Derecho
Honor y terror
El reciente asesinato de doce personas y otras por los terroristas islámicos sigue conmocionando a la sociedad europea. El Viejo Continente que hasta no hace mucho andaba perdido en la política económica de la Unión, ha detenido por un momento su trayecto en el camino de la crisis y ha respirado hondo. Las sátiras de la revista Charlie Hebdo ha provocado tres opiniones claramente definidas: “yo soy Charlie Hebdo”, “yo no soy Charlie Hebdo” y una tercera campaña de los creyentes musulmanes en contra del radicalismo.
Sea como fuere, cabe pensar por un momento, en los ataques que la revista profirió contra distintas instituciones religiosas. Véase el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. En ese sentido, la publicación atentó contra el supuesto honor de estas estructuras religiosas y sus creyentes de forma agresiva, algunos de los cuales no están conformes con el atentado cometido. Si bien, podría haberse esperado una respuesta política o jurídica por parte de alguna de ellas. Y los únicos que han respondido, han sido los radicales islámicos. Si bien, podría haberlo realizado a través de los cauces legales previstos por el ordenamiento francés y también podría haberlo hecho cualquiera de las otras.
Desde otra óptica, cuando El Jueves ha atacado a instituciones como la monarquía también ha sufrido otra forma de terror como la censura. Si el mensajero puede dañar el honor, que lo resuelva la ley, pero nadie tiene derecho a matar al mensajero ni a eliminar el mensaje. Pues, tanto la censura de una democracia constitucional como el terror de un grupo de yihadistas son el mismo tipo de instrumento, si bien, con dosis de violencia diferenciada, pero nunca legitimidada. Porque no se puede esperar que la censura sea algo legítimo en una democracia, ni la “guerra santa” algo reconocido por la divinidad o quien sea. Sea cual fuere, no hay lugar para ninguna de las dos en un lugar que se llama democracia.
Mordaza neoliberal
Las fuerzas de seguridad del Estado pueden denunciarle durante una manifestación o altercado, las faltas muy graves en uso de su libertad de expresión cuestan desde 30.001 hasta 600.000 euros, será castigado con mayor impunidad si critica o responde contra un agente del orden, usted no podrá enlazar la información de un medio ya que habrá que pagar un canon por dicho uso y más. Estos son los regalos que los reyes del neoliberalismo en España, es decir, el PP nos traen para celebrar el comienzo del nuevo año. Mal se ha entendido la palabra liberalismo y neoliberalismo en España que más bien significan neoconservadurismo. Pues, el liberalismo hace hincapié en la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación y manifestación como instrumentos para luchar contra la opresión de los poderes públicos.
Esto no debe sobresaltarle, la derecha española se ha caracterizado por un carácter primitivo y por su incapacidad para articular posiciones políticas cívicas y respetuosas con el orden constitucional. Y es que, si nuestra derecha fuera fiel a los planteamientos de la Constitución, no crearía esta ley que reduce los derechos civiles reconocidos en la carta magna de 1978 y tampoco dañaría el Estado del Bienestar. Son estos daños políticos, los que están produciendo una falta de confianza en el constitucionalismo y está llevando a que buena parte de la sociedad se radicalice planteando no ya una reforma, sino una nueva Constitución y es posible que hasta una segunda transición.
Segundas partes nunca fueron buenas en la incertidumbre. Se escriben estos años, momentos fundamentales para la historia española, pero la duda es la única meta que asoma en el horizonte. Probablemente, entre los radicales de Podemos y los neoconservadores del PP se observa un mínimo común denominador como es la incapacidad para respetar la pluralidad ideológica, ingrediente fundamental de una democracia. Y así, el totalitarismo asome bien vestido de azul o de violeta para terminar de cerrar el círculo.
Hawaii, Bombay es un paraíso
Con ese lema, Ibarretxe y otros propusieron su modelo de organización territorial del País Vasco frente al Gobierno Central en el guiñol. Una parodia ácida que mostraba como el ejecutivo de Euskadi pretendía llegar a un acuerdo similar al de Puerto Rico con Estados Unidos para la problemática del nacionalismo vasco. Y es que, más de una década después y tras la celebración del 9N, se observa un dato interesante en la consulta y es que no ha primado el independentismo, pero sí la existencia de un Estado catalán. Otra cosa es que sea un Estado independiente, federal, confederal u otras fórmulas de territorios con régimen de soberanía especial.
