren ser ultra-católicos y otros neoliberales, otros europeístas y a ratos nacionalistas, pero ya se sabe que todo no se puede tener. Así hay ejemplos de grandes oradores como Álvarez Meana que repite un discurso en veinte videos distintos sin decir nada nuevo que no esté en un manual de gestión pública. He ahí las nuevas generaciones. Las estupideces abundan en esta pantomima de Gobierno. Ya lo dice Reverte que «si Aznar era un arrogante, Zapatero un imbécil, Rajoy es un sinvergüenza». Y así es, hemos elegido el gobierno del descrédito, el discurso de lo absurdo y de lo tiránicamente cínico.
El terrorismo, víctima y verdugo
Parecía que ETA se había ido de vacaciones. Y no sigue estando de vacaciones, porque sus representantes políticos -los de Bildu- se niegan a condenar los atentados del maratón de Boston. Así, vuelven a surgir los discursos de todos conocidos de un lado y de otro. La Casa Blanca anunciando desde un primer momento que la masacre era obra de yihadistas. La izquierda abertzale abriendo sus brazos a cualquier uso político de la violencia. Mientras que, la sociedad expectante nada en su crisis diaria que es otra forma de muerte, política, pero más lenta y cautelosa.
¿Desde qué punto de vista miramos al terrorismo? Cuando se trata de Estados Unidos y del islamismo fundamentalista, el marco en el que se desenvuelven los hechos es el de la cruzada. Unos por extender su verdad, el «american way of life» y otros por combatir contra los «bárbaros del Norte» que han hecho de la palabra de Alá (o de Jehová) un uso estrictamente político. Sin embargo, reducir cualquier atentado terrorista al cliché del mundo occidental-musulmán es restringir las miras ante el peligro y ante quién es inocente o culpable.
El terrorismo es un fenómeno político y psicológico. Hunde sus raíces en los orígenes de nuestra primigenia civilización. El Imperio Romano castigaba a los detractores con la cruz o los ofrecían como espectáculo en el circo. A los señores feudales y la Inquisición, les bastaba con quemarlos en una hoguera o ejecutar un pogromo contra judíos, brujas y herejes. La colonización de los territorios africanos y asiáticos muestran la evolución de estas prácticas que culminan con las matanzas de los totalitarismos nazi y soviético. Como vemos, el terrorismo no es algo ajeno a la historia ni a la vida. Siempre mantiene dos elementos, uno el verdugo y el otro el culpable, roles que algunas veces son ambivalentes para las dos partes o que son casi indistinguibles.
Lo realmente miserable es que se acuse rápidamente al mundo musulmán sin investigar si estos jóvenes chechenos actuaban por otro objetivo de índole nacionalista o por problemas psicológicos. También es miserable que desde el islamismo más radical se crea que pueden afectar a los resultados de unas elecciones matando a cientos de civiles. Es miserable que se use la violencia, pues si el fanático de la causa que sea recurre a ella será porque sus ideas no son creíbles ni para el mismo.
Razones para la transición
Puede que el crecimiento económico combinado con una serie de políticas aperturistas y redistributivas explicase el avance de los regímenes no-democráticos en el Sureste Asiático, en los llamados “tigres asiáticos”. Sin embargo, estas mismas variables no pueden ser aplicadas al reciente proceso de democratización de los países de Europa del Este, algunos de ellos recién salidos de la Guerra de los Balcanes en los noventa y diez años después convertidos en democracias liberales con una economía de mercado. Lo que les permitió en esa misma época convertirse en miembros de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que estos países que habían abandonado un régimen socialista y habían vivido el sufrimiento de los nacionalismos se convirtiesen en poliarquías? A esta pregunta se plantea la necesidad de elaborar una nueva agenda de la investigación que tenga en cuenta los acontecimientos en el largo plazo.
La cuestión está en que los autores comparatistas deben corregir sus errores y tener en cuenta los datos micro. La simple explicación a través de variables cuantitativas y de tipo macro-económico puede empobrecer y subestimar las posibilidades que ofrece la estructura social. Por lo que, es necesario incluir estos aspectos en las futuras investigaciones para evitar la dispersión que ha existido hasta el momento.
