vivienda
Una investigación revela que la ciudad de Málaga tiene carencias pendientes en materia de sostenibilidad como el proceso de expulsión de la población autóctona
Francisco Collado y Daniel Lara, profesores de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, han publicado el capítulo «¿Es posible aplicar el modelo de la ciudad mutualista en Málaga? Oportunidades y riesgos en un área metropolitana emergente» en el libro Gobernanza ética y desarrollo sostenible: un enfoque plural para la Administración Pública coordinado por Gonzalo Pardo y María Ángeles Abellán, docentes de la Universidad de Valencia, en la editorial La Catarata. Esta investigación somete la ciudad de Málaga al escrutinio de seis indicadores (sociedad cohesionada, agua reciclada, energía liviana, uso óptimo del suelo, coexistencia simbiótica de la vida y aire saludable) procedentes del modelo de la ciudad mutualista. Como resultado del análisis, se observa que la gestión municipal ha dado un especial énfasis a las transformaciones y el desarrollo económico, pero no ha atendido las prioridades derivadas de ese crecimiento en el ámbito cívico, social, energético y atmosférico necesarias para producir una adecuada convergencia con dicha bonanza económica. De esta forma, los efectos indirectos del desarrollo económico de la ciudad liderado desde el consistorio municipal han implicado costes negativos para los habitantes de la ciudad, entre ellos el proceso de despoblamiento de población nativa (1.600 habitantes aproximadamente) y su reposición por población foránea (2.600 personas aproximadamente) con mayor capacidad adquisitiva a raíz del incremento del precio de la vivienda.
Salida a los deshaucios
Personas que abandonan sus viviendas. O bien que sus casas las abandonan, o que pierden la batalla hipotecaria. Fuerzas de seguridad que protegen el derecho a la propiedad individual, pero que en realidad cuidan de la propiedad bancaria y finalmente, la calle o el suicidio. Esta es la teoría de juegos que explica la tragedia que vive una gran parte de la sociedad española. De lejos, se oyen las críticas de algunos que consideran que durante los últimos años se ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Cierto, gentes que compraron segunda casa en Marbella y Benidorm, pero que nadie olvide a toda una generación que hace una década tuvo que comprometerse a pagar una hipoteca de treinta o cuarenta años, ganando un sueldo mileurista; ni de los jubilados que avalaron a sus hijos y los acompañan en el.
De esta combinación de jóvenes que pierden su empleo y el predominio de los bancos en esta tragedia nace el drama diario. La cuestión ahora, a parte de escuchar a neoliberales y meapilas que dicen que hemos vivido más de lo que ganábamos, es buscar una solución a este problema. Por un lado, se puede barajar la posibilidad de la dación en pago, es decir, entregar la casa ante la imposibilidad de seguir costeando la hipoteca por parte del inquilino. Sin embargo, esta alternativa es débil, ya que el ciudadano pierde su casa y el dinero que ha invertido en ella. Algo similar sucede con la opción del alquiler. Desde muchas tribunas se afirma que el alquiler es más habitual que la compra en propiedad en la Europa continental. O dicho de otra forma, la posesión de una vivienda es un derecho reservado a los más pudientes. Tampoco es lo más óptimo. El individuo debería tener derecho a tener su propia casa para garantizar un mínimo de bienestar, que no sea algo que no esté al acceso de las clases medias y populares.
Por tanto, una solución interesante sería expandir constitucionalmente el derecho a la vivienda e incluirlo entre los fundamentales. De esta forma, podríamos aproximarnos al modelo alemán. Además, sería necesario corregir esta tendencia de la policía a cuidar más por la propiedad de los bancos que de las personas. Los bancos son una parte importante del sistema. De acuerdo, pero deben estar al servicio de los ciudadanos, y si no, ponerlos legislativamente a su colaboración y no convertirse en lo que son: mercenarios financieros.
Francisco Collado Campaña 