Por lo que, el problema de Cataluña vuelve a pasar por la fórmula de Estado que desean. Lo único claro y definitivo son dos cosas. Primero, tener una independencia o régimen distinto al de las otras comunidades autónomas. Segundo, tener más competencias y más capacidad financiera que la actual. Esto lleva a que lo único que hay detrás de dicha propuesta es la insolidaridad territorial de un territorio español con respecto a los demás. Es en este punto, donde seguramente nacionalistas y catalanes no nacionalistas pueden estar de acuerdo o llegar a un mayor consenso.
Sin embargo, en esta consulta sólo ha participado un tercio de los votantes. Por su parte, Mas vuelve a proponer una segunda repesca o una consulta sostenida por la legalidad vigente frente al Gobierno. Mientras tanto, sus socios de Esquerra alzan las dagas para acabar con el liderazgo de un ejecutivo que no ha sido capaz de celebrar una consulta legitimante, sin complacer a nacionalistas ni a la legalidad española. Es probable que haya empezado la caída del liderazgo de este señor entre sus seguidores.
El aprendizaje de la Invisible: de la cultura vetusta a la abierta
El actual caso de la Casa Invisible y su pervivencia como una institución reconocida legal y socialmente por distintos autores, músicos y escritores; viene a ejemplificar el cambio de orientación de una política pública municipal y el aprendizaje institucional a través de la reacción de un actor político, el colectivo de artistas e intelectuales ajenos al establishment del municipio; frente a la política corporativa de promoción cultural realizada desde el consistorio hasta 2011. Además, lo que originariamente parecía ser un conflicto entre artistas, los oficiales y los no oficiales, por acceder a la arena cultural también comenzó siendo un conflicto entre políticas culturales con distintos objetivos y fines orientadas desde gobiernos de diferentes niveles y signo político.
A principios de la década de 2000, la Diputación Provincial de Málaga gobernada, por PSOE e IU, puso en marcha distintas iniciativas para promover a jóvenes creadores y artistas alternativos al mercado local de la mano del gestor cultural Antonio Troyano. Entre estas actuaciones se incluían las muestras itinerantes de obras plásticas, la publicación de obras colectivas (poesía, narrativa, teatro) y otras dirigidas a difundir a estos artistas. Mientras tanto, el PP de la capital malagueña había desarrollado una política corporativista destinada a continuar con la publicación de colecciones de autores e intelectuales pertenecientes a las élites locales y las familias tradicionales.
En 2005, las actuaciones de los artistas más jóvenes e innovadores culminó con su institucionalización a través de la creación de una entidad privada, El Gabinete de Hyde, promovida por Antonio Troyano y ya escindida de la política cultural de la Diputación Provincial e instalada en la conocida calle Nosquera 9-11. El inmueble donde se había situado disponía de tres plantas y amplias salas para distintos usos: galería de arte, alquiler de aulas, imprenta, etc. Dos años más tarde, la entidad de Troyano cierra sus instalaciones para trasladarse a un local más pequeño y reconvertir el Gabinete en una empresa de gestión cultural.
Ante esta situación, distintos colectivos antiglobalización y artistas e intelectuales provenientes de la autogestión cultural deciden ocupar el local de Nosquera durante la celebración del Festival de Cine de Málaga en 2007 y ofrecer una agenda cultural alternativa (conciertos, teatro, etc.) durante esos días. A partir de esa experiencia, la ocupación del inmueble se hace efectiva y se habilita por parte de los grupos implicados siguiendo el ejemplo del Patio de Maravillas en Madrid y la Tabacalera en Barcelona. En los próximos años, estos grupos reafirman su intención de continuar con el proyecto, al que bautizan como «Casa Invisible», mientras el Ayuntamiento desea implementar en el mismo edificio una incubadora de empresas. Si bien, la situación se silencia y se mantiene el status quo de la ocupación, que gana apoyo de distintos intelectuales e instituciones como la Diputación Provincial, mientras las instancias municipales se mantienen inactivas por su parte.