Por otro lado, tampoco existe una teoría sobre si las evoluciones a la democracia se producen por distintas vías en el caso de los totalitarismos. De hecho, los teóricos normativos sugieren que no puede existir política alguna en aquellos regímenes que no sean democráticos y respeten la institución de la ciudadanía. Si seguimos esta lógica, podemos conectar los rasgos de los totalitarismos caracterizados por la ausencia de autonomía de la esfera política con respecto a otras y viceversa con la negación de la política realizada desde la moral política. De hecho, otros autores coinciden en que la creación de autonomía de la esfera política en relación con otras como la económica y la social puede ser un rasgo de democratización. Por lo que, una vía para la transición desde regímenes totalitarios a democracias puede pasar por un cambio institucional donde se independice la política de otros campos. Y es que esto es algo que se consigue por parte de la Administración a través de la asunción de principios (imparcialidad, eficiencia, etc.) propios del Estado de Derecho y no asociados a una determinada ideología o corriente religiosa. Así, la solución a los regímenes más extremos puede venir no necesariamente a través de la estructura social, sino mediante el acondicionamiento de las instituciones.
En resumidas cuentas, se pueden tomar en cuenta esta serie de recomendaciones y de datos que son de interés para las transiciones como objeto de estudio de la Ciencia Política. Lo que se puede resumir en una actualización de la agenda, la combinación de datos macro y micro en su análisis y el recurso a distintos enfoques que permitan conocer más detalladamente cómo avanzar hacia una democracia desde un contexto autoritario.
Monarquía a juicio
La institución de la Corona es y será objeto de juicio. No es que la infanta Cristina esté imputada o que su marido hubiese usado los contactos que provee la agenda real para el caos Nóos. Ya no es una cuestión de personas, ya que de todos es sabido que los Borbones no saben hacer la «o» con un canuto. El dilema en sí tampoco es algo que deba decidir un juez. Muy al contrario, es la sociedad y la opinión pública la que debiera reabrir el debate sobre si deseamos una monarquía o una república como sistema político.
Monarquía es una palabra que ha gozado de especial cuidado por nuestra democracia. La figura del Rey goza de inviolabilidad en la carta constitucional. De forma que ningún tribunal ni poder judicial podrá nunca tocar al monarca haga lo que haga. Por lo que se le exime de una responsabilidad política que «de facto» tiene y ha jugado en distintas ocasiones el mismo Juan Carlos. Cuando movía hilos para acercarse a Franco o retirar a su padre de la vida pública para convertirse en heredero. Bien cuando jugaba a dos bandas con los golpistas del 23-F y unos políticos leales, pero acongojados por la situación que se venía encima en aquella noche tejerina. O muy bien, cuando ha invertido la friolera suma de 500.000 euros para mantener a su concubina Corinna cerca de palacio, ya saben para a media noche pasarse a dar una vuelta a ver si a su inquilina se le ha roto algún cuadro o no sabía cuál era la dirección de Cuenca.
Si nuestra monarquía no puede ser una ejemplar, como lo es la figura de los Orange en Holanda o la misma institución en Reino Unido, entonces es hora de pasar página a este viejo invento feudal. La sociedad española, se dice, no está preparada para una república porque bien ha fracasado en multitud de ocasiones y generalmente por falta de una cultura política de lealtad al Estado. Una lealtad que en su día no respetaron los militares, ni los políticos de todo color, ni casi nadie. Aunque esta decisión dual entre rey o república sea una espada de doble filo, si realmente hay tantas personas deseosas de la segunda quizá este sea el momento de dar un paso adelante. Aún así, falta confianza y lealtad en el Estado. Dejar a un lado ese emblema patriótico que parece es sólo de la derecha y esa oposición bolchevique que se ejerce desde sectores antisistema de la sociedad.
Podredumbre en la élite malagueña
Hace unos días, se hizo público el nombramiento de Elías de Mateo como responsable del Museo Municipal de Málaga. La concejalía de Cultura dirigida por el incombustible Damián Caneda ha patinado una vez más al son de la batuta del partido, nombrando a un gestor sin recurrir al tradicional concurso de méritos como se había venido haciendo hasta el momento. Por su parte, Elías de Mateo es un loable intelectual e historiador de la Iglesia, bien conocido entre los círculos malacitanos, pero anónimo más allá de las fronteras provincianas. Lo mismo sucede con el artista cuyo museo dirige, el de Revello de Toro, el retratista de los alcaldes de la ciudad y bien referenciado entre la derecha malagueña.
