El cuento de Bankia
Los “pro-hombres” se han convertids en ranas. A la inversa de los cuentos para infantes. Los ex ministros populares, Rato y Acebes; el antiguo presidente de la Confederación de Empresarios y el archifamoso MAFO convertido en testigo. Ellos junto a otra miríada de consejeros del PSOE e IU son los protagonistas de la tragedia de la antigua Caja Madrid. Un drama que nada tiene para ellos, actores de la chanza financiera, pero que mucho afecta a los engañados por este fraude. Entre imputados y disgustados anda la cosa.
Se cuenta que los miembros del consejo de Administración de Bankia iban a veces y otras se quedaban a medio camino. Lo que incluía sus dietas tanto si se perdían como si llegaban. Y así, el cuento del nunca acabar porque parece imposible que terminasen una reunión con alguna conclusión en claro o en consenso entre todos ante la ausencia del quórum.
La cuestión en nuestro país no es la clase política en esta desfachatez bancaria. El problema real está en determinados políticos que una vez finalizado el trayecto pasan a la empresa privada o a la banca. Y así, cambian la profesión de político por la de tecnócrata, o mejor dicho de lobbista, puesto que una vez en el mercado, los contactos con las altas esferas y la capacidad de influencia se convierten en una mejor carta de presentación que el currículum vitae.
Por lo tanto, si pretendemos seguir en una economía de mercado, para volver a evitar viejos errores sería recomendable adoptar algunas medidas. Limitar no sólo la pensión de los políticos, sino también su ejercicio profesional posterior a la labor representativa. Algunos dirán que se atenta contra la libertad de un sujeto, pero su competencia monopolística en el ámbito de la influencia bien atenta contra la igualdad de otras personas que también tienen derechos y pudieran estar mucho mejor capacitadas.
Francisco Collado Campaña 
julio 5, 2012 en 10:03 pm
En teoría parece fácil no hay más que hacer un anexo en la ley de incompatibilidades de la función pública para que les afecte a cargos políticos por un plazo determinado tras su cese o hacer incompatible la pensión con otro trabajo remunerado no creo que haya que cambiar ley alguna, solo voluntad política.
Por otro lado no veo a este gobierno haciendo esto ni un cuarto de esto, para contentar a los funcionarios antes de los recortazos están prometiendo una flexibilización de dicha ley. Llevo siguiendo el blog algún tiempo pero creo que es la primera vez que opino aquí. Hola en cualquier caso.