En 2011, tanto la Diputación de Málaga como el Ayuntamiento de la capital son del mismo color político y con la intención de evitar el conflicto entre las posturas de ambas instituciones se decide llegar a un acuerdo con los artistas de la Casa Invisible y la Junta de Andalucía a través de un convenio. En este convenio se exige a los colectivos implicados a asumir los gastos de inmueble y mantener una agenda cultural a lo largo del año, mientras que el Ayuntamiento y la Diputación reconocen la legalidad del proyecto. A su vez, el consistorio malagueño aprende de esta experiencia y cambia su política cultural corporativista: eliminando las colecciones de artistas veteranos realizadas por la concejalía de Cultura e implementa espacios colectivos para jóvenes artistas (Caja Blanca, locales de ensayo, etc.) a través de la delegación de Juventud, De esta forma, se observa como la reacción original de los colectivos ocupantes del edificio de calle Nosquera llevó a un cambio de orientación en la política cultural del Ayuntamiento de Málaga cambiando los fines de la misma, que deja de ser élites para convertirse en una política cultural abierta a nuevos creadores.
Un alcalde folclórico, feminazismo y amenazas
Al son de una malagueña, nunca mejor dicho frente a las tradicionales sevillanas de Feria, se mueve en la opinión pública un asunto arduo. La denuncia presentada por violación de una chica que trabajaba en el Real frente a cinco jóvenes empezó siendo una comidilla y reunía todos los ingredientes necesarios para que el peso de la ley cayera sobre los que por aquel entonces daban la imágenes de unos depravados. Cinco sujetos, con su correspondiente estética y pertenecientes a una de las barriadas conflictivas de la ciudad, habían perpetrado un hecho atroz. Dos días después, el funcionamiento de la institución judicial dio sus frutos poniendo en duda dicha denuncia y dicha violación.
Al respecto se han pronunciado todos y todas, el alcalde Francisco de la Torre que ha demostrado tener la comprensión y el compromiso de un cardo borriquero. Los medios locales con su ritual de disculpas atrasadas e incumplimiento anticipado de la presunción de inocencia. Y como no, los fanáticos y las fanáticas del feminismo radical para quienes el maltrato de los hombres es algo tan irreal como una hipopótamo verde. Lo que ha quedado claro es que el sentido común a quedado por los suelos. Y la gota que colmó el vaso ha llegado con las amenazas e insultos que se han perpetrado contra la jueza.
En un país, donde se pone en duda la labor de los tribunales y por ende, del Estado de Derecho, sólo cabe esperar que los conflictos se diriman entre particulares. A través de duelos, persecuciones y amotinamientos. Las feministas que defienden la igualdad esperan una justicia medieval en una democracia a la que acusan de no serlo. Por no ser una democracia mujer. Este tipo de corrientes ideológicas son tan peligrosas como un alcalde que suaviza el sufrimiento de una supuesta violación. Entre tanta mierda, ambos andan en el mismo lodazal. Mientras tanto, este asunto ha demostrado que el problema no es sólo de género por ser hombres los hipotéticos violadores, sino que también es de clase por pertenecer a una zona marginada. Por lo que, todo no es el género.
Ineficiencias injustificadas en el sector público
La normativa española en un intento de mejorar la efectividad de sus recursos creó en su día la figura de los organismos autónomos contemplada en la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Una suerte de apéndices con funciones concretas de los que se espera una lógica distinta a la de la tradicional burocracia weberiana y que se rige por el principio de descentralización. Además, se inserta una lógica de tipo empresarial en la que se espera una mayor eficiencia en la gestión de sus recursos y una mayor productividad. El problema de la mayoría de los organismos autónomos es que la composición de sus gestores y mandos intermedios es política, estando dirigidos por cargos de confianza política y siendo en muchas ocasiones, una recompensa partidista por algún favor o un cementerio de elefantes.
Si en un organismo autónomo aparecen dos ofertas de contrato público para la comisión de un proyecto, existen varios criterios para su adjudicación en caso de que tengan una asignación presupuestaria reducida y un carácter urgente. En primer lugar, se puede optar por acudir a las personas que en un primer momento trabajaron en dicho proyecto y comunicándoles la oferta por orden de mérito descendente y en base a criterios técnicos. En segundo lugar, se pueden publicar dichas ofertas y resolverlas en un plazo de tiempo reducido en base al principio de publicidad. Ahora bien, ¿qué sucede si se opta por la primera opción, pero se obvian los criterios meritocráticos? No hay que decir que vulnerando ya de por sí el principio de publicidad, se gestiona la oferta de dichos contratos de forma personalista y arbitraria.