El caso anterior es sólo la punta del iceberg de una tendencia que se está asentando entre las élites locales. En los últimos treinta años, distintas familias y personalidades se han repartido las posiciones, los honores y los reconocimientos en el entramado político-social. Así, han copado las altas instancias de los partidos, fundaciones y otros organismos que se han convertido en su coto de caza particular. De los Larios, Heredia, Loring y Caffarena del diecinueve hemos pasado a los Segalerva, Pérez-Bryan, Estrada y a las camarillas bien organizadas de arribistas -a diestra y siniestra- que ocupan algunas de las más reconocidas instituciones de Málaga en el ámbito social, político y cultural.
Estos caballeros y damas, a los que no pocas veces les asusta hablar de «élite» y de «política», han puesto sendas barreras para la renovación de las instituciones que ellos mismos ocupan. Así, no se ha producido una actualización generacional de la élite local, sino que tan sólo el carnet del partido o la referencia de algún ideólogo han permitido paliar la artrosis reumatoide que sufre la jerarquía malagueña. Sintomática especial de esta lúgubre enfermedad se manifiesta mediante los episodios repetitivos de exposiciones de Chicano, reminiscencias paranoides a lo Brinkmann, voces franquistas que hablan de toros y de los clavos de Cristo en las sombras de la democracia y corrillos entre las familias de una cuasi extinta burguesía decimonónica (especie en peligro de extinción).
Mientras tanto, las generaciones más jóvenes tienen que elegir entre quedarse o ser enterrados con estas momias en sus túmulos desde la Alameda al Limonar. Y así, cumpliendo la misión de recordar las glorias de estos muertos, conseguirán algún día que alguien les recuerde a ellos. Málaga, la ciudad que «todo lo silencia» -contribución del gran columnista José García-, no es país para jóvenes; es un país para ancianos ególatras. A los que se les llena la boca de la palabra «democracia», pero se les perdió por el camino. Sin embargo, sería recomendable que tuviésemos pena de estos pobres viejos. Estas senectudes que temen ante todo la apertura democrática de las instituciones malagueñas y el frío de la muerte.
Estado autonómico o Estado municipal
La reforma del mapa municipal de Montoro ha reabierto el debate sobre el modelo de Estado español. Si preferimos churras autonómicas o merinas municipales, es decir, o se recorta la administración regional o a ver qué pasa con la municipal. Lo que sí debería tenerse en cuenta, independientemente de la postura desde donde se exponen los argumentos es que el Estado autonómico se ha consolidado en España como una muestra de las distintas identidades territoriales. Por lo que, en última instancia debería quedar el tocar este logro de la democracia española.
En algunos foros, se habla que se eliminen las diputaciones provinciales. Dicen que esta institución decimonónica carece de sentido actualmente y que muchas veces son chiringuitos de las élites locales. No se puede dudar de estos argumentos, pero hay determinados aspectos como la gestión de servicios de limpieza, bomberos y aprovisionamiento de agua que son compartidos por distintos municipios. Su administración corresponde a un ente por encima del municipio y separar estos servicios entre los distintos ayuntamientos supondría una solución ineficaz. Por tanto, la solución bien podría ser dotar de mayores competencias en servicios locales a las diputaciones y eliminar los entes locales como las mancomunidades, consorcios y comarcas.
El problema reside especialmente en el plano local. En algunas comunidades, como Castilla y León existen más de 2.000 municipios, especialmente por la existencia de concejos, parroquias, las entidades autónomas locales y otras fórmulas de origen medieval. Si bien, la reforma que es tan necesaria debiera acometer con la unificación de estas administraciones y de ayuntamientos de localidades pequeñas en corporaciones más grandes y sólidas. ¿Cuál es la barrera a esta unificación? Básicamente, la existencia de sensibilidades locales que se reconocen distintas unas de otras. Que si los de Villacocha del Norte son distintos de los de Terruño del Sur, y otras tonterías similares.
Una consecuencia de esta unificación de municipios sería la modificación de la arena de competición electoral en el ámbito local. Y ahí entran en juego los anteriores intereses municipales descritos y determinados intereses partidistas vinculados a los mismos. Por ello, los principales partidos deben aceptar sacrificar estos criterios, o de lo contrario, la solución bien vendrá no con la eliminación, sino con la decadencia del Estado autonómico. Por ello, lo más oportuno es reforzar las diputaciones y unificar los municipios de menor tamaño.
