derecho constitucional
Francisco Collado es nombrado Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga
Francisco Collado, ha presentado exitosamente su candidatura a una plaza de Profesor Titular de Universidad de Ciencia Política en la Universidad de Málaga el pasado 6 de junio. El Catedrático de Derecho Constitucional, Ángel Rodríguez Vergara (UMA) como presidente; y los profesores Rafel Durán (UMA) como secretario, e Inmaculada Szmolka (UGR), Irene Belmonte (UMH) y Guillem Colom (UPO) de Ciencia Política como vocales, formaron el tribunal que presidió esta oposición pública. Collado presentó su currículum vitae normalizado (CVN) según la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y un proyecto de investigación consistente en un estudio comparado de sistemas de gobierno local en Europa en la primera sesión; y su proyecto docente basado en la asignatura de Ciencia Política del Grado en Derecho que lleva impartiendo cinco años en la universidad malagueña y las reflexiones disciplinares de la Ciencia Política en Málaga en la segunda prueba.
Finalmente, el tribunal de esta oposición aprobó por unanimidad la candidatura de Francisco Collado Campaña como nuevo Profesor Titular del Área de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Adicionalmente, la Universidad de Málaga ha reconocido su primer quinquenio docente y la ANECA ha valorado positivamente su primer sexenio de investigación un mes después de esta oposición.
La injusta justicia
El flamante Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, sale a la palestra con una novedosa reforma. El otrora defensor del centro-derecha y de los tímidos liberales demócratas del Partido Popular, hace gala de un nuevo sistema tarifario para que los ciudadanos puedan disfrurtar de la supuesta igualdad ante la ley. Para ello, apoya su nueva tesis en el argumento de la reducción del gasto fiscal y evitar que los pobres gasten su dinero en un proceso destinado a perder.
Hace ya unos años, el PSOE padeció una manifestación por las reclamaciones de los servicios de los tribunales. Y en los que, los funcionarios expresaban las quejas y deficiencias de material y personal que sufren los juzgados españoles. Con la llegada de la crisis y el gobierno popular, se ha combinado la difícil situación del personal judicial con un afán recaudatorio draconiano. Lo que revierte no ya en mejorar el trabajo de los empleados públicos, sino en destruir un derecho constitucional como la defensa frente a un tribunal.
En el presente contexto, la introducción de una tarifa judicial se realizaría en todos los órdenes, tanto el administrativo como el civil, pasando por el laboral. Durante muchas décadas, desde los conservadores canovistas hasta los gobiernos de izquierdas habían amparado la defensa de los trabajadores frente al empresario en una relación bilateral siempre dominado por este último. Por lo que, sería muy difícil que un empleado despedido y con escasos recursos pudiese ganar un despido improcedente o denunciar un caso de acoso laboral. También, se daría más luz verde a los corruptos ante el coste que tendría denunciarles frente a un tribunal.
Este cambio que Gallardón pretende imponer va más allá de una violación de un derecho constitucional o del afán depredador de los conservadores. Esta supuesta tarifa judicial convierte a España en un país propio del Antiguo Régimen o de la Edad Media, donde la justicia ya no se imparte de forma justa, sino que es efectuada por unos tribunales lentos, pobres y con un afán mercenario. Porque al final, la justicia pierde su carácter de servicio público para convertirse en un campo para picapleitos y carnívoros.
Francisco Collado Campaña 