Pensemos que las dos plazas se conceden a personas por su afinidad personal, política y emotiva. En este caso, se espera un buen rendimiento porque ambas personas pueden trabajar a gusto, coordinar las salidas al café, se evitan discusiones sobre fútbol o religión o posiciones políticas en el lugar de trabajo y se crea un clima favorable para la amistad. ¿Pero este es el funcionamiento que debiera tener una Administración racionalizada? ¿O esto es más bien, una posición de favoritismo y discriminación hacia otros compañeros y compañeras, los cuales ni sabían que se habían adjudicada dichos contratos? En todo caso, se desvirtúan los principios y criterios que deben de regir el funcionamiento de los organismos autónomos, siendo cómplices tanto los gestores como los adjudicatarios y cayendo en el favoritismo. La creación de bolsas de empleo sería una solución sencilla y justa a esta connivencia entre contratante y contratado. Estas lagunas legales de la Administración son los que producen más que tristeza, frustración. Frustración por saber que personas que dicen defender la igualdad y la transparencia sólo defienden más de lo mismo. Nada nuevo bajo el Sol.
Malos días para la independencia
Las élites españolas (dirán las élites catalanas) han jugado sus cartas esta semana. En estos días, ha coincidido la cita de Mas con Rajoy en la Moncloa para exponer sus demandas soberanistas y a la par, ha saltado toda la trama de corrupción que había detrás de la familia Pujol. Una de las principales entre lo que es la actual élite político-económica catalana. Son dos hechos que pueden parecer aislados, pero que han coincidido en la agenda de los medios de comunicación.
Ya llevamos un año y medio prácticamente desde que el ejecutivo autonómico catalán alzase su bandera independendista. A lo largo de estos meses, si bien se ha demostrado una cuestión. Y es que, en cuanto a respeto de los principios democráticos y la corrupción política, la burguesía catalana no se diferencia mucho de la del resto de España. Por eso, que algunos teóricos duden de que el futurible Estado catalán sea una democracia y se parezca más bien a algunas de las dictaduras sicilianas de la Edad Antigua. Por otro lado, la visita de Mas ha quedado más bien en una serie de exigencias ante el Gobierno Central que ya se verá si tendrá en cuenta o no. Además, de que sí se avanzan en esas líneas, otras comunidades reclamarán lo mismo y se volverá a repetir el bucle de café para todos.
En segundo lugar, ya hacía unos meses que se seguía la pista de las supuestas faltas y delitos cometidos por los hijos de Pujol. Hasta que finalmente, se ha abierto la caja de Pandora y han salido a la luz todos los trapos sucios que había detrás de todos los integrantes de esta casa catalana. Por lo que, cabe preguntarse cómo afectará esto a la valoración que los mismos catalanes hacen de sus líderes. O si bien, será interpretado como un ataque contra el intento independentista. Si bien, lo que ha quedado claro para el resto del país, es que no hay plena separación de poderes entre lo ejecutivo y lo judicial y que los conflictos políticos se siguen dirimiendo a través de su judicalización.
Dialógica y democráticamente
Hablar. Sin discutir. Ésta es una de las grandes ventajas de la democracia. Si bien, no depende en exclusiva de las normas, la posibilidad de entablar una conversación respetuosa y lógica con otra persona donde sea posible sopesar los distintos puntos de vista de la realidad. Ya que, si algo se intenta garantizar con un sistema democrático es que las distintas visiones de la ciudad puedan convivir sin que ninguna dañe a la otra y tomando lo mejor de cada una de ellas.
Hace unos días, un servidor tuvo el placer de compartir una distendida tarde con una de nuestras compañeras de columna, Lola Gallego. Sobre lo divino y lo profano de la política, se pudo debatir bastante y sopesar distintas perspectivas. Éste probablemente sea uno de los ejemplos de lo que se ha hablado anteriormente. Desafortunadamente, personas con esta capacidad de miras y enfoques, haberlas pocas haylas y sería a bien tenerlas.
