representatividad
Bye bye coaliciones
Los populares han presentado una nueva reforma del gobierno local en su programa. Entre las necesarias actualizaciones del sistema de hacienda local, y por tanto, de financiación de los entes municipales, Rajoy ha optado por ignorarlas y pasar a otro ámbito. En concreto, el cambio que se propone pasa por garantizar la gobernabilidad de los ayuntamientos, que al parecer -con ironía- tras las irrupciones de las nuevas formaciones en Barcelona, Cádiz, Madrid y Zaragoza entre otras han arrebatado la victoria de la lista más votada. Es y ha sido ésta una de las continuas proclamas del PP en infinidad de municipios donde son desbancados por coaliciones, generalmente de izquierdas, impidiendo que su lista -la más votada- gobierne en el momento de constitución de la corporación local.
La propuesta introduciría la obtención de la alcaldía para la lista más votada en las elecciones municipales y una segunda vuelta en determinados casos. Ciertamente, esta reforma garantiza la gobernabilidad, especialmente en aquellos casos donde los triunviratos han producido dinámicas perturbadoras. En este intento por continuar en una dinámica bipartidista en los ayuntamientos se encuentra el discurso muy presente en los alcaldes populares de las “mayorías de perdedores”. Al referirse a las distintas conjunciones entre PSOE, IU y partidos regionalistas de distinta índole que durante muchas décadas impidieron a los líderes populares gobernar en los consistorios.
Sin embargo, la contraparte de este cambio implica un intento del PP por garantizar el control de los municipios en el actual contexto de multipartidismo presente en todos los niveles de gobierno, en breve en el nacional. Por lo que, debería observarse este debate cómo si lo deseable es la gobernabilidad de los consistorios o la representatividad en el ejecutivo local. Ya que es una práctica de control de las decisiones democráticas y modificación a partir de criterios hipotéticamente técnicos como el “gerrymandering” en Estados Unidos. De aquí, las considerables dosis maquiavélicas que se esconden tras el velo de la “gobernabilidad” de los ayuntamientos, las cuales deben ser puestas en entredicho.
Rivera e Iglesias juegan al ajedrez
La “política del consenso” era un espécimen único en su especie en la España democrática. Gunther, Maravall, Bernecker y Maihold, entre otros, han advertido la evolución de la política del pacto a la crispación. La crispación ha sido durante mucho tiempo el monopolio del bipartidismo, ya que todo se resumía en una conversación teatralizada -hasta cierto punto- entre dos adversarios. Tras las últimas elecciones municipales, se ha terminado la función y los nuevos actores han entrado en escenas. No obstante, siguen existiendo reticencias al pacto, como algunos alcaldes populares que han dicho que seguirán en sus cargos en funciones hasta que los expulsen como tales, o Susana Díaz que se niega a acabar con la corrupción entre los socialistas sevillanos.
Aunque se baraja la hipótesis de que Podemos y Ciudadanos son una nueva generación del bipartidismo: una opción de izquierda y otra de derecha, el contexto es bien distinto. Primero porque si se acepta dicho bipartidismo, actualmente conviven dos, pero atravesados por un anclaje de “vieja” y “nueva política”, o “casta” y el “pueblo”. Segundo, en la práctica ambos partidos tienen capacidad de negociación con cualquiera de los demás, a excepción de las reticencias de las agrupaciones de electorales de Iglesias a sentarse con los populares. Tercero, las listas de ambos partidos han entrado en el gobierno en las grandes ciudades -como Madrid y Barcelona- o si no, se han erigido como “gatekeerpers” para permitir el gobierno de otros -como el caso de Valencia, Sevilla y Málaga-, eliminando el control férreo que socialistas y populares mantenían sobre sus tradicionales feudos.
Si algo han demostrado Ciudadanos y Podemos en que son partidos de eminente implantación urbana. De hecho, una observación generalizada a los municipios rurales menores de 50.000 habitantes demuestra como PP y PSOE mantienen el control en comarcas y pueblos que por factores económicos y sociológicos han convertido en bastiones. Esto hace que se haya creado una brecha de mayor representatividad democrática entre los municipios urbanos y los rurales. Volviendo al ámbito autonómico, el PSOE sigue empecinado en su idea de “gobernar para la mayoría”, mientras las minorías -que parece que no representan a nadie según Díaz- exigen la dimisión de Cháves y Griñán. Ahí es donde realmente, Podemos y Ciudadanos están jugando sus cartas como promotores de la renovación de líderes y caras entre los dos clásicos. Lo que nunca nadie hubiera imaginado que se hubiese hecho gracias a iniciativas democráticas internas de PP y PSOE, se está acometiendo a través del chantaje político externo. Esto demuestra, que al menos a nivel de discurso, Rivera e Iglesias suponen un revulsivo de democracia y limpieza política.
El mérito representativo frente a la pluralidad territorial
Hace unos días, las respectivas ejecutivas del PP y PSOE malagueño han coincidido en una postura ante el nuevo gobierno del Susanato. Y es que, más de la mitad de los cargos ejecutivos de la Administración autonómica están ocupados por hombres y mujeres nacidos o residentes en la capital. Desde ambos partidos en su filial malacitana, han hecho un llamamiento a la presencia de personas que representen la pluralidad del territorio andaluz frente a la tendencia que ha venido siendo la mayoritaria en los últimos años.
Esta falta de pluralidad territorial –aún siendo una denuncia de la rivalidad entre las dos metrópolis andaluzas- tendría como objetivo mantener representados los distintos intereses y sensibilidades de la comunidad autónoma. Así, surge la pregunta de si acaso los intereses de la ciudad hispalense no están sobredimensionados en el gobierno de San Telmo. No obstante, esta proclama colisiona contra otros mecanismos que determinan el proceso de selección de los miembros del poder ejecutivo, y uno de ellos es innegablemente el mérito.
La cuestión sobre el mérito o la idoneidad de una persona por sus características sociales, psicológicas y profesionales para dirigir una consejería puede poner en duda esta primacía de la pluralidad territorial. ¿Es preferible tener una presencia heterogénea de las distintas provincias y comarcas en el Gobierno autonómico o es mejor optar los más capacitados? La apuesta por el criterio profesional lleva a olvidar que nuestros políticos aportan una dirección política, es decir, ideológica, pero no pueden sustituir la dirección técnica que queda en manos de los funcionarios. Cabe plantear si esa llamada a la tecnocracia puede ocultar un hipotético interés por mantener la sobrerrepresentación sevillana en estos órganos de poder.
Este debate sobre la pluralidad territorial tampoco debiera equipararse a la paridad de los géneros. No es lo mismo intentar corregir la ausencia de las mujeres de los cargos de responsabilidad que la ausencia de amplias capas de población dispersas a lo largo de la comunidad autónoma. El Susanato que sigue siendo otra suerte de sevillanato demuestra un conflicto oculto y son aquellos que mantienen las ejecutivas provinciales de los dos grandes partidos en relación con su ejecutiva autonómica. Y aquí, la batalla independientemente del color se sigue celebrando a orillas del Guadalquivir.
Francisco Collado Campaña 