El régimen venezolano
El líder ha muerto. Algunos le han llamado «dictador» y la prensa de centro-izquierda le ha bautizado como “caudillo”. Un apelativo que casi lo iguala a Franco. No es de extrañar que la mayor parte de los medios de comunicación españoles hayan calificado a Venezuela no ya como una dictadura, sino como un régimen no-democrático. Un tratamiento injusto, dice Viçenc Navarro, si tenemos en cuenta que la prensa de nuestro país está en manos de los grupos multimedia dependiente del capital de la derecha.
Ciertamente, la democracia venezolana no es comparable con un sistema liberal-representativo. Y es que, existen distintos elementos que la hacen quedar fuera de dicha etiqueta. Sin embargo, usar nuestros esquemas socio-culturales para juzgar si tal país latino-americano es una democracia o no, es un craso error, especialmente si se dedican a la política comparada. En la última mitad del siglo XX, Venezuela era un régimen en el que se alternaban el partido conservador y el socialdemocráta. Cada uno por su cuenta disponía de sus propias redes clientelares, sus siervos y contaba con sus notables. Eran caciques que realizaban una buena reproducción de lo que fue el sistema canovista con sus típicos fraude electoral y “pucherazo”. Esa era la democracia que eliminó Chávez.
Hasta este punto, el sistema del líder reconoce la libertad de expresión y la desigualdad ha sido reducida en los últimos diez años. Muchas veces, con medidas populistas como programas de televisión que regalan electrodomésticos o compras de supermercado a las clases populares. Este sistema ha permitido corregir los fallos de los antiguos terratenientes. Sin embargo, el error de Venezuela ha sido tejer relaciones con enemigos del mundo civilizado como Irán, Corea del Norte y Libia entre otros. Estados Unidos es un lobo vestido de cordero, pero quien se junta con dictadores se acaba pareciendo a ellos. Y dice una tesis politológica que las democracias son democráticas en el interior, pero que actúan como autoritarismos en el exterior. Ésta es una democracia más.
Salida a los deshaucios
Personas que abandonan sus viviendas. O bien que sus casas las abandonan, o que pierden la batalla hipotecaria. Fuerzas de seguridad que protegen el derecho a la propiedad individual, pero que en realidad cuidan de la propiedad bancaria y finalmente, la calle o el suicidio. Esta es la teoría de juegos que explica la tragedia que vive una gran parte de la sociedad española. De lejos, se oyen las críticas de algunos que consideran que durante los últimos años se ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Cierto, gentes que compraron segunda casa en Marbella y Benidorm, pero que nadie olvide a toda una generación que hace una década tuvo que comprometerse a pagar una hipoteca de treinta o cuarenta años, ganando un sueldo mileurista; ni de los jubilados que avalaron a sus hijos y los acompañan en el.
De esta combinación de jóvenes que pierden su empleo y el predominio de los bancos en esta tragedia nace el drama diario. La cuestión ahora, a parte de escuchar a neoliberales y meapilas que dicen que hemos vivido más de lo que ganábamos, es buscar una solución a este problema. Por un lado, se puede barajar la posibilidad de la dación en pago, es decir, entregar la casa ante la imposibilidad de seguir costeando la hipoteca por parte del inquilino. Sin embargo, esta alternativa es débil, ya que el ciudadano pierde su casa y el dinero que ha invertido en ella. Algo similar sucede con la opción del alquiler. Desde muchas tribunas se afirma que el alquiler es más habitual que la compra en propiedad en la Europa continental. O dicho de otra forma, la posesión de una vivienda es un derecho reservado a los más pudientes. Tampoco es lo más óptimo. El individuo debería tener derecho a tener su propia casa para garantizar un mínimo de bienestar, que no sea algo que no esté al acceso de las clases medias y populares.
Por tanto, una solución interesante sería expandir constitucionalmente el derecho a la vivienda e incluirlo entre los fundamentales. De esta forma, podríamos aproximarnos al modelo alemán. Además, sería necesario corregir esta tendencia de la policía a cuidar más por la propiedad de los bancos que de las personas. Los bancos son una parte importante del sistema. De acuerdo, pero deben estar al servicio de los ciudadanos, y si no, ponerlos legislativamente a su colaboración y no convertirse en lo que son: mercenarios financieros.
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