Independientemente de criterios de política partidista. De si se es de izquierdas o derechas, de si individualista o colectivista, u otras dicotomías plausible e ignorables en cuanto se trata de acceder al debate público. Es deseable como dice Descartes que nos liberemos de los prejuicios. Prejuicios que pueden llevar en muchas ocasiones al fanatismo y a los monstruos más oscuros que se oponen a las normas de lo que definimos como democracia.
Fanáticos
Malos días. Un mal día tuvo el placer (o la desgracia) de llevarse el arribafirmante con un miembro de la casta del PSOE este pasado fin de semana. Y es que, detrás de la fachada de lo que parecían ser unos dialogantes defensores del señor Madina en las primarias que tienen lugar ahora en el seno del partido, se encontraban unos fanáticos. Todo comenzó cuando alguien preguntó, en una reunión entre (ex)amigos, por el falso discurso de los brotes verdes que se había defendido en el anterior Gobierno de Zapatero. Esperando una respuesta racional y lógica, un miembro del PSOE de Alhaurín El Grande, cuyo nombre no voy a decir por respeto, respondió directamente con amenazas verbales y físicas. A lo que amablemente, el arribafirmante respondió con una retirada silenciosa y respetuosa.
Véase aquí un claro ejemplo de lo qué es un fanático. El fanático es un ejemplar bastante habitual. En cualquier partido, en cualquier grupo humano o colectivo se encuentra. Sus ideas son la única verdad, su fe es inquebrantable y reconocer un fallo sería sojuzgar su credo. Como cualquier religión extremista, cualquier idea que se fundamenta en la fe y en la razón no puede ser defendida dialógica ni discursivamente y sólo puede ser argumentada con gestos y no pocas veces, con violencia física. Sería recomendable en general para todos los partidos (que se dicen democráticos) que evitasen que estas personas estuviesen dentro de sus órganos, y a ser posible que participasen en la vida pública.
Y en particular, recomiendo a este señor, miembro respetado entre los socialista de Alhaurín El Grande, que se dedique a algo distinto a la política o que se someta a la correspondiente terapia psicológica. La obsesión y el fanatismo no son buenos compañeros de camino, ni mucho menos los queremos en una sociedad democrática como la nuestra que pide a gritos una regeneración. Mejor, por la seguridad de todos los ciudadanos quédese en su casa y alégrese de que se va a ahorrar la posible denuncia que podría haberle metido el arribafirmante por amenaza verbal y física.
Algo huele a podrido en España
Apenas queda nada para que “Juanca” o Juan Carlos I se jubile apaciblemente de su dura vida como monarca. En estos momentos, es cuando la institución de la carencia de responsabilidad política empieza a manifestar sus síntomas. O mejor dicho, la sintomática y errónea actitud de nuestro rey. Como enanos debajo de las setas, empiezan a aparecer una procesión de bastardos e hijos ilegítimos que requieren que se conozca a su verdadero padre. Cuestión esta baladí, más si estos aspirantes a usurpadores pretenden pillar algo de pastel financiero de la Casa Real que tan barata nos sale a los españoles y las españolas.
Sin embargo, no es eso quizá lo más grave de la actividad de nuestro monarca. Cacerías de paquidermos aparte y comisiones especiales a empresarios españoles son la punta del iceberg de lo que nuestra opinión pública tiene derecho a conocer. Para que no se haga memoria de la historia, ni la historia se escriba por parte de las élites ajenas al pueblo español, lo que quizá si debiera de aclararse es conocer realmente cuál fue la participación que tuvo Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23-F, en el que un grupo no muy reducido de militares insurrectos aspiraba a acabar con nuestra democracia parlamentaria.
Dicen las malas lenguas y los rumores -que a veces algo de verdad encierran- que el monarca participó como uno de los autores intelectuales del 23-F. De hecho, un reciente libro de Pilar Urbano así lo certifica, y es que, no estaría de más que algunos documentos clasificados probablemente en alguna oficina de nuestros servicios de inteligencia o en alguna institución opaca salieran a la luz para que pudiéramos juzgar con verdaderos criterios la labor de la monarquía en pos de la democracia. Pues, que quiere que le disga, una democracia no es la campechanía de su monarca ni sus correrías nocturnas entre Casas de Campo y féminas de la aristocracia. Si la institución no sirve o es contrario a nuestra democracia, que se deponga.
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Francisco Collado